Un informe denuncia discriminación contra las minorías en la UE

Los grupos minoritarios de la Unión Europea (UE) sufren un nivel alto de discriminación, que apenas denuncian debido al convencimiento de que no serviría de nada, según una encuesta divulgada ayer por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales.

Un 55% de las personas consultadas considera que el rechazo en su país de residencia es grande, un 37% dice que ha sufrido personalmente un acto de discriminación en el último año y un 12% ha sufrido un delito racista en los últimos 12 meses.

"El estudio revela que la discriminación, el acoso y la violencia por motivos raciales están mucho más extendidos de lo que recogen las estadísticas oficiales", afirmó el director de la agencia, Moretn Kjaerum. Unos 23.500 inmigrantes residentes en los 27 países de la UE participaron en la encuesta, la primera de este tipo.

Los gitanos son el grupo que más sufre discriminación. Un 47% denuncia que ha recibido alguna agresión racista en el último año, seguido por un 41% de los subsaharianos. La mayoría de los episodios no son denunciados, según indica el estudio. Un 63% de los encuestados señala que la denuncia no serviría para nada, mientras que un 40% lo considera como algo normal.

Además, sólo una quinta parte de los entrevistados conocía a qué institución u organismo podían dirigirse para asesorarles en caso de sufrir actos de discriminación. Entre las víctimas de delitos racistas, un 80% reconoció que no había acudido a la policía.

La investigación señala también la discriminación en los servicios privados (restaurantes, bares, tiendas o bancos), algo que ha denunciado un 30% de los gitanos, un 21% de los subsaharianos y un 19% de los norteafricanos. Los gitanos y los subsaharianos son también las principales víctimas de delitos racistas.

Joanna Goodey, responsable del estudio, recordó que sólo 11 de los 27 países comunitarios recogen datos de forma adecuada sobre crímenes racistas, y añadió que cinco países no elaboran ninguna estadística de este tipo.

El comisario europeo de Justicia, Jacques Barrot, mostró su "preocupación", según declaró en un comunicado. La situación, señala, "puede afectar negativamente al proceso de integración de los inmigrantes", que es "vital" para la cohesión social.