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Las entidades alertan del riesgo de "explosión social" ante la ausencia de programas para los más necesitados

El 18% de los preceptores de la Renta Mínima de Inserción todavía no ha cobrado su prestación de agosto

Las políticas del Gobierno para los más necesitados, o la ausencia de ellas, conllevan "riesgo de explosión social". Esta es la conclusión de las Entidades Catalanas de Acción Social, la agrupación de 85 asociaciones que trabaja para las personas con riesgo de exclusión social, que ha presentado esta mañana un informe que evalúa las consecuencias que ha tenido la crisis de la Renta Mínima de Inserción (RMI). El 18% de los receptores de esta renta, una ayuda de poco más de 400 euros considerada como la última prestación, todavía no ha cobrado su ayuda de agosto. El Gobierno cambió la forma de pago excusándose en el fraude, pero todavía no ha ofrecido cifras de cuantos preceptores (hay 35.000 expedientes que afectan aproximadamente a 110.000 personas) cometieron irregularidades.

La crisis de la RMI, asegura el informe, es la gota que colma el vaso, una problemática agravada con los efectos de la crisis: "Si las previsiones de más parados y la finalización de la prestación de paro se cumplen, la incapacidad para gestionarlo todo puede ser explosiva", alerta el texto, que avisa también de una posible saturación de los servicios sociales. Ante este panorama, concluye ECAS, es necesario un mejor diálogo con el Gobierno de Artur Mas. "Debemos establecer un espacio de diálogo y de trabajo compartido, y todavía no lo hemos logrado", ha explicado Teresa Crespo, presidenta de ECAS y también del consejo asesor de políticas sociales del Gobierno de Mas. Crespo ha criticado los recortes en políticas sociales y ha cargado, una vez más, contra la gestión del caos de la RMI. "Nos preocupa la imagen que se ha dado del preceptor de la Renta Mínima como una persona fraudulenta".

ECAS reclama un cambio de orientación de la RMI para encarar mejor los problemas de saturación que la crisis ha provocado en esta prestación: "Hace falta una revisión en profundad de la RMI. Hace 20 años que funciona, y tenemos que abordarlo. Pero tememos que un cambio signifique un retroceso", ha expresado Xaviert Orteu, presidente de Interscoop, una de las entidades que integran ECAS. Orteu y Crespo han alertado del crecimiento alarmante de la pobreza, y de la situación de riesgo de muchas personas que, al quedarse sin trabajo y sin prestación de paro, entran en una dinámica negativa. Lo ha explicado Orteu: "El proceso de caída es muy rápido. Tan rápido, que en dos o tres semanas, una persona que ha aguantado al límite puede caer. Se empeora mucho y muy rápido". ECAS urge al Gobierno a actuar para diseñar las ayudas necesarias para cada problemática. Crespo ha lamentado que, pese a que la voluntad del Ejecutivo es de atacar estos problemas, el proceso es demasiado lento. "Aunque haya recortes, hay prioridades. Y las personas con riesgo de exclusión social deben ser prioritarias", ha concluido.