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Derecho y tecnología

¿Cómo puede ayudar el ‘big data’ a la cooperación para el desarrollo?

Las tecnologías de análisis y visualización de datos y la inteligencia artificial pueden ser muy útiles en la evaluación de las políticas públicas. También en la cooperación

Arabia Saudi
Reparto de cajas de la Media Luna Roja en Yemen.Getty Images

Ya hemos dicho alguna vez que sería conveniente aplicar tecnologías de análisis y visualización de datos (big data) y de inteligencia artificial a la evaluación de las políticas públicas: no solo en la rendición de cuentas (que es una suerte de autopsia), sino en su diseño (que debe basarse en datos y no en ocurrencias) y su ejecución (hay que monitorizarla en tiempo real para corregir el rumbo si es necesario).

Pero si esto es una imperiosa necesidad en cualquier política pública, con mayor razón lo es en las políticas de cooperación internacional para el desarrollo, pues son políticas y medidas finalistas, orientadas a un objetivo concreto: el desarrollo de los países que menos lo están. Desarrollo que puede y debe medirse antes, durante y después de aplicar estas políticas para analizar los resultados.

El big data y la inteligencia artificial pueden ayudar no solo a desplegar una cooperación para el desarrollo más eficiente (un mejor aprovechamiento de los recursos, que siempre son escasos), sino sobre todo más eficaz. También puede ayudar a generar una mayor calidad de los servicios públicos que se prestan en los países destinatarios de la misma y una mayor satisfacción de sus ciudadanos.

La Agenda 2030, que tiene por lema Transformar Nuestro Mundo, incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la comunidad internacional en el periodo 2016-2030, impulsada por la ONU.

Se basan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), aprobados en 2000 para el periodo 2000-2015, aunque incluyen nuevas prioridades, como el cambio climático, el consumo sostenible y la creación de instituciones eficaces.

Los ODS son 17, con 169 metas (a diferencia de los ODM, que eran 8 con 21 metas), aunque el último de ellos es un objetivo instrumental: las alianzas para lograr los objetivos.

Del mismo modo, el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible comienza con un capítulo referido a la necesidad y el poder de los datos “para implementar y supervisar plenamente el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

En esta dirección, en enero de 2017 se celebró en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el primer Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas, en el que se estableció un Plan de Acción para los Datos sobre Desarrollo Sostenible.

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El Banco Interamericano de Desarrollo es una de las principales instituciones financieras internacionales que colaboran, en su ámbito geográfico, por impulsar los ODS.

Con una historia que comienza en 1959, es la principal fuente de financiación para el desarrollo para América Latina y el Caribe. Ofrece préstamos, donaciones y asistencia técnica; y realiza también investigaciones sobre su campo de acción.

Mantienen un firme compromiso con la consecución de resultados medibles y con los más altos estándares de integridad, transparencia y rendición de cuentas. Y también están preocupados y ocupados por el uso ético de los datos.

En este sentido, han convocado un interesante taller, para el próximo 26 de junio, sobre “aspectos éticos de los datos: entendiendo los desafíos y oportunidades de utilizar el poder de la inteligencia artificial y los algoritmos para el bien social”.

¿Cómo usar el análisis de datos (big data) y la inteligencia artificial para mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios sociales y cómo asegurarse de que no solo cumplan las regulaciones nacionales, sino también estándares éticos?

Si bien está demostrado que la aplicación de tecnologías de análisis de datos, tanto personales como agregados, ayuda al diseño y a la prestación de mejores servicios sociales, recientes escándalos en el mundo de las empresas de internet y especialmente en las redes sociales han hecho que los ciudadanos desconfíen de los usos que se dan o se pueden dar a sus datos.

Hay casos en que los gobiernos de la región y otras instituciones (organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales bilaterales o multilaterales) han tenido que abandonar proyectos de prestación de servicios sociales basados en estas tecnologías debido a cuestiones de privacidad, seguridad y confianza. Por eso, recuperar la confianza es un elemento crítico.

Para ello no basta, a mi juicio, con declaraciones solemnes sobre “la necesidad de poner a las personas en el centro del debate digital” o de practicar “un uso de la tecnología más responsable centrado en el ser humano”. Es imprescindible definir exigentes estándares éticos y buenas prácticas de lealtad y transparencia en el tratamiento de datos personales y, sobre todo, sistemas de vigilancia y garantía.

El principal problema que veo en este tema es que frecuentemente se confunden dos mundos: uno, el de los datos personales (asociados a personas identificadas o identificables), que deben protegerse en una caja fuerte, bajo siete llaves, como en un banco; y otro, el de los datos disociados (anonimizados, seudonimizados o agregados), que no solo pueden, sino que deben abrirse y circular libremente.

La utilización de datos personales (asociados a personas con nombre y apellido) es imprescindible cuando se les está prestando un servicio social por gobiernos, igual que cuando les prestan servicios las empresas privadas. Esos datos (como los de salud), sujetos al deber de secreto, sirven para prestar unos servicios más personalizados, de mayor calidad y que aumentan la satisfacción del ciudadano.

Pero, una vez han sido disociados (anonimizados, seudonimizados o agregados) de la identidad de sus titulares (no solo nombre y apellido, sino todo elemento que le identifique), esos datos deben abrirse para poder definir patrones que se repiten y modelos predictivos que permitan diseñar, monitorizar y evaluar los resultados de esos servicios sociales para mejorarlos.

Borja Adsuara es profesor, abogado, consultor y experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital.

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