Ana Mato asegura que la reforma del aborto "es de todo el Gobierno"

El proyecto de reforma de la normativa sobre el aborto, con la que el PP quiere acabar con la práctica libre en las primeras 14 semanas para volver a una ley de supuestos, “es de todo el Gobierno”, aunque el encargado sea el Ministerio de Justicia. Lo aseguró ayer la titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en la Comisión de Igualdad del Congreso. Detalló que es competencia del ministro Ruiz-Gallardón porque también de Justicia fue la autoría de la despenalización de 1985, que mantuvo la interrupción del embarazo en el Código Penal. Y todo apunta a que en el PP cobra fuerza la idea de llevar de nuevo el aborto a la tipificación penal. Volvería a ser un delito salvo en ciertos supuestos, aunque la cuestión aún está abierta.

La titular de Sanidad aludió al aborto para responder a las críticas, sobre todo del Grupo Socialista e Izquierda Plural, por los cambios que prevé el Gobierno sobre la interrupción del embarazo, un tema que la ministra había obviado en su intervención inicial. También justificó en el turno de réplica su petición de estudios sobre la píldora del día después para ver si puede dispensarse sin receta —como ocurre ahora—.

Mato apuntó entre sus líneas de actuación la mejora de la atención a las mujeres maltratadas, un capítulo sin grandes novedades —ni aumento de presupuesto, previsiblemente—. Sin concretar eventuales modificaciones a la Ley contra la Violencia de Género de 2004, propuso un plan personalizado de atención a las víctimas —ahora existe una evaluación de riesgo de las víctimas—. También apostó por crear una “ventanilla única” para asesorarlas, una iniciativa que el PSOE manejó, y una mayor coordinación de las unidades provinciales que supervisan los casos de maltrato.

Sin salirse de las grandes líneas del programa electoral del PP, la ministra anunció la atención integral a los menores víctimas de la violencia doméstica. También quiere mejorar la coordinación de las Administraciones en esta materia, una cuestión sobre la que se mostraron reticentes CiU y PNV. Mato explicó que quiere organizar “una red de voluntarios contra la violencia sobre las mujeres” y aseguró que se evaluarán los programas de atención a los maltratadores y se creará una Comisión Interministerial para la Erradicación de la Violencia de Género. Dado que su concepto de la igualdad va más allá de la de género, Mato anunció el establecimiento de un “mapa de la discriminación en España”.

Ante una comisión integrada ayer por 30 diputadas y dos diputados, la ministra defendió que “la mejor política de igualdad es la que crea empleo”. “La competitividad es la garantía de la igualdad de oportunidades”, afirmó al comienzo de una intervención en la que empleó varias veces el término “violencia de género”. También concretó que la reforma laboral que hoy aprobará el Gobierno incluirá “incentivos para la contratación de mujeres” y un plan para evitar la brecha salarial —las mujeres ganan un 22% menos que los hombres a igual trabajo, señaló—. Quiere que la Inspección de Trabajo esté pendiente de este problema. Por otra parte, anunció que la nueva asignatura de educación cívica, que sustituirá a la de Ciudadanía, incluirá igualdad. Como ahora.

En cuanto a la conciliación —buena herramienta para favorecer la igualdad, según el PP—, Mato anunció un plan de apoyo, sin apenas concreción más allá del “impulso decidido a la racionalización de horarios” e incentivos fiscales para las guarderías laborales, una medida que ya se impulsó en el Gobierno de Aznar, cuando Eduardo Zaplana estaba al frente de Trabajo. En ningún momento de su intervención habló de presupuestos.

Aunque ayer Mato hizo una encendida defensa del valor de la igualdad, hoy se encontrará con una primera contestación. Más de 200 organizaciones feministas, a las que se han sumado varias de hombres por la igualdad y de defensa de los derechos de los homosexuales, han convocado manifestaciones en más de 40 ciudades para protestar contra los recortes en políticas de igualdad. Varias asociaciones de familias encabezadas por homosexuales han iniciado una campaña para defender el matrimonio entre personas del mismo sexo. Piden al Gobierno que retire el recurso de inconstitucionalidad.