PP y CiU dejan el Consejo de RTVE para no reprobar al obispo de Alcalá

La de hoy fue una de las sesiones más tensas que ha vivido el Consejo de Administración de RTVE. Alejados los tiempos en los que las decisiones se adoptaban por unanimidad, los consejeros escenificaron sus divergencias de manera clara. Algunos querían que se debatieran los comentarios homófobos del obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, durante el oficio de Viernes Santo, retransmitido en directo por La 2. Otros se oponían frontalmente.

El tema no estaba en el orden del día, lo que dio pie a los tres representantes del PP a abandonar la reunión. Poco después, se ausentó el vocal de CiU. Así las cosas, el Consejo no tenía el quórum suficiente para adoptar ningún tipo de resolución. Una minoría de cuatro miembros consiguió bloquear un debate que alentaba una mayoría de cinco. Esta situación es producto del atípico momento por el que atraviesa el Consejo: tres de sus 12 miembros han dimitido, pero el quórum sigue estando en siete.

Esto no impidió que el resto de los vocales (nombrados por PSOE, IU, ERC y UGT) acordaran remitir un escrito de protesta a la Conferencia Episcopal en el que manifiestan su respeto a la libertad de expresión, pero exponen que las palabras pronunciadas por el prelado podrían haber vulnerado los principios constitucionales y la normativa que rige RTVE. Además, entienden que se ha producido un abuso en la utilización del espacio institucional que la televisión pública cede a la Iglesia católica.

Dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, la misiva expresa la preocupación de esos cinco consejeros por las manifestaciones de Reig Pla y solicitan que se extreme la prudencia para que el contenido de las emisiones institucionales de TVE no vulneren los principios que la corporación está obligada a cumplir como servicio público, según fuentes del Consejo. Asimismo, estudian la “fórmula jurídica” para denunciar las manifestaciones del obispo de Alcalá de Henares, toda vez que España carece de una autoridad audiovisual que vele por los contenidos que emiten las televisiones.

El prelado arremetió duramente contra los gais y relacionó la homosexualidad con la prostitución durante la homilía de Viernes Santo. Entre otras cosas, dijo: “Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy, llevados por tantas ideologías, acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niños que tienen atracción hacia las parejas del mismo sexo”. Y añadió: “A veces, para comprobarlo se corrompen y se prostituyen. O van a clubes de hombres. Os aseguro que se encuentran en el infierno”.

El abandono de los representantes del PP y de CiU ha sido criticado por el resto de los miembros del Consejo, que han calificado su marcha antes de que concluyera la sesión como una “irresponsabilidad institucional” y un ejercicio de “filibusterismo parlamentario”. Tras la dimisión del consejero Jesús Andreu para dirigir la Fundación Carolina, el PP ha quedado en una posición de debilidad.

Antes de ausentarse de la sesión, el representante de CiU apeló a la libertad de expresión y dijo que al margen de algunas palabras más o menos desafortunada, que no compartía, no percibía que la intervención del obispo de Alcalá tuviera contenido delictivo. En su escrito, Silva argumenta que la polémica homilía se movió siempre en el marco del lenguaje religioso y no entró en ningún momento en el terreno de las leyes, por lo que “no tiene sentido” juzgar su intervención “como una crítica a la normativa vigente o a la conducta de las personas no católicas”.

En este clima de clara desunión, el Consejo sometió a votación una resolución para reclamar por la vía judicial la devolución del IVA que paga la compañía estatal. A favor de esta medida votaron los cinco consejeros que forman parte del autodenominado “grupo de progreso”, cinco votos en total. En contra se manifestaron los tres del PP y el vocal de CiU optó por la abstención. Una muestra más de la falta de sintonía.

Las discrepancias entre partidos se vivieron también hoy en el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), que acordó exigir al Gobierno central que castigue los ataques a los andaluces vertidos en programas de Intereconomía y 13TV tras las elecciones autonómicas, informa Reyes Rincón. La resolución aprobada plantea elevar al Ministerio de Industria las quejas recibidas sobre tres programas en los que se escucharon o leyeron afirmaciones como “Andalucía es una región que parece sacada del tercer mundo”. Los cuatro consejeros nombrados por el PP votaron en contra. El CAA cree que estos comentarios vulneran la Ley General de Comunicación Audiovisual, que establece que los contenidos televisivos nunca podrán “incitar al odio o a la discriminación por razón de género o cualquier circunstancia personal o social y debe ser respetuosa con la dignidad humana”.