La exposición a sustancias químicas causa 4.000 muertes al año entre trabajadores

El riesgo químico (problemas para la salud por sustancias que se usan en la industria) "pasa desapercibido por la población y por los políticos". Así enmarca Javier Benaya, presidente de Científicos por el Medio Ambiente (Cima), el problema de estos tóxicos, que actúan poco a poco y que como son invisibles, Los sentidos no los pueden detectar ni "tenemos capacidad para evitarlos".

Este peligro es tan oculto que cuesta que las ONG tengan datos concretos. Llorenç Serrano, de CC OO, afirma que la exposición en el trabajo causa 4.000 muertes al año, que 33.000 trabajadores enferman cada año y que hay 18.000 accidentes laborales relacionados. Otro trabajo, de Manolis Kogevinas, epidemiólogo del Instituto Médico de Investigación Médica (IMIM) de Barcelona calcula que al menos se producen al año unos 3.000 cánceres de origen laboral (la horquilla llega hasta los 13.000), con un 50% de fallecimientos.

Que exista un peligro no quiere decir que no haya, sobre el terreno, medidas de compensación. La más ambiciosa, como recordó Mario Rodríguez, presidente de Greenpeace, fue la iniciativa Reach, un programa de la UE de 2006 que prevé la revisión de más de 100.000 sustancias para estudiar su efecto y por qué pueden ser sustituidas si son nocivas. Como ejemplo de la desidia de la Administración española, Rodríguez señaló que el límite para definir las sanciones por incumplimiento de estas medidas era diciembre de 2008, y que España no las concluyó hasta abril de 2010. Y hay otro ejemplo. Dentro de esas 100.000 sustancias, hay 12, las denominadas 12 sucias, que se debían simplemente erradicar, dice Rodríguez. Pero la última reunión del Plan Nacional de Aplicación de Estocolmo que definió estas sustancias se celebró el 22 de abril de 2009. Desde entonces no se ha hecho nada, dijo el presidente de Greenpeace.

Con motivo del último cambio de Gobierno, 39 organizaciones civiles han mandado una carta al presidente Zapatero para que se acabe con esta inercia. Entre otras cosas piden que la lucha contra esta contaminación la asuma una agencia estatal para que las competencias se unifiquen. Actualmente están repartidas entre ocho ministerios, y centenares de organismos si se baja a niveles autonómicos o municipales. La idea es que haya una institución que pueda coordinar estas políticas, si se afrontan.