Enganchados a las píldoras

La idea de que España dedica a Sanidad un presupuesto inferior al de los países de su nivel de desarrollo continúa plenamente instalada en el sistema, pese a que, analistas económicos como Juan Oliva la consideran dudosa, todo lo más, una verdad a medias, sobre todo ahora que la recesión asoma. “Hay muchas maneras de comparar. Los últimos datos publicados por la OCDE indican que en 2009 España dedicó a Sanidad el 9,5% de su PIB, porcentaje que, efectivamente, está algo por debajo del de Francia, Alemania o Suecia, pero el gasto sanitario por habitante (3.067 dólares en 2009) es similar al sueco, algo superior al italiano y manifiestamente superior al de Reino Unido. Entre 2002 y 2009, el gasto real por persona en la Sanidad pública creció un 41%, cuatro veces más rápido que el PIB. No solo cuenta el nivel, sino también la inercia generada porque no mata la bala, mata la velocidad. Ahora no podemos cerrar los 11 nuevos hospitales creados en Madrid en los últimos años, eliminar el personal y devolver la alta tecnología adquirida”, destaca este profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Aunque no sea achacable únicamente al consumo farmacéutico, el incremento del gasto da cuenta de un aumento persistente del número de recetas que mitiga las rebajas en los precios de los medicamentos obtenidas con la extensión de los genéricos.

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, las dosis diarias definidas por mil habitantes y díaa cargo del SNS pasaron de 502 en el año 2000 a 754 en 2006 y el número de recetas aumentó ininterrumpidamente desde los 764,6 millones de 2005 (17,3 por habitante) a los 957,9 millones de 2010 (20,4 por habitante). Según la OCDE, el gasto en medicamentos supuso en 2009 el 18,9% del gasto sanitario total, cuando en países con un sistema similar, como Suecia y Reino Unido, ese porcentaje fue del 12,5% y del 11,6%, respectivamente. Nuestro 18,9% es el récord absoluto en los países desarrollados: Alemania (14,9%), Francia (16,1%), Holanda (9,6%), Dinamarca (7,3%), EE UU (12%), Canadá (17%) Suiza (12%), Noruega (7,3%)…

“El Estado paga, pero ni decide, ni consume”, recalca un médico

—¿Somos un país pastillero?, le pregunto a Joan-Ramon Laporte, director del Instituto Catalán de Farmacología y responsable de Farmacología del hospital Vall d’Ebron, de Barcelona.

—Sí, por ejemplo, consumimos el doble de benzodiacepinas (para combatir el insomnio y la ansiedad) que EE UU, un país muy pastillero, responde.

—¿Y cómo se explica esa particular adicción?

—Por las promociones de la industria. Con sus campañas influyen sobre los médicos, farmacéuticos y usuarios. También actúan en el terreno de la política.

—¿Es un consumo inducido artificiosamente?

—En buena medida, sí. El consumo depende más del esfuerzo vendedor y del actual sistema de regulación de precios que de las patologías. No estamos ante un mercado convencional de oferta y demanda. Aquí, el médico decide el consumo, pero ni consume, ni paga; el paciente consume, pero solo paga una parte del precio, además de sus impuestos, y tampoco decide. El Estado paga, pero ni decide, ni consume.

—¿El Gobierno no decide pese a que fija el precio máximo de los medicamentos?

—La determinante en el mercado es la industria farmacéutica porque influye mucho sobre todos. Presiona a los Gobiernos, induce a los médicos y farmacéuticos a dispensar determinados medicamentos y organiza y sufraga a asociaciones de pacientes y sociedades médicas para que a su vez presionen a los demás actores. En este país, tenemos la más amplia oferta de medicamentos de Europa, 12.680 especialidades farmacéuticas. Cuando, según la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, para abordar la totalidad de los problemas de salud en atención primaria bastaría con unos 400 medicamentos. El problema es que la Administración central financia cualquier tipo de fármaco, sin distinguir entre los que suponen una aportación provechosa y los que no.

—¿Y por qué?

Laporte mira con un punto de extrañeza e incomodidad por tener que exponer lo que considera una obviedad. “Porque, como usted sabe, los laboratorios tienen un enorme poder”, responde para, a continuación, enumerar casos en los que las multinacionales han tenido que abonar indemnizaciones millonarias por haber ocultado contraindicaciones de sus productos. Él forma parte de la plataforma médica NoGracias que rechaza informarse a través de las compañías farmacéuticas. Y es que el Estado ha hecho dejación de dos tareas cruciales: la investigación clínica, hoy promovida por la industria, y la formación continuada de los médicos.

Se calcula que entre el 30% y el 40% de los nuevos medicamentos financiados por el SNS no aportan nada significativo sobre la molécula ya existente y vienen a ser copias más o menos sofisticadas y carísimas. Y es que la industria, que exige poder recuperar en 10 años el dinero invertido en el proyecto. Un ejemplo es la presentación de fármacos que se disuelven en la boca. No se discute la mejora, lo que se discute es el precio, como tampoco se discute la subvención de fármacos que aportan una mejora significativa y eso que hay pacientes que cuestan a las arcas públicas más de 300.000 euros anuales. Ante la inhibición del ministerio, Andalucía, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña han creado un comité de evaluación para identificar y poder soslayar aquellas novedades farmacéuticas que se presentan como innovadoras, pero apenas aportan nada. Crecen las voces que reclaman a la Administración central la creación de un órgano dedicado a valorar el coste-efectividad de los medicamentos, como el NICE (Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica) británico. Siempre que no esté en juego la vida del paciente, el NICE tiene muy en cuenta la relación coste-mejora terapéutica. Así, puede negarse a subvencionar un fármaco dirigido a mejorar la movilidad de un paciente si su coste es desorbitado.

“No podemos seguir financiando todo lo que sale al mercado, tenemos que saber por qué aumenta el número de recetas. Más que reducir la oferta de medicamentos, se trata de racionalizarla. Los ensayos clínicos son una aportación al I+D pero tenemos que lograr que la investigación sea la que necesita el sistema sanitario. Aunque el ministerio carece de poder jerárquico en el terreno sanitario porque se trata de competencias transferidas, podemos y debemos reconducir el sistema para que los poderes públicos tomen el timón. No va a ver recortes de servicio”. Eso dice Sagrario Pérez Castellanos.

Si no va a haber recortes y el aumento presupuestario es ilusorio, la vía seguirá siendo la de optimizar la gestión. Dejar de financiar ese 30% o 40% de medicamentos y equipamientos técnicos de dudosa aportación ya sería un gran ahorro, al igual que el aprovechamiento de las economías de escala para la adquisición de medicamentos al por mayor, la creación de infraestructuras comunes a varias autonomías, la formación económico-empresarial de los responsables de los centros, la concienciación de los médicos y usuarios. Claro que para que llegue a producirse semejante sacudida estructural, hará falta asegurar antes la transparencia de los flujos informativos entre las comunidades autónomas y homogeneizar el conjunto de indicadores comunes del sistema.

Conviene no perder de vista que si la crisis económica no ha derivado hasta ahora en crisis social ha sido, en gran medida, gracias a la tabla de salvación de la sanidad pública. “Si el conjunto de la ciudadanía no renueva su confianza en el sistema público de salud, estaremos abocados a una sanidad de doble vía: una para ricos y otra para pobres. Eso es lo que va a ponerse en juego en los próximos meses”, dice Oliva.