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El Gobierno desoye las críticas de la oposición y endurece el acceso a la RMI

El PSC duda de la legalidad del decreto y ERC cree que pone en riesgo la cohesión

El Gobierno catalán arrancó ayer el curso político tapándose los oídos e ignorando las quejas de la oposición, los asistentes y entidades sociales por la gestión de la renta mínima de inserción (RMI). El Ejecutivo archivó todas las quejas y siguió con el guion previsto: a partir de mañana los beneficiarios volverán a cobrar los 420 euros a través de una transferencia bancaria, pero el acceso a la misma será más difícil. El Gobierno aprobó un decreto que endurece las condiciones para obtener la ayuda con requisitos como un mínimo de dos años viviendo en Cataluña (antes era uno) o aceptar solo la solicitud de parados si llevan seis meses sin prestación y tienen "dificultad social añadida".

Homs: "Quien piense que esta ayuda es una extensión del paro se equivoca"

No es fácil saber qué quiere decir exactamente esa descripción, pero Francesc Homs, el portavoz del Gobierno, resumió la filosofía del decreto: recuperar el espíritu original de la RMI, que es, dijo, amparar exclusivamente a las personas en grave riesgo de exclusión social. "Si alguien pensaba que esta ayuda es una extensión del paro, se equivoca", avisó. Su estrategia fue traspasar ese tipo de responsabilidad al Gobierno central al alegar que es el Estado el que posee ese tipo de competencias. "Ya nos gustaría que nos traspasaran la Seguridad Social entera. No nos daría miedo asumir esa responsabilidad. Si el problema es ese, es el Estado el que tiene que hacer frente", dijo.

Lejos de asumir cualquier autocrítica por el cambio en la forma de pago que dejó a miles de beneficiarios desamparados, Homs cerró filas y arropó a los dos consejeros implicados en la reforma de la RMI: el de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, y el de Bienestar Social, Josep Lluis Cleries. Ambos consejeros comparecieron el viernes en el Parlament y recibieron un varapalo de la oposición. "La valoración que hacemos de la comparecencia es positiva", juzgó Homs.

El Gobierno querrá cerrar rápido el capítulo de la RMI, pero no lo tendrá fácil porque la oposición denunció el alcance de la reforma. El Partit dels Socialistes (PSC) anunció que pedirá la reprobación de Mena. Eva Granados, diputada socialista, apuntó incluso que la reforma "puede ser ilegal". Esquerra Republicana (ERC), que alerta de que el Gobierno pone en "riesgo la cohesión social", tampoco se quedará atrás. La portavoz Anna Simó registrará hoy en el Parlament una cuarentena de preguntas a Mena y Cleries entre las que figuran dos que tienen por respuesta de momento un gran interrogante: cuántas personas dejarán de recibir la prestación y a cuánto asciende el supuesto fraude. La mesa del Tercer Sector, que representa a las entidades sin ánimo de lucro, reclamó al Gobierno más consenso, ya que los actuales cambios "pueden provocar que personas vulnerables se queden sin ninguna ayuda".

El Gobierno ha ofrecido razones variopintas para los cambios en la RMI: desde motivos presupuestarios a la actualización de la base de datos e incluso ofrecer cursos más adecuados a los parados. No casa todo ello con la declaración de Homs de querer limitar la RMI a las personas excluidas socialmente. "Todo ha sido para mejorar el control", alegó Homs, que, con habilidad, evitó responder a un periodista si no le parecía cruel la descripción que hizo Mena de los receptores de la ayuda, a los que acusó de usar la ayuda para pagar facturas de veterinarios, peajes, ONG o televisión por cable. "No entraremos en eso. Sería un error", dijo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de agosto de 2011