Una norma para la transformación social

Hace cinco años se promulgó una ley, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que ha demostrado ser un instrumento de transformación social capaz de penetrar en todo el ordenamiento jurídico. Dado su impacto, tres equipos universitarios de investigación han analizado 7.476 sentencias afectadas por esta norma y han hecho un estudio detallado de 386 de ellas. La investigación ha sido publicada en un libro por la Generalitat de Cataluña y el Consejo General del Poder Judicial. Expresa el compromiso del CGPJ con la ciudadanía y es un ejercicio de transparencia. Nos sirve para realizar un diagnóstico de la situación actual y emprender propuestas de futuro.

El análisis aborda la aplicación real de la ley a la luz de estas sentencias, en materias tan diversas como los informes de impacto de género, la igualdad efectiva, la discriminación, educación para la ciudadanía, acoso sexual, acoso por razón de sexo, despido por maternidad / paternidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral o la promoción profesional.

Una de las conclusiones relevantes es que en las sentencias relativas a asuntos donde el género tiene un impacto más visible —como las relacionadas con la maternidad, acoso, despido, la conciliación…—, los tribunales deciden a favor de la igualdad y apuntalan los principios transversales de la ley. En cambio, se detecta que la ley aún no ha penetrado cuando, por ejemplo, se trata de valorar si la normativa vigente impugnada viene acompañada de su correspondiente informe de impacto de género, que debería ser elaborado con criterios de calidad para hacer visible cómo la actividad de la Administración pública no es neutral y afecta de manera diferente a mujeres y hombres.

Otra conclusión es que el Tribunal Supremo, en su doctrina mayoritaria, resuelve a favor de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en sus vertientes de género e igualdad. En el ámbito europeo, los tribunales confirman en sus resoluciones el principio de igualdad salarial y condenan como forma de discriminación la violencia contra la mujer.

Estos cinco años demuestran que la Ley de Igualdad es un instrumento jurídico destinado a transformar la realidad y llevar a la conciencia de la ciudadanía y de los operadores jurídicos los valores y principios de una sociedad igualitaria. Son normas que, además, pueden ayudar en momentos difíciles como el actual. El ejemplo lo tenemos en Islandia, que ha afrontado la crisis económica y ha logrado un rearme moral con el impulso de la igualdad entre el hombre y la mujer.

Inmaculada Montalbán preside la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial y el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.