La Iglesia de EE UU ficha a un alto cargo del FBI para dirigir su oficina antipederastia

La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha nombrado hoy a un alto cargo de la Oficina Federal de Investigación (FBI) para dirigir la política de vigilancia y seguimiento de los curas pederastas. Se trata de Kathleen L. McChesney, una católica de 51 años y número tres del FBI.

La Oficina de Protección del Niño y la Juventud, un órgano creado recientemente por la Iglesia católica de EE UU en respuesta a los numerosos escándalos de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes, estará dirigida por Kathleen L. McChesney, número tres del FBI. Esta funcionaria, la mujer que ha llegado más alto en el escalafón de la policía federal, es asistente ejecutiva del director de la División para el Cumplimiento de la Ley.

Desde hace un año es responsable de la coordinación entre los más de 18.000 agentes del FBI, un cargo creado tras los atentados del 11 de septiembre, ante las numerosas críticas por la desconexión entre las diferentes oficinas que investigaban a presuntos terroristas dentro de EE UU. McChesney, de 51 años y católica, tendrá ahora que vigilar la controvertida política de la Iglesia católica de EE UU, afectada por una crisis sin precedentes por los abusos sexuales a menores.

Tras una oleada de denuncias, detenciones y algunas condenas o arreglos extrajudiciales para evitarlas, la Conferencia Episcopal de EE UU se vio obligada a que poner en marcha unas medidas drásticas, que incluso han sido criticadas por el Vaticano, que prevén la expulsión del sacerdocio de los curas que hayan cometido abusos. Hasta ahora, más de 300 han sido expulsados.

En este sentido, la semana pasada y a petición del Vaticano, se decidió armonizar su política, llamada de tolerancia cero, con el derecho canónico internacional. Para ello, se estableció un plazo de prescripción de estos delitos de abuso sexual y se cambió la definición de acto sexual, así como los requisitos para suspender permanentemente a los sacerdotes acusados de pederastia. La normativa deberá ser aprobada por el pleno de la conferencia episcopal, a mediados de mes, pero ya se ha interpretado como un paso atrás en la reforma adoptada tras los escándalos de curas pederastas.