¿Qué fue de la ley Aído?

Tal y como ya ocurriese con otras leyes cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas (dependencia, educación para la ciudadanía...), la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo se encuentra como sus compañeras de viaje cronificando una serie de problemas y desequilibrios territoriales cuya consecuencia más inmediata en la normativa sobre aborto son diecisiete leyes, una por cada comunidad autónoma.

Cuando se cumple un año de la implantación de la Ley de SSR e IVE, el diagnóstico de situación que ya se ha producido con otras leyes sociales, educativas y sanitarias se repite: las autonomías interpretan las leyes de acuerdo con sus circunstancias y el signo político de sus gobiernos, mientras que el Ejecutivo nacional, afectado por una suerte de determinismo resignado, no utiliza los escasos mecanismos de control, supervisión y corrección que se ha reservado para conseguir que las leyes se apliquen por igual en todo el territorio.

Como consecuencia de lo dicho, hoy la Comunidad de Madrid elabora tranquilamente y sin que nadie le perturbe sobres informativos, preceptivos y obligatorios claramente contrarios a la decisión libre y voluntaria de la mujer, en los que las dos únicas opciones que se contemplan ante un embarazo no deseado son la adopción y el acogimiento.

En correlación con este vacío de poder, se da la kafkiana circunstancia de que una mujer de León tiene que viajar a Salamanca para acceder a la prestación de manera gratuita, una de Soria y Palencia a Madrid, otra de Burgos, Segovia, Zamora y Ávila a Valladolid y las de Salamanca, cruzándose con las de León, a Madrid. Y todo dentro de una misma autonomía, Castilla y León, y pese a que existen centros acreditados en los territorios mencionados que evitarían un periplo vital y médico que la ley expresamente trataba de evitar. Un viaje totalmente desincentivador que avoca a la mujer a renunciar a la gratuidad e incentiva por el contrario un acceso privado que la ley también se había propuesto disminuir.

Como resultado de la inhibición del Ejecutivo y de la libertad del gestor autonómico, hoy la mujer está identificada durante todo el proceso en comunidades como Cataluña, Murcia y Valencia, hasta tal punto que la identificación de las mujeres es requisito indispensable para que estas reciban el reembolso de la prestación en comunidades como la catalana. Una circunstancia que evidentemente rompe el principio de confidencialidad que la ley se había marcado como objetivo.

De estos y otros desequilibrios más sofisticados que suspenden en una cuerda floja los principios de la ley: igualdad, facilidad de acceso, gratuidad, confidencialidad...y que llegan a situar en la ilegalidad las actuaciones de no pocos gobiernos autonómicos, han sido informados tanto el Ejecutivo como los gobiernos autonómicos por parte de los/as profesionales de ACAI. Sin embargo, ni unos ni otros parecen sentirse responsables. Ni los gobiernos autonómicos afectados han considerado oportuno repasar el articulado de una ley que les obliga a encauzar sus actuaciones en un determinado sentido, ni el Ejecutivo nacional parece en esta coyuntura preelectoral interesado en remover un asunto del que se ha desprendido hace ahora un año.

A doce meses de la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio de Sanidad ha renunciado a desarrollar un reglamento unificado que de cohesión a la que un día fue una norma sobre aborto y salud sexual y reproductiva saludable; sustituyéndolo por decretos reguladores de desarrollo parcial que no están cubriendo las expectativas que, no solo en materia de aborto, fueron depositadas en esta nueva legislación. Aventuramos incluso que se debe haber renunciado a explicar con propiedad el alcance de la ley, pues desde los puntos de información de no pocas autonomías, como la Catalana, la información depende del ideario o el precario conocimiento que ha recibido el que la aporta y no de lo establecido por la norma. Especialmente cuando la mujer supera las 14 semanas y su interrupción podría estar vinculada a su salud materna.

La Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva aprobada por el Ministerio que, entre otros propósitos, pretendía la implementación de la educación sexual y la formación de los profesionales; es para ACAI un certero diagnóstico de situación y una buena declaración de intenciones que sin embargo, adolece de los mínimos instrumentos para consolidar y posibilitar el desarrollo de sus objetivos en las comunidades autónomas, salvo en el capítulo de la salud materno infantil donde la realidad descrita ya está prácticamente implementada en nuestro territorio. De hecho, en esta estrategia a la que implícitamente se le presuponía el establecimiento de mecanismos e instrumentos destinados a formar profesionales en relación a la prestación de aborto, tan solo se menciona la palabra aborto para recomendar dicha formación, eso sí, sin especificar ni quiénes serán los afectados, ni quién se encargará de dicha formación, ni dónde se llevara a cabo, ni con qué medios económicos. Es decir, prácticamente los mismos interrogantes que se plantean a la hora de preguntarse por cómo, quién, con qué y cuándo se implementará una educación sexual exigida por ley.

Con la financiación de tres nuevos anticonceptivos por el Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad considera que ha cumplido con el desarrollo reglamentario de la Ley. Difícil con una estructura reglamentaria tan poco sólida y tan escasa voluntad de consenso y supervisión de lo realizado alcanzar sin embargo los objetivos que se habían establecido en la norma.

Curiosa paradoja la que una vez más se produce en nuestro país, ya que son de nuevo las organizaciones sociales, las plataformas feministas, los profesionales del Aborto Provocado y la contracepción...los que han de velar y vigilar por el cumplimiento de una norma legislativa.

Si la ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo no se cumple, los embarazos no deseados en nuestro país no disminuirán, ya que la bajada de la tasa de abortos responde hoy por hoy a un cambio del flujo migratorio derivado de la crisis económica, y no como defiende el Ministerio a una ley que se aplica según donde y con quién y a unas políticas en materia de Salud Sexual y Reproductiva que hoy no superan la mera declaración de buenos propósitos e intenciones.

Santiago Barambio y Francisca Garcías son presidente y vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai)