Argentina ordena la detención de Videla por la muerte de un obispo

Argentina tiene su Óscar Romero, aunque el caso no haya tenido tanto impacto internacional como el del obispo salvadoreño asesinado en 1981. Se llamaba Enrique Angelelli, era el prelado de La Rioja, una de las provincias con menor población y más pobres de Argentina. Comprometido con las reclamaciones populares por una mayor justicia social, Angelelli murió el 4 de agosto de 1976, en plena dictadura militar, en lo que en ese momento el régimen, la prensa y hasta la jerarquía de la Iglesia católica describieron como un choque de coches. Pero lo que parecía un accidente ahora es catalogado por la justicia argentina como un asesinato y por eso el pasado jueves se ordenó la detención por este delito del entonces dictador, Jorge Videla (1976-1981), que ya estaba preso por otras condenas por violaciones a los derechos humanos.

Angelelli era un hijo de inmigrantes italianos que nació en Córdoba en 1923. A los 15 años ingresó al seminario, a los 22 continuó en Roma sus estudios y se ordenó sacerdote a los 26. Después regresó a Córdoba y comenzó a visitar barrios chabolistas y a asesorar a jóvenes obreros y universitarios. En 1960 fue consagrado obispo auxiliar de Córdoba. Como todos los prelados del mundo de aquel tiempo, participó del Concilio Vaticano II. "Todo intento de auténtica renovación lleva como precio el sufrimiento, la incomprensión y a veces hasta la calumnia", decía Angelelli. "Esto no nos debe hacer trepidar, sino comprometernos vitalmente con quienes padecen hambre, miseria o injusticia en su vida."

Su prédica no caía bien en los sectores conservadores de la Iglesia cordobesa y el papa Pablo VI lo destinó en 1968 al frente de la diócesis de la vecina La Rioja. Cuando llegó allí, dijo que quería convertirse en el "amigo de todos, de los católicos y de los no católicos, de los que creen y de los que no creen". Muchos lo quisieron: durante el régimen militar que imperó de 1966 a 1973, alentó la organización sindical de los trabajadores rurales, los mineros y las asistentas y la creación de cooperativas para producir tejidos, ladrillos, pan y agricultura. Muchos lo odiaron: militares, terratenientes y otros católicos lo rechazaron por "infiltrado comunista". Incluso, en 1972, lo apedreó una turba liderada por un hermano latifundista de Carlos Menem, quien en 1989 llegaría a la presidencia de Argentina y en 1990 indultaría a los cabecillas de la última dictadura de este país y a los jefes guerrilleros de aquella década de los setenta.

En febrero de 1976, Angelelli escribió una carta para advertir a sus pares argentinos: "No dejemos que generales del Ejército usurpen la misión de velar por la fe católica". Un mes después ocurrió el golpe militar y ya en abril el prelado viajó a Buenos Aires para denunciar ante el ministro del Interior, Albano Harguindeguy, la represión ilegal. En agosto murió en una carretera riojana. Sólo el periódico L'Osservatore Romano habló de un "extraño accidente". El cura que lo acompañaba en el choque sobrevivió y pudo reconstruir la historia ante la justicia tras el regreso de la democracia, en 1983. Fue así que un juez riojano determinó que se había tratado de un "asesinato premeditado", pero sus responsables no fueron hallados por las leyes de amnistía del Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y los indultos de Menem.

En 2005, ante la anulación de esas medidas, se reabrió la investigación. Al año siguiente, por primera vez la Iglesia argentina insinuó un reconocimiento a su "mártir", cuando el cardenal primado de este país, Jorge Bergoglio, reconoció en La Rioja que el obispo "se empapó de su propia sangre".

La última dictadura argentina mató en total a 19 sacerdotes (incluido otro prelado, Carlos Ponce de León), religiosos y laicos militantes católicos, e hizo desaparecer a otros 65, según el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Otro juez riojano es el que ahora no sólo ha imputado por el crimen a Videla sino también a otros cinco ex militares.