Educación cambiará la ley para poder reducir profesores

Las principales medidas que ha adoptado el Ministerio de Educación para que las comunidades ahorren 3.000 millones de euros en las escuelas e institutos van dirigidas a reducir las plantillas y, en consecuencia, se verá afectada la calidad, según distintos especialistas. Por un lado, se aumenta el margen legal de estudiantes por aula: en primaria se pasa de 27 a 30, y de 30 a 36 en secundaria obligatoria. Y, por otro, se elimina el límite máximo de horas semanales de clase que imparten los docentes y se fija un mínimo de 25 horas en primaria (ahora este era el máximo) y de 20 en secundaria (la horquilla iba de 18 a 21).

La semana de trabajo para los profesores será la misma, 37,5 horas, pero tendrán menos tiempo para otras cosas, normalmente relacionadas con la calidad de la enseñanza: actividades de refuerzo, desdobles en clases más pequeñas, preparar los temas, atender a las familias o las guardias para cubrir la ausencia de algún colega. Unas guardias que, además, van a ser ahora más necesarias, porque las bajas solo se cubrirán si pasan de dos semanas (en Andalucía, por ejemplo, se estaban cubriendo a las 48 horas).

Todo ello puede significar una importante disminución de unas plantillas docentes (y un ahorro en sueldos) que ya se han visto reducidas en miles de personas en varias comunidades durante los dos últimos años por la aplicación de medidas parecidas. La diferencia es que ahora se amplía el margen legal para profundizar en el recorte y se obliga a meter la tijera a algunas autonomías que no lo habían hecho o no tanto. En los últimos dos años, el recorte de los presupuestos educativos del Gobierno y las comunidades ha sido de algo más de 3.400 millones de euros, a los que se sumarían estos otros 3.000 a partir del curso que viene. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, admitió que son cálculos preliminares y aproximados, pues dependerán de hasta qué punto expriman las autonomías las nuevas posibilidades. Aunque Wert consideró muy exagerado ese cálculo, CC OO dice que solo el aumento de horas lectivas puede suponer 50.000 maestros menos. Con el resto de medidas es difícil calcular, admiten. Para Carlos López Cortiñas (UGT) la pérdida total puede ser de 80.000 maestros.

El ministro Wert leyó ayer las iniciativas del plan a los consejeros de las comunidades; literalmente, no se entregó ningún documento. Las mismas se aprobarán por decreto ley, previsiblemente, el próximo viernes y entrarían en vigor el próximo curso.

En la enseñanza concertada (financiada con dinero público) también se aplicarán todas estas medidas, dijo. Aunque lo cierto es que la partida que va a la concertada es de las pocas que no se han recortado en los presupuestos del ministerio; en tres comunidades (Murcia, Madrid y La Rioja) ha crecido el monto a pesar de los recortes en el resto. Estas rebajas se completarán con otras en la Universidad que se conocerán el jueves; de momento, se ha hablado de una subida en el precio de las matrículas.

Wert explicó que la decisión se ha tomado para dar más eficiencia al sistema en tiempos de crisis y de acoso de los mercados —pidió a los profesores un esfuerzo—, y aseguró que facilitarán a las autonomías el cumplimiento del déficit al que obligan los presupuestos del Estado: 1,5%. Además, sostuvo que la calidad de la enseñanza no se verá muy afectada.

Algo difícil de creer con el aumento del alumnado: hay unos 320.000 estudiantes más que hace dos años en colegios e institutos. Para José Campos, de CC OO, los recortes van a devolver a la escuela española a los años setenta. La consejera de Educación del País Vasco, Isabel Celaá, ya advirtió antes de la reunión de ayer: “No hay que confundir la búsqueda de eficiencia con los recortes en Educación”. El presidente de la asociación de directores de centros públicos FEDADI, José Antonio Martínez, consideró “un dislate” decir que apenas se verá afectada la calidad. Y puso ejemplos de lo que ya ha ocurrido hasta ahora en Madrid, Cataluña o Galicia: menos desdobles, menos clases de refuerzo, eliminación de las excursiones...

De las otras tres medidas que se pondrán en marcha, una va dirigida también al capítulo de personal: se prohíbe crear nuevos complementos retributivos para los profesores, aunque hay que esperar para ver la letra pequeña, pues una congelación sin más, sin marcha atrás de compromisos adquiridos o sin reducción (por ejemplo, en la Comunidad Valenciana han disminuido los sexenios), no supondría ahorro alguno. Además, se pospone al curso 2014-2015 la puesta en marcha de los nuevos títulos de FP actualizados, que son más largos y, por lo tanto, más caros. Por último, se eliminará la obligación de los institutos de ofrecer al menos el bachillerato de letras y el de ciencias (la tercera opción es la de artes), y se podrá ofrecer solo uno.

Tanto Wert como los consejeros de Educación del PP (la mayoría) dijeron que muchas de las medidas son reversibles, solo para la crisis: las ratios, las horas lectivas, los complementos. No así la oferta del bachillerato y, sobre todo, el tiempo que se dejan sin cubrir las bajas. Wert insistió en que queda margen para que las autonomías apliquen las posibilidades como crean conveniente.

Sin embargo, los consejeros del PSOE (de País Vasco, Andalucía y Canarias) aseguran que no habrá marcha atrás y dicen que no hay tanto margen. Para empezar, las regiones que estén por debajo del nuevo mínimo de horas lectivas tendrán que subirlas (en secundaria, todas las comunidades menos Madrid y Castilla-La Mancha) y también son de obligado cumplimiento las restricciones de la cobertura de bajas y los complementos salariales. Además, la viceconsejera canaria, Manuela Armas, explicó que el dinero que reciben las autonomías del Gobierno central se calcula con unos criterios entre los que están las ratios de alumnos, la necesidad de cobertura de profesores...

Tanto Armas como el consejero andaluz en funciones, Francisco Álvarez de la Chica, e Isabel Celaá, salieron de la reunión visiblemente molestos porque se trataba de una comunicación de hechos consumados. Wert respondió que ni siquiera estaba obligado a comunicar esas iniciativas, pues son normativa básica, competencia del Gobierno central. La representante vasca, sin embargo, cree que se han podido invadir competencias autonómicas; lo mismo opinan en Cataluña, donde criticaron las formas, pero no valoraron el contenido.

Los sindicatos dicen que no han visto nunca un ministro “tan prepotente”. Le reclamaron una reunión urgente para tratar estas medidas. De momento, no está prevista y, si se aprueba el viernes el plan, existe poco margen. Si no hay diálogo, advirtieron las centrales, habrá movilizaciones.