El Gobierno aprueba la reforma universitaria con la oposición de rectores y alumnos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley para la reforma de las universidades, que contempla el fin de la selectividad y la renovación mediante elecciones constituyentes de sus órganos directivos. El texto cuenta con la oposición de alumnos y rectores, así como de IU y el PSOE, que ha pedido su retirada.

Tras su aprobación, el proyecto va a ser remitido a las Cortes, una vez que el Consejo de Estado diera la semana pasada el visto bueno al texto.

Los rectores han anunciado que tratarán de modificar la ley mediante enmiendas parlamentarias

La selectividad será sustituida en el curso 2003/2004 por pruebas diseñadas por las universidades

El texto difiere en gran medida del inicialmente presentado por la titular de Educación el pasado mes de marzo, pues ha sufrido varias modificaciones tras largas discusiones con los rectores y comunidades autónomas en el Consejo de Universidades, y después de conocerse el dictamen del Consejo de Estado.

La futura ley no cuenta sin embargo con el respaldo de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, de IU y del PSOE; también han mostrado su oposición las seis comunidades autónomas gobernadas por los socialistas, el País Vasco y varias organizaciones estudiantiles.

Los rectores se oponen a la renovación mediante elecciones del puesto que ocupan, pues consideran que lo "razonable", en línea con las observaciones del Consejo de Estado, es que los actuales órganos de gobierno adapten los estatutos.

Por ello, han anunciado su intención de enviar a los grupos parlamentarios sus propuestas, con el fin de canalizarlas a través de las enmiendas parlamentarias durante la tramitación de la ley en el Congreso el próximo mes de septiembre. Las asociaciones de estudiantes que se oponen a la ley han anunciado que se unirán a esta medida de los rectores.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, ha recalcado hoy la importancia del proyecto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros; del Castillo ha señalado que desarrolla por primera vez un método sistemático de evaluación de la calidad del sistema universitario español, con el fin de conseguir el mayor rendimiento posible de este servicio público. Sin embargo, la ministra no ha anunciado cuando se conocerán los primeros resultados de este análisis.

Fin de la selectividad

Entre las modificaciones incluidas en el texto durante las conversaciones previas a su aprobación por parte del Gobierno destacan las que atañen a la composición de los órganos de gobierno de las universidades. Finalmente, el Consejo de Gobierno (órgano gestor) estará integrado por 40 miembros de la comunidad universitaria, de los que tres serán representantes no académicos del Consejo Social, que tendrán voz pero no voto.

Asimismo, el Consejo Social (órgano de control) estará compuesto exclusivamente por representantes de la sociedad, y tres representantes del Consejo de Gobierno (rector, secretario general y gerente), quienes tampoco tendrán voto.

El último retoque llegó el pasado lunes tras conocerse el dictamen del Consejo de Estado, y afectó a las disposiciones transitorias, en concreto a la que establecía la celebración de un proceso constituyente para adaptar las universidades a la nueva legislación, y que suponía en algunos casos tres elecciones en menos de dos años.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de la enseñanza superior y evitar la "endogamia", por lo que introduce una remodelación de la carrera docente, un nuevo sistema de selección del profesorado, cuyo coste anual se estima en 1.177.955.000 pesetas, y una Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, con un coste estimado de 1.835.960.000 pesetas.

El texto contempla también el fin de la selectividad, pues a partir del curso 2003/2004 las universidades establecerán sus propios requisitos de admisión de alumnos, aunque deberán respetar los criterios de igualdad, mérito y capacidad.