Baleares no aplicará la Ley Antitabaco al considerar que es mejor su propia norma

Baleares aplicará su propia ley autonómica antitabaco, aprobada hace seis meses, y no la estatal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2006, al entender el Gobierno balear que la suya defiende mejor los derechos de los no fumadores y que, por tanto, supondría "un paso atrás" en la protección de la salud pública de los ciudadanos de las islas. La norma autonómica obliga a todos los locales a tener un espacio para no fumadores independientemente de su superficie. Tras conocer la noticia, el Ministerio de Sanidad ha recordado a las autoridades de las islas que la ley es de obligado cumplimiento para todo el país.

La decisión del Gobierno balear la ha comunicado la consejera de Salud y Consumo, Aina Castillo. En rueda de prensa, ha explicado que ha encargado un informe a los servicios jurídicos de la comunidad para que "avale" la medida del Ejecutivo autonómico, tomada en respuesta a una petición de los representantes de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), con quienes se ha reunido esta mañana. En todo caso, mientras no se tenga esta respuesta jurídica, se aplicará la ley balear.

Castillo entiende que su resolución es legal y que forzosamente prevalece la norma balear porque es más restrictiva con el tabaco, ya que obliga a todos los bares y restaurantes que deseen seguir teniendo clientes fumadores a habilitar dos zonas diferenciadas, frente a la del Gobierno central, que establece esta obligación sólo en los de más de 100 metros cuadrados. "Aplicar la norma estatal es un paso atrás en la lucha a favor de la salud pública", ha argumentado la consejera, quien ha dicho no entender por qué "se permite morir en los locales más pequeños" y "no en los más grandes", partiendo de la premisa de que "el tabaco mata".

Sin separaciones físicas

En este sentido, ha recordado que la gran mayoría de los establecimientos de las islas son de menos de 100 metros cuadrados y que el 90% de ellos ya ha anunciado que permitirá fumar, teniendo en cuenta que la legislación estatal da a los pequeños locales la potestad de escoger. Por otro lado, ha avanzado que pedirá una entrevista con la ministra de Sanidad, Elena Salgado, a la que asistirá con representantes de la CAEB, para apoyar a esta patronal en su petición de que se alargue el plazo para adaptarse a la ley, de los ochos meses actuales a dos o tres años.

El presidente de la CAEB, Josep Oliver, ha explicado que esta demanda se realiza porque las separaciones físicas que exige la ley estatal en los locales de más de 100 metros requieren trabajos de construcción, lo cual significa que estos establecimientos se encontrarían en obras en plena temporada turística, con el perjuicio que comporta. La ley autonómica, en cambio, obliga a establecer separaciones, pero no físicas. En respuesta, el Ministerio de Sanidad ha recordado al Gobierno balear que la ley del tabaco, aprobada el pasado día 16 por el Congreso de los Diputados, es una ley estatal y, por lo tanto, "básica y de obligada aplicación" en todo el territorio nacional.

El secretario general técnico de este departamento, Javier Ignacio Vega, ha advertido además al Gobierno balear que su normativa no puede entrar en colisión con la ley estatal. Según Sanidad, la norma "fija el mínimo común denominador normativo que deben respetar todas las comunidades". En este sentido, ha añadido que las autonomías pueden desarrollar esta legislación a través de su propia normativa, pero siempre siendo respetuosas con las propias exigencias de la ley estatal. Vega se ha mostrado sorprendido por este anuncio y también por el encargo de un informe para avalar la decisión del Ejecutivo autonómico. "Lo lógico hubiera sido primero pedir el informe jurídico y después adoptar las medidas que se estimasen convenientes", ha subrayado.