La doble desconfianza

Con la prima de riesgo desbocada, las Bolsas registrando nuevas caídas y algunos líderes europeos criticando la situación económica española esta semana ha sido difícil y abrumadora para todos. El lunes, apenas dos semanas después de que el Gobierno presentara, por fin, sus restrictivos presupuestos, Moncloa emitió una sorprendente nota de prensa: recortará otros 10.000 millones de euros en sanidad y educación.

Seis días después, los expertos en sanidad —donde se espera el mayor tijeretazo— y educación siguen preguntándose de dónde recortará exactamente el Ejecutivo tanto gasto. Porque la nota publicada el lunes no detallaba en absoluto partidas y medidas excepcionales y tampoco los días posteriores han servido para despejar la incógnita, sino, por el contrario, para confundir y asustar un poco más. Portavoces autorizados como los propios ministros del ramo Ana Mato y José Ignacio Wert han eludido aportar detalles —más allá de los recortes previstos en los presupuestos—, dando así una sospechosa impresión de que el anuncio responde a una nueva improvisación.

Entre las ideas lanzadas por políticos del PP esta semana hay vaguedades como la de “evitar duplicidades”, medidas ya en marcha aprobadas en el Pacto Sanitario de 2010, como crear una central de compras o incentivar el uso de la tarjeta sanitaria electrónica, e ideas peregrinas en su enunciación, pero de peligrosas consecuencias, como la de elaborar un catálogo de prestaciones. Ya existe. Más bien deberían hablar de reelaborar esa lista, lo que —a nadie se le escapa— podría dejar fuera intervenciones quirúrgicas y determinados tratamientos. No se ha explicado, como tampoco se ha precisado si se reducirán las plantillas docentes para ahorrar en el sistema educativo.

Tanto Mato como Wert desaprovecharon esta semana sus comparecencias en el Congreso de los Diputados para dar cuenta a quienes tienen derecho a ello: los ciudadanos. La primera culpó de todos los males al anterior Gobierno e hizo un hueco discurso sobre la voluntad gubernamental de “garantizar la estabilidad del sistema sanitario”. El segundo tampoco ahorró críticas a la desviación presupuestaria a la que se incurrió en la anterior legislatura y aseguró que desarrollará una política educativa “orientada a la calidad y a la excelencia”. Música celestial, en fin, vacía de contenido.

Ha sido una dura semana. La presión de los inversores, solo en parte mitigada por el apoyo europeo, demuestra de manera palmaria su escasa confianza hacia propósitos tan alegremente aireados con tan escaso fundamento.

¿Dónde está la memoria económica que acredite un tijeretazo de 10.000 millones de euros? ¿Por qué el Gobierno central lanza un proyecto de recorte tan ambicioso para servicios públicos que no gestiona porque dependen en su casi totalidad de las comunidades autónomas? ¿Cómo es posible que el mismo equipo político que amaga con el copago sanitario se dedique a renglón seguido a rechazarlo con fruición? ¿Y, ya puestos, de dónde sale la cifra mágica de ahorro de 48.000 millones anunciada por la presidenta de Madrid Esperanza Aguirre en caso de desmantelar el Estado autonómico?

Este mareo de cifras y mensajes contradictorios es alarmante. Generan desconfianza no solo en los mercados; también en la ciudadanía y hacia un partido que ha accedido al poder prometiendo no tocar jamás la sanidad y la educación, pilares básicos del Estado de bienestar. Lo hará como lo han hecho ya algunas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Puede que las voces más autorizadas en asuntos financieros concluyan que es imprescindible para contener el déficit, pero es insultante que, además de pagar la factura se le ningunee al contribuyente privándole de propuestas claras y explicaciones precisas mientras se acrecienta la factura de la deuda generando tanta incertidumbre en los mercados.