El decreto de ajuste permite el copago de fármacos hospitalarios

Los hospitales podrán cobrar por los medicamentos que dispensan a pacientes para que los tomen en su casa. Al menos, así se desprende de su artículo 94 bis, de “aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria”. En este afirma que “se entiende por prestación farmacéutica ambulatoria la que se dispensa al paciente a través de oficina o servicio de farmacia”.

 Es la última parte de este redactado lo que ha causado inquietud en distintos foros, como los de personas con VIH. La medicación (unos 8.000 euros al año el tratamiento más sencillo) la recogen hasta ahora gratis los afectados en los hospitales. Si tuvieran que realizar alguna aportación (el copago), una persona en activo podría tener que abonar el 50%, unos 4.000 euros al año.

Un tratamiento contra el VIH puede costar 8.000 euros al año

Al menos, eso se desprende de cómo está escrito. Porque la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, insiste en que no va a ser así. “Esto sería de aplicación para los medicamentos que tienen cupón precinto”, el cartoncito que los farmacéuticos recortan de los medicamentos dispensados con receta en las oficinas. Otra posibilidad es que se cobre un copago por los fármacos que se dan en las comunidades que tienen prestación farmacéutica en los ambulatorios, como cuando se repartía en ellos el Tamiflu, indica una portavoz del ministerio.

El caso es confuso. El presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, José Luis Poveda, cree que “habrá que aclararlo”. Él cree que la norma se refiere a los medicamentos que en algunas comunidades se pueden conseguir en farmacias, y que otras han derivado a los servicios de los hospitales. Pone, por ejemplo, dos antitumorales, el Glivec y el Temodal. “Si se dispensa en el hospital, no se pagará”, aventura. Y no es poca cosa. El Glivec cuesta 1.289,75 euros.

Para el PSOE, la cosa no está tan clara. José Martínez Olmos, exsecretario general de Sanidad en todos los Gobiernos de Zapatero, insiste en que el real decreto, tal y como está escrito, deja abierta la puerta a un copago que haría imposible que muchas personas siguieran el tratamiento. “Si no es lo que pretende el ministerio, es una prueba más de la chapuza de cómo está redactada la norma”, insiste. “Hay que dar seguridad jurídica”.

También la consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero (PSOE), cree que el decreto, tal y como ha sido publicado, permite ese copago.