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Andalucía, País Vasco y Canarias rechazan la medida

Las comunidades con gobiernos socialistas creen injusto el plan porque hace caer sobre los pensionistas y los trabajadores el impacto de la crisis

Las reacciones al acuerdo alcanzado hoy por el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas que establece que los jubilados pagarán el 10% de los medicamentos y los activos el 50%, en lugar del 40%, no se han hecho esperar. La consejera andaluza de Sanidad, María Jesús Montero, ha criticado a la salida del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que el coste de la puesta en marcha de las medidas acordadas hoy "puede ser muy elevado", habida cuenta de que hay que modificar las tarjetas sanitarias para saber qué renta tiene cada cual. "Sin tener en cuenta otras consideraciones de intimidad", ha añadido. Para Montero este es un modelo injusto, "que castiga más a las personas enfermas, que no han sido culpables de esta crisis". El impacto de estas medidas vuelve a recaer "en los bolsillos de los pensionistas y en las rentas de trabajo".

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El consejero vasco, Rafael Bengoa, ha reconocido que es necesario hacer cambios para garantizar la sostenibilidad del sistema, pero ha señalado que su Gobierno no coincide con el aumento de lo que habrá que abonar por los medicamentos y no le parece que sea la solución a "los grandes retos del sistema sanitario". Si bien ha precisado que está de acuerdo con otras medidas como la adaptación de la directiva comunitaria sobre turismo europeo y acabar con el turismo sanitario, o la ampliación de los genéricos.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, de Coalición Canaria, advertía ya antes de la reunión de que acudía con un "firme posicionamiento de un no". "Hay medidas que aplicar antes de recurrir al copago, como el hecho de que en el archipiélago se haya logrado reducir el gasto farmacéutico con otras iniciativas en los dos últimos años”. Además, ha insistido en que, a la hora de buscar formas de reducir el gasto sanitario, "hay que acudir al consenso y estudiar otros métodos que, seguramente, pueden producir un ahorro importante" sin tener que aplicar el copago. No obstante, sí ha gustado al gobierno canario la propuesta de aumentar el control del turismo sanitario. El presidente, Paulino Rivero, ha declarado que le parece "bien". "No podemos permitirnos lujos en estos momentos. Sin duda, que gente de fuera se beneficie de la sanidad española sin compensación económica me parece que debe corregirse", ha dicho.

El coordinador de IU, Cayo Lara, ha sido más contundente en sus críticas. Ha afirmado que el copago farmacéutico anunciado hoy por la ministra de Sanidad, Ana Mato, es un "atentado" contra los pensionistas. Lara no ve necesario el copago sanitario en tanto que considera que hay margen para aumentar los impuestos a los más pudientes. En una comparecencia en el Congreso, el líder de IU ha señalado que lo que él califica como "repago" sanitario -puesto que la sanidad ya se sufraga vía impuestos-, "viola" el compromiso del PP con la ciudadanía, que reiteradamente, según ha dicho, había asegurado que la sanidad no iba a tocarse.

El consejero de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz, ha avanzado que analizará el impacto de las medidas propuestas por Sanidad antes de decidir si Cataluña elimina el pago de un euro por receta. No obstante, ha dicho que aumentar el porcentaje que pagan los ciudadanos por cada receta es "insuficiente" para asegurar la viabilidad del sistema sanitario, por lo que ha conminado al Gobierno a realizar más reformas. Pero niega que Cataluña deba aplicar nuevos recortes, después de los sacrificios asumidos el último año y medio con respecto a los sueldos, puestos de trabajo y recorte de la actividad no urgente. El consejero ha vuelto a defender, además, la posibilidad de un copago por servicios de comida o el agua en los hospitales y centros sanitarios, teniendo en cuenta que un paciente debería pagarlos si estuviera en su casa, ha observado.

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