Sanidad apuesta por el pago de los medicamentos según la renta

La reunión de este miércoles del Consejo Interterritorial de Salud debe empezar a despejar las dudas. Después de las sucesivas declaraciones, confirmaciones y desmentidos de miembros del gobierno y de la ejecutiva del PP, será el día para saber si la negativa al copago se ha convertido en otra rectificación del Ejecutivo. De momento, desde México ha trascendido que el Gobierno quiere proponer a las comunidades que los jubilados paguen el 10% del coste de las medicinas. Los pensionistas, que actualmente no pagan nada por los medicamentos, deberán abonar un 10% de su valor, con un límite de entre 10 y 20 euros al mes, mientras que los activos, que ya abonan el 40% de las recetas, verán elevada su aportación hasta el 50% o el 60%, en función de la renta

La necesidad de recortar otros 7.000 millones de euros en sanidad por parte de las comunidades, y la presión de estas, puede obligar a la ministra Ana Mato a replantear lo que fueron las promesas electorales.

En un férreo hermetismo, hay representantes de consejerías que se quejan de que van a llegar a ciegas a la reunión. El gasto farmacéutico era el favorito para meter la tijera. Dos eran las partidas que parecían más probables: la favorita, como dijo tanto la ministra Ana Mato como el ministro de Economía, Luis de Guindos, era modificar el copago farmacéutico, y que en vez de haber dos grupos de población (pensionistas, que no pagan, y activos, que sí lo hacen), la división sea en función de la renta. Por cuestiones técnicas, esta medida requeriría cierto tiempo. Habría que conectar las tarjetas sanitarias con Hacienda para ver el nivel de ingresos. Y si hacer que las 17 consejerías de sanidad estén relacionadas informáticamente ha llevado 10 años, ligarlo además a otro ministerio puede complicar la decisión.

La otra posibilidad que se barajaba es la de extender a toda España la tasa de un euro por receta que ha aprobado Cataluña. Tiene la ventaja de que no se trata, nominalmente, de un copago. Y de que el sistema de cobro es fácil porque las oficinas de farmacia ya tienen la infraestructura montada. La recaudación podría ser de unos 970 millones de euros, si se aplica de una manera general, o menos de 250 millones si se dejan fuera a pensionistas y crónicos. Pero Sanidad, aunque el PP no se opuso en Cataluña, no es partidaria en principio.

Otros copagos (hospitalización, consulta, urgencias) están descartados. Es decir, subiría el copago de los medicamentos pero no, por el momento, por la atención sanitaria.

En esta área hay otras dos posibles medidas. Una, sacar de la financiación los medicamentos de menos de dos euros. Es la favorita de Farmaindustria, por ejemplo. Podría suponer un ahorro de unos 500 millones. Se puede decidir de inmediato. La otra, obligar a los laboratorios a vender al sistema al precio que acordaron con Andalucía. Aunque la subasta está recurrida, Sanidad no quiere dejar pasar la oportunidad, y argumenta que si los laboratorios podían bajar precios para una comunidad podían venderle más barato. El ahorro lo ha calculado el PSOE, que fue el que lo ideó para aplicarlo en Andalucía: 1.500 millones. Y el ministerio ya ha iniciado el camino.

Queda el capítulo de personal. Este representa el 40% del gasto sanitario. En teoría, no se van a recortar los sueldos, igual que no se va a hacer con los funcionarios. Pero hay otras posibilidades, como aumentar la parte variable ligada a la productividad (hasta un 25% se baraja) más las medidas ya adoptadas de no sustituir el 90% de las jubilaciones. Un ahorro del 5% en esta partida representaría unos 1.500 millones.

Luego está el apartado de la eficacia. Cobrar a todos los turistas que se traten (a sus países), o eliminar pruebas innecesarias sería un buen sistema de ahorro o evitar que se despilfarren fármacos, sin una cuantificación fácil. Es un ajuste fino que no parece que se pueda tratar en la reunión, sobre todo porque no ha dado tiempo de prepararlo desde el anuncio por sorpresa de hace tres semanas de los recortes que hizo Rajoy. También el tiempo y las competencias juegan en contra de otras ideas, como extender las centrales de compras. Pero parece la línea más prometedora a largo plazo.

Muchas de las medidas más eficaces, como mejorar la eficacia, llevan demasiado tiempo

El consejo no parece el lugar para acordar recortes en la cartera de servicios. Tampoco hace falta, porque se va a hacer por ley. En cualquier caso, los candidatos que más se han mencionado para ser suprimidos (aborto, transexualidad, vasectomía) representa ahorros muy pequeños (alrededor de 50 millones, 750.000 euros y 3,5 millones respectivamente).

En cualquier caso, el departamento que dirige Ana Mato guarda la mayor parte de sus propuestas bajo siete llaves. Bien las que está dispuesta a aceptar o las propias.