La Audiencia de Huelva ordena reabrir una investigación sobre una niña robada

La Audiencia Provincial de Huelva ha ordenado reabrir la investigación del caso de una niña supuestamente robada en 1968 en el hospital Manuel Lois de la capital onubense. El auto judicial sostiene que “no cabe descartar que la niña haya sido entregada a persona distinta de sus padres, a los que se hizo creer falsamente que había muerto al poco tiempo de haber nacido”. Y agrega que “tampoco es inverosímil que se hubiera montado una apariencia de enterramiento sin cadáver” o que se hubiese inhumado a otra bebé diferente.

La decisión, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Fernández Entralgo, presidente de la Audiencia, revoca íntegramente el auto de archivo decretado el 12 de diciembre de 2011 por el juzgado de instrucción número de 2 de Huelva.

Es posible “que la
niña fuese entregada
a persona distinta
a sus padres”

La niña supuestamente robada es una hermana de Esperanza Ornedo Mulero, de 40 años, presidenta de la asociación SOS Bebés Robados de Huelva. Su madre alumbró a su primogénita el 23 de marzo de 1968. “Mi madre dio a luz, sola, en una camilla. Vino una enfermera y la metió en un cuarto vacío. Esa mujer se llevó a la niña y volvió al cabo de un rato sin ella”, dice Esperanza. “Mi madre siempre ha dicho que era una criatura sana, grande y hermosa”, agrega.

Horas más tarde llegó “un hombre que jamás se identificó” y le contó al matrimonio Ornedo que la niña había muerto. Sin más explicaciones. Ni siquiera permitieron al padre que se hiciera cargo del cadáver. Únicamente le enseñaron un “paquete de vendas” y le impidieron que lo tocara, argumentando que “a la niña se le iba a estropear la carita”.

La resolución judicial es “muy importante”, opina el abogado Orta

“Mi padre quiso enterrarla, pero se lo impidieron. Le comunicaron que la chiquilla sería enterrada a los pies de otra persona que había fallecido ese mismo día”, recuerda Esperanza. Ella decidió presentar denuncia cuando empezó a hacer averiguaciones y comprobó que el caso estaba plagado de aspectos inexplicables e incomprensibles.

Entre esos aspectos sospechosos destaca que un médico certificara que había atendido en el parto a la madre de Esperanza —cuando en realidad parió sola— y que esta había alumbrado un feto de seis meses, cuando lo cierto es que pasó nueve meses de embarazo y el bebé llegó a término sin complicaciones.

Esperanza Ornedo ha rastreado el asunto por su cuenta y ha descubierto que en el cementerio de Huelva no aparece registrado el enterramiento de su hermana.

Sin embargo, el juzgado de instrucción número 2 decidió archivar el caso en diciembre de 2011 al considerarlo prescrito. Lo hizo sin tomar declaración al matrimonio Ornedo ni a los tres médicos que estamparon su rúbrica en los diferentes documentos que ya obran en las actuaciones judiciales. “Parece útil localizarlos y recibirles declaración”, señala ahora el auto de la Audiencia de Huelva, que resuelve así un recurso presentado por el propio fiscal.

El magistrado considera que hay suficientes indicios como para pensar en la posibilidad de que la recién nacida fuera entregada a otras personas diferentes de sus padres biológicos. Y, si eso fue así, que los autores del hecho habrían tratado de “encubrirlo mediante el libramiento de distintos documentos y certificaciones falsos”. El abogado José Luis Orta, que se ocupa de la defensa de Ornedo, considera que esta resolución es “muy importante” porque fija unos criterios muy claros sobre cómo deben actuar los juzgados de Huelva.

La asociación SOS Bebés Robados tiene conocimiento hasta ahora de 100 casos de presuntos niños robados, muchos de ellos ocurridos en el hospital Manuel Lois. Pero por el momento sólo 60 familias han cursado las correspondientes denuncias ante la fiscalía.

La decisión adoptada por los magistrados Jesús Fernández Entralgo, Santiago García García y Francisco Bellido Soria ha dado muchos ánimos a la presidenta de SOS Bebés Robados y a las familias afectadas en esta provincia. Entre las iniciativas que tienen en marcha está una solicitud para que la justicia ordene abrir la fosa común del cementerio donde supuestamente fueron enterrados la mayoría de los niños. Lo problemático es que en esta fosa hay entre 6.000 y 7.000 cadáveres, muchos de ellos de víctimas de la Guerra Civil.