Sindicatos y patronal se unen para pedir la implantación de la Ley de Dependencia

Sindicatos y patronal, una imagen insólita, se han reunido hoy para hacer una cerrada defensa de la Ley de Dependencia y exigir al Gobierno y las comunidades que apliquen dicha ley, paralizada durante meses. El sistema de la dependencia, han reclamado, debe quedar fuera de los recortes que se vienen produciendo, porque es un sector que contribuye como ninguno a la generación de empleo y que aporta unos retornos a la Administración pública inmediatos. La crisis, afirman en un manifiesto firmado conjuntamente, “no puede ser una excusa para echar abajo un derecho de ciudadanía conquistado”.

Pero las cosas no están yendo por ese camino. La crisis se ha llevado ya 283 millones en los Presupuestos Generales del Estado para Dependencia, lo que constituye un ahogo para las comunidades autónomas, algunas de las cuales ya venían aplicando medidas restrictivas muy drásticas, como Castilla-La Mancha, que mantiene una guerra abierta con la patronal de los geriátricos por el precio de las camas, entre otras cosas, y con los dependientes, a quienes se ha adeudado sus ayudas durante meses, cuando era una de las regiones con un mayor desarrollo de la ley, que tenía, además, “un interesante programa de estancias temporales en las residencias”, han explicado.

El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Alberto Echevarría, ha recordado que la patronal es acreedora de 1.500 millones de euros, 600 de los cuales los adeudan las comunidades autónomas y el resto, 900, los Ayuntamientos. Asimismo, ha señalado que solo el 26% de los dependientes reciben asistencia en geriátricos, “una atención profesional y continua que debería extenderse al resto de las personas con este nivel de gravedad”.

La enorme “desviación” de la ley hacia los cuidados prestados por los familiares ha sido uno de los asuntos más repetidos, porque más del 50% de las ayudas concedidas son de este tipo, lo que no está de acuerdo con el espíritu de la ley e impide el desarrollo de un sector económico que tiene demanda. La dependencia ha generado alrededor de 200.000 puestos de trabajo en los cinco años que lleva en vigor, pero podrían haber sido el doble, tal y como se preveía en un principio, si se hubieran concedido servicios profesionales, como ayuda a domicilio y plazas en residencias, algo que ha ocurrido en mucha menor medida que las ayudas económicas que se han dado. “Generamos empleo de calidad, no deslocalizable, que reporta riqueza para paliar el déficit de forma inmediata y que impulsa a otros sectores como la construcción o los equipamientos”, ha subrayado Echevarría.

El manifiesto que todos suscriben hace hincapié en la “necesaria colaboración con la iniciativa privada (incluyendo a las ONG y la economía social) porque no habrá recursos públicos suficientes para cubrir las necesidades asistenciales debidas al rápido envejecimiento de la población española”. “Los más débiles no pueden cargar con los recortes de la crisis”, han señalado.

El representante de CC OO en la reunión, secretario general de la Federación de Sanidad, Antonio Cabrera, ha recordado el esfuerzo que han hecho los trabajadores del sector para ajustar sus salarios y las inversiones de la patronal durante estos años ante la perspectiva de la extensión de la ley. “Hemos hecho un gran esfuerzo para formar a estos trabajadores, el 90% mujeres, y también los empresarios ya hemos hecho nuestros deberes; ahora la Administración tiene que aplicar la ley, ni siquiera pedimos un impulso adicional, basta con que se aplique correctamente, es una ley que genera riqueza”.

Para su colega en UGT, Pilar Navarro, lo necesario, y así lo recoge el manifiesto conjunto, es “un marco estable de financiación, sostenible, y que las administraciones regional y central dejen de hacerse trampas unas a otras”.

Antonio Molina, representante del tercer sector (ONG) ha llamado a la movilización, al apoyo social, porque, a su juicio, está en juego un derecho de ciudadanía, el que tienen todos los dependientes por el hecho de serlo, como existe el derecho a la educación, la sanidad y las pensiones. “Esta ley marcó un punto de inflexión, ahora ya no se trata de atender a la gente si se tiene dinero, sino porque es su derecho”, ha dicho.

Por último, Jorge Guarner, presidente de la patronal AESTE, ha insistido en que esta no es una ley de subsidios sino de servicios profesionales con los que debe atenderse a los dependientes. “Por eso necesitamos un marco económico definido a largo plazo con el que estén de acuerdo los grandes grupos políticos y que nos permita hacer las inversiones precisas”. Guarner, así como Cabrera, de CC OO, han manifestado la urgencia de que el sistema de prestaciones sociales se coordine con el sanitario para lograr una mayor eficiencia debido al ahorro que supondría con los enfermos crónicos y la mayor calidad en su atención continua.