La Fiscalía de Asturias investiga los casos de dos lesbianas a las que la sanidad pública les negó la inseminación artificial

La Fiscalía Superior de Asturias ha abierto diligencias para investigar el caso de lesbianas o solteras a las que se les niega el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública asturiana. No es la única comunidad autónoma que ha adoptado esta política, Cataluña y Murcia tampoco incluyen entre los servicios financiados públicamente el tratamiento de reproducción asistida a lesbianas porque no cumplen el requisito de formar parejas en la que uno de los miembros -el varón- sea estéril. Así lo establece el real decreto que fija la cartera mínima de prestaciones del sistema nacional de salud, de 2006. Ello aboca a las lesbianas y a las solteras a los centros privados, donde el tratamiento puede costar entre 6.000 y 12.000 euros.

Este asunto saltó a la palestra después de que el colectivo Xente Gay Astur (XEGA) llevara a los tribunales a la Consejería de Salud del Principado de Asturias por denegar a Andrea Muñiz y Silvia García, una pareja de lesbianas, la financiación de la medicación necesaria para poder seguir con el proceso de reproducción asistida al que se está sometiendo una de ellas para ser madre, argumentando que no existía "infertilidad del varón".

Xega sostiene que "es inconcebible que se obligue a una mujer lesbiana a mantener relaciones sexuales de riesgo para poder ser madre, ya que se puede transmitir desde una enfermedad genética para el feto, como la hemofilia, síndrome de down, VIH, y otras Infecciones de Transmisión Sexual. Antonio Poveda, presidente de la Federación estatal de lesbianas, gais, transexuales y bixesuales (FELGTB) se une a la denuncia de este colectivo y ha reiterado que "en un país donde se pone siempre el acento en la baja natalidad no podemos entender que se limite el acceso a la maternidad a quienes tienen derecho a ser madres, independientemente de su orientación o estado civil". Sin embargo, el consejero de Salud del Gobierno de Asturias, Ramón Quirós, no está de su parte. En unas declaraciones en marzo a la cadena SER niega que haya discriminación ya que el informe hospitalario realizado en este caso no declara estéril a Silvia García y, por tanto, no puede optar a la medicación.

La ministra de Sanidad, Leire Pajín, apoyó publicamente a Quirós e insistió en que "la ley de reproducción humana asistida no discrimina a ningún tipo de mujer, pero no establece si el tratamiento debe financiarse o no". Una portavoz de su departamento va más allá: "El Sistema Nacional de Salud está para solucionar problemas de salud, no para garantizar el derecho de ser madre, que es algo mucho más amplio". Pajín opina que no hay contradicción entre la ley de reproducción asistida, que dice que no se puede discriminar a las mujeres por su estado civil u orientación sexual, y el decreto que fija los mínimos, que deja entrever que solo se financiarán los tratamientos a parejas -se supone heterosexuales- en los que uno de ellos es estéril.

"Esperamos que los resultados de esta investigación lleguen pronto y que sirvan para hacer entender a nuestros políticos que no pueden recortar derechos sociales y que la discriminación no tiene cabida y la denunciaremos allá donde se produzca", ha afirmado Ana García, coordinadora de Políticas Lésbicas de la FELGTB.