El PP llevará al Constitucional la futura ley de plazos del aborto

"El aborto es malo. Es malo para las mujeres y es malo para la sociedad. No puede ser un derecho de la mujer algo que es malo para ella. Frente al aborto, más vida". Estas palabras, pronunciadas hoy por Sandra Moneo, portavoz del PP en la Subcomisión del aborto en el Congreso, resumen la posición de su partido sobre las conclusiones presentadas por el PSOE y que giran, como ha avanzado hoy este diario, sobre tres ejes: el aborto sí es un derecho; es un derecho que las mujeres podrán ejercitar según su libre voluntad en un plazo no detallado en el texto (que determinará el Gobierno y que oscilará entre las 14 y las 16 semanas) y con posterioridad si se cumplen algunas condiciones; y es un derecho que deberá garantizar el sistema público de salud. El PP considera que una ley de plazos es una "auténtica barbaridad" que no entra dentro de la Constitución y que, si se aprueba, será recurrida ante el Tribunal Constitucional.

La subcomisión del aborto se cerró ayer tras tres meses de intenso debate que estaba abocado desde el inicio al desencuentro entre los partidos por motivos ideológicos y religiosos. Las conclusiones se votarán el próximo día 18 en el seno de la Comisión de Igualdad y ya hay dos votos particulares anunciados y antitéticos: el del Partido Popular que quiere que se cumpla estrictamente la ley actual y se proteja la objeción de conciencia de los médicos ?el 98% de los abortos se hacen en la sanidad privada? y el de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana, que proponen una ley de plazos de 20 a 24 semanas, más amplia que lo que parece tener en mente el Gobierno.

En cualquier caso, y a pesar de este voto particular, IU, ICV y ERC, junto con el Bloque Nacionalista Galego, están de acuerdo con el Gobierno en la necesidad imperiosa de modificar la ley, por lo que la norma saldría adelante a pesar de la oposición del PP. PNV y CiU darán libertad de voto a sus parlamentarios.

Durante estos tres meses han desfilado por el Congreso comparecientes propuestos por el PP que, en algunos casos, como ocurrió con el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, propusieron directamente prohibir el aborto. El PP, que en los años 80 (siendo Alianza Popular) criticó ferozmente la aprobación de la norma y la llevó ante el Constitucional, parece ahora encontrarse cómodo con su letra. No propone cambiarla sino exigir el estricto cumplimiento de los supuestos despenalizados (violación, malformación fetal y grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la madre). Su objetivo es, según explicó la portavoz, que se creen comisiones de evaluación médicas que examinen cada caso y que verifiquen que no se abusa de la ley; que se proteja el derecho a la objeción de conciencia de los médicos; y, sobre todo, que se establezcan fuertes medidas económicas y sociales de apoyo a la maternidad "para que ninguna mujer se vea obligada a abortar".

La constitucionalidad de la futura ley de plazos no es un tema menor. La sentencia de 1985 del Tribunal Constitucional que marcó los límites dentro de los cuales debía moverse esta práctica afirmaba que el feto era un "bien jurídicamente protegido" y que, por lo tanto, el aborto sólo cabía en determinados casos tasados y dentro de unos plazos. La aprobación de una norma que consagre el aborto como un derecho de libre ejercicio supone una revisión del esquema jurídico montado en torno al aborto y exigiría que, si el PP la recurre, el Alto Tribunal revise su planteamiento de hace 24 años. Un período de reflexión para la mujer, junto con información suficiente para tomar su decisión podrían, quizá, salvar este escollo constitucional.