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Los médicos piden que se pueda objetar a la ley de muerte digna

"La objeción de conciencia no cabe en esta norma", responde el PSOE

El derecho de los médicos a acogerse a la objeción de conciencia para no aplicar la futura ley de muerte digna de Andalucía ha centrado este martes gran parte del debate que se ha celebrado en el Parlamento autonómico. El presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Andalucía, Juan José Sánchez, reclama que los profesionales puedan acogerse a esta figura. La misma petición hizo la asociación conservadora Profesionales por la Ética, invitada al Parlamento por el PP.

Esta norma, aprobada por la Junta en junio, ha comenzado este martes su trámite parlamentario. A la Comisión de Salud acudieron los representantes de los agentes sociales para dar su visión sobre la futura ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, la primera norma de este tipo que se impulsa en España.

"La objeción de conciencia no cabe en esta norma", ha sido la respuesta que ha dado Rosa Isabel Ríos Martínez, del PSOE. El PP, sin embargo, ha anunciado que tiene previsto incluir una enmienda para que se recoja este aspecto en la norma. Juan José Sánchez ha valorado en términos generales la ley. Aunque ha expuesto sus dudas sobre algunos de los aspectos más polémicos. Como el de la objeción.

Según Sánchez, jamás se da el "encarnizamiento de los médicos en este tipo de casos". No hay denuncias: "Al revés, los familiares nos instan a prolongar la vida". Según el presidente del Consejo de Colegios Profesionales, el código ético de los médicos ya contempla la obligación de limitar el soporte vital para evitar prolongar de forma cruel los últimos momentos de vida. "Es la práctica común".

Según ha reconocido Rosa Isabel Ríos, la nueva ley "está inspirada" en casos como el de Inmaculada Echeverría, que fue obligada a vivir enganchada un respirador en un hospital granadino que estaba gestionado por una orden religiosa. O en otros como el del hospital de Leganés. El doctor Luis Montes, ex jefe de Urgencias del Severo Ochoa de Madrid, llegó a ser procesado por un presunto caso de sedaciones ilegales, que se quedó en nada cuando llegó a la justicia.

Miguel Gómez de Agüero, presidente de la asociación Profesionales por la Ética, también ha sostenido que la norma no aborda directamente la eutanasia, aunque podría hacerlo "de hecho" al regularse la suspensión del soporte vital. Rosa Isabel Ríos Martínez, del PSOE, ha respondido a esto: "La ley ni regula la eutanasia ni regula el suicidio asistido. El Código Penal no nos lo permitiría". "Eutanasia activa, en ningún momento", ha añadido el PP.

Otra de las dudas que suscita entre los profesionales la futura ley son las comisiones éticas que decidirán los tratamientos en los casos más complicados. Según ha asegurado Álvaro Gándara, presidente de la Asociación de Cuidados Paliativos de Madrid, debe fijarse bien quiénes compondrán estos órganos. Juan José Sánchez ha pedido que también estén representados en estos comités los colegios profesionales. Por último, el doctor Álvaro Gándara ha mostrado sus dudas por el fuerte esfuerzo presupuestario que esta norma va a requerir.

"Sería desobedecer un derecho de los pacientes"

Luis Montes es uno de los "inspiradores" de la ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte de Andalucía. Este doctor, ex responsable del área de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Madrid, tiene atragantado, como si fuese el hueso de una manzana, el calvario que pasó cuando fue denunciado por unas presuntas sedaciones ilegales en su centro médico. El asunto se quedó en nada y la Audiencia de Madrid archivó el caso definitivamente en enero de 2008.

¿Qué hubiera ocurrido si en Madrid hubiera existido una norma como la que pretende aprobar la Junta? Pues todo hubiera sido igual, afirma Montes: "Nos acusaron de homicidio. Con ley o no hubieran actuado de la misma forma". Este doctor se lamenta de la postura del Gobierno regional de Madrid.

Montes era uno de los invitados a participar en el debate sobre la ley de muerte digna en el Parlamento autonómico. Su presencia la había solicitado IU, pero finalmente no ha podido acudir debido a compromisos laborales. En declaraciones telefónicas al diario EL PAÍS, Montes ha felicitado a la Junta por abordar este asunto y dar garantías a los pacientes. Respecto a la objeción de los médicos, Montes lo tiene claro: "No me parece que este asunto pueda caber la objeción. Sería desobedecer un derecho que tienen los pacientes".

A pesar de estar a favor de la norma andaluza, este facultativo cree que el verdadero debate que se debe abordar en la comunidad y en el resto del país es el de la eutanasia activa y el suicidio asistido. Aunque reconoce que este asunto "no es una competencia de las autonomías". El Gobierno central es el que tendría que hacerlo.

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