El PSC considera cree que el decreto de la RMI puede ser "ilegal"

ERC pedirá explicaciones para averiguar cuántas personas se quedan sin prestación

La diputada del PSC en el Parlament Eva Granados ha asegurado que el decreto aprobado hoy por el Govern que endurece las condiciones para cobrar la Renta Mínima de Inserción (RMI) supone "la muerte de las políticas sociales en Cataluña", y ha aventurado que "puede ser ilegal". También ERC ha anunciado, a través de su portavoz, Anna Simó, que registrarán en el Parlament una batería de 40 preguntas sobre esta normativa.

En declaraciones a los periodistas en la sede del PSC, Granados ha recordado que su partido impulsa la reprobación del consejero de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, por su gestión del cambio del cobro de la renta mínima, y ha animado al resto de grupos a apoyar su moción. Granados ha recordado que los socialistas catalanes están a favor de reformar la RMI, revisarla y acabar con eventuales abusos, pero en ningún caso está por recortar esta ayuda.

Más información

La Generalitat aprueba el decreto que endurece los requisitos de la renta mínima

La Mesa del Tercer Sector reclama más consenso en la reforma de la renta mínima

Las entidades alertan del riesgo de "explosión social" ante la ausencia de programas para los más necesitados

La portavoz de ERC, Anna Simó, ha anunciado que registrarán en el Parlament una batería de 40 preguntas para que el consejero de Empresa y el de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, respondan por escrito sobre los nuevos requisitos para cobrar la Renta Mínima de Inserción (RMI). En rueda de prensa, ha explicado que su intención es que el Govern explique sobre todo "cuántas personas quedarán excluidas por decretazo" por no sufrir riesgo de exclusión social y qué criterios utilizarán para valorarlo, después de que el Govern anunciase que excluirá de la percepción a los parados que no acrediten una dificultad social añadida.

La republicana ha pedido también a la Generalitat que ponga alternativas a todas las personas que se quedarán sin prestación social "por este decretazo" ya que, ha reiterado, éste es el último colchón para muchas familias.

El decreto aprobado hoy por el Govern endurece las condiciones para cobrar esta prestación, entre las que destacan acreditar dos años de residencia, limitar el importe máximo al salario mínimo interprofesional o un tope de 60 mensualidades.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuario Continuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.