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El PSC considera cree que el decreto de la RMI puede ser "ilegal"

ERC pedirá explicaciones para averiguar cuántas personas se quedan sin prestación

La diputada del PSC en el Parlament Eva Granados ha asegurado que el decreto aprobado hoy por el Govern que endurece las condiciones para cobrar la Renta Mínima de Inserción (RMI) supone "la muerte de las políticas sociales en Cataluña", y ha aventurado que "puede ser ilegal". También ERC ha anunciado, a través de su portavoz, Anna Simó, que registrarán en el Parlament una batería de 40 preguntas sobre esta normativa.

En declaraciones a los periodistas en la sede del PSC, Granados ha recordado que su partido impulsa la reprobación del consejero de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, por su gestión del cambio del cobro de la renta mínima, y ha animado al resto de grupos a apoyar su moción. Granados ha recordado que los socialistas catalanes están a favor de reformar la RMI, revisarla y acabar con eventuales abusos, pero en ningún caso está por recortar esta ayuda.

La portavoz de ERC, Anna Simó, ha anunciado que registrarán en el Parlament una batería de 40 preguntas para que el consejero de Empresa y el de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, respondan por escrito sobre los nuevos requisitos para cobrar la Renta Mínima de Inserción (RMI). En rueda de prensa, ha explicado que su intención es que el Govern explique sobre todo "cuántas personas quedarán excluidas por decretazo" por no sufrir riesgo de exclusión social y qué criterios utilizarán para valorarlo, después de que el Govern anunciase que excluirá de la percepción a los parados que no acrediten una dificultad social añadida.

La republicana ha pedido también a la Generalitat que ponga alternativas a todas las personas que se quedarán sin prestación social "por este decretazo" ya que, ha reiterado, éste es el último colchón para muchas familias.

El decreto aprobado hoy por el Govern endurece las condiciones para cobrar esta prestación, entre las que destacan acreditar dos años de residencia, limitar el importe máximo al salario mínimo interprofesional o un tope de 60 mensualidades.