Razonable, pero de difícil gestión

El Gobierno acaba de anunciar la introducción de un copago farmacéutico en función de la renta. En primer lugar, cabe señalar que el copago farmacéutico ya existe en España, pero es en función de la edad y no en función de la renta. Por tanto el sistema no respeta el principio de equidad, al no vincular las exenciones al nivel de renta de los pacientes. Además, la exención total de los jubilados no fomenta la corresponsabilidad en la utilización de los medicamentos. ¿Tiene esto algún sentido? ¿Tiene sentido que un jubilado que cobra la pensión máxima no pague nada mientras que un desempleado sin prestación tenga que pagar el 40%?

Desde nuestro punto de vista, se trata de una medida razonable que no solo mejora la equidad y ayuda a corregir el abuso en el consumo de medicamentos, sino también reducirá el gasto corriente de forma estructural en las comunidades autónomas sin perjudicar la calidad del servicio. Basta recordar que los pensionistas suponen cerca del 80% del gasto en recetas, que en 2011 fue de 11.136 millones de euros (1,1% del PIB). No obstante, para garantizar la equidad la nueva estructura debe garantizar que el copago máximo que paga un ciudadano no supere un determinado nivel de su renta disponible y dejar exentos a enfermos crónicos.

Según nuestras estimaciones (y sin tener en cuenta la letra pequeña) esta medida va suponer cerca de 2.000 millones de euros de ahorro anual para las comunidades autónomas. Este ahorro se reparte a partes iguales entre la vía directa y la vía inducida debida a que aumenta la corresponsabilidad en la utilización de los medicamentos reduciéndose la demanda. Alguien pensará que es un ahorro pequeño. Bueno, con estos 2.000 millones al año nos podíamos haber ahorrado la reducción de 1.300 millones de caída en la I+D civil y los 530 millones de la reducción en la educación. No obstante la medida tiene un inconveniente en su implementación si tenemos en cuenta la letra pequeña. El hecho de introducir una devolución para aquellos pensionistas que se gasten más de 10 euros mensuales durante 3 meses seguidos puede desatar comportamientos perversos (el pensionista medio va a pagar 8 euros mensuales) y puede suponer problemas serios desde el punto de vista de gestión dado que estamos hablando de casi 700 millones de recetas en el tramo de pensionistas.

José Ignacio Conde-Ruiz y Juan F. Rubio-Ramírez son economistas de Fedea.