¿Ciudadanos o asegurados?

Los que están en contra del estado de bienestar nunca desaprovechan una buena crisis”. Naomi Klein. The shock doctrine: the rise of disaster capitalism. 2008.

La semana pasada el Gobierno hizo pública la norma que regula las medidas destinadas a garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (Real Decreto-Ley 16/2012). Al margen de sus implicaciones en cuanto a recortes y limitación de derechos, esta introduce un cambio sustancial en los fundamentos de nuestro sistema sanitario: la sustitución del “ciudadano” por “el asegurado” (en genérico), en cuanto a sujeto con derecho a la asistencia sanitaria. ¿Era necesario semejante cambio para ejecutar las medidas de ahorro? No lo parece. Y como es difícil suponer que los inteligentes ministros del gobierno hayan cometido la torpeza de realizar tal sustitución simplemente por error, no es aventurado pensar que dicha modificación sustancial pueda ser el primero de una serie de cambios en el sistema nacional de salud de mayor trascendencia.

En este sentido, llama la atención la escasa atención de los medios de comunicación españoles al proceso de reforma sanitaria realizado recientemente en Reino Unido, cuyo sistema sanitario ha sido una referencia en materia de organización para nuestro propio sistema. Hace un par de meses se produjo la aprobación de la norma básica que regula la reforma en el servicio nacional de salud británico (NHS) promovida por el gobierno conservador de David Cameron (The Health and Social Care Bill) y que supone el primer paso para el desmantelamiento del NHS, modelo de referencia para las política orientadas a establecer o mantener Estados (que no sociedades) de bienestar. El sistema nacional de salud británico se creó en 1946, al acabar la II Guerra Mundial, con el objetivo de garantizar la protección financiera de los británicos en el caso de enfermedad grave y costosa. Sus principios eran muy claros: servicios financiados a través de impuestos, gratuitos en el momento de la prestación, integrales en el rango de los mismos y orientados a mejorar la equidad en el conjunto del sistema. Valores similares también reorientaron la transformación del sistema español reflejada en la Ley General de Sanidad de 1986, así como en normas posteriores del mismo rango ( Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, y Ley General de Salud Pública de 2011). Dichas normas dieron el soporte legal a la transformación de un sistema financiado a través de las cotizaciones de los afiliados a la seguridad social (de origen en la dictadura), hacia un sistema nacional de salud financiado a través de impuestos, en el que el derecho a la prestación lo determinaba el hecho de ser español o extranjero residente en el territorio español.

David Cameron ya inició en Reino Unido un camino parecido al de las autoridades españolas

La aprobación de la reforma Cameron en Reino Unido implica la renuncia del Gobierno británico a su antiguo deber de garantizar la prestación de atención sanitaria integral al conjunto de la población inglesa, introduciendo un mercado “a la americana” que permita la competencia entre proveedores privados. En palabras del profesor Alex Scott-Samuel de la Universidad de Liverpool, en el periódico inglés The Guardian, el NHS pasaría a ser simplemente un “presupuesto” financiado públicamente, y destinado a subcontratar intervenciones sanitarias realizadas por compañías privadas sujetas a las leyes europeas de la competencia. Algo muy en la línea, por cierto, de las recomendaciones del Banco Mundial o de las agencias de rating que acaban de degradar de nuevo a España.

Un prestigioso grupo de investigación en sistemas sanitarios ( Reynolds, Lister, Soctt-Samuel y McKee, de la London School of Hygiene &Tropical Medicine y de las universidades de Coventry y Liverpool), publicó el año pasado un interesante trabajo sobre el proceso de reforma en Reino Unido ( Liberating NHS:source and destination of the Lansley reform). En este describen en detalle la estrategia de erosión de los sistemas sanitarios públicos desde los centros de pensamiento conservadores. Uno de sus miembros más influyentes, Oliver Letwin, actual miembro del gobierno británico de Cameron, escribió en 1988 un libro de elocuente título: Privatizar el mundo: teoría y práctica de la privatización internacional, que incluía incluso una guía de 10 páginas para “privatizar bienes públicos en contra de los intereses del electorado”. Entre sus recomendaciones se incluye expresamente utilizar la táctica de la “desinformación”, practicada a través de la justificación de la necesidad de establecer reformas y recortes como medio imprescindible para mejorar los elevados costes del sistema y los deficientes resultados del mismo. Argumentos sin fundamento científico, pero profusamente utilizados (también en España).

Los citados investigadores británicos definían la reforma de Cameron como el tránsito de un modelo financiado por impuestos y basado en los principios de solidaridad (entre ricos y pobres, jóvenes y viejos) hacia un modelo de influencia americana de aseguramiento individual, con acceso a la atención en función de las condiciones del aseguramiento, una hoja de ruta muy similar a la que parece establecer el Real Decreto Ley español. Otro brillante médico general británico, Julian Tudor Hart escribía hace unos años: Lla comercialización de los servicios públicos es un proceso de carácter mundial”. Parece que también a nosotros nos llegó la hora.

Sergio Minué Lorenzo y  José Francisco García Gutiérrez son profesores de la Escuela Andaluza de Salud Pública