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ANÁLISIS

Hacia una política basada en datos

Debemos ir hacia políticas públicas concretas basadas en datos, tanto en su diseño como en su ejecución y evaluación de resultados

Un hombre sostiene un ordenador portátil con un fondo binario. Ampliar foto
Un hombre sostiene un ordenador portátil con un fondo binario. Reuters

Al igual que hay un “Periodismo de Datos” o basado en datos (en Bases de Datos y en Big Data), debemos ir hacia una Política, en general, y hacia políticas públicas concretas basadas en datos, tanto en su diseño como en su ejecución y evaluación de resultados. Para ello es imprescindible no sólo la generalización del uso de las TIC en la Administración pública, sino su orientación a la generación de esos datos.

En esta nueva “Política de datos” o basada en datos hay que tener en cuenta, al menos, tres aspectos importantes: la Protección de Datos, la Apertura de Datos (Open Data) y Reutilización de Información del Sector Público (RISP), y el Análisis y Visualización de Datos, para lo cual es esencial utilizar el Big Data, como hace ya el sector privado, y –por qué no- la computación cognitiva o Inteligencia Artificial.

1. Protección de Datos de las Administraciones Públicas

El pasado 25 de mayo entró en vigor el nuevo Reglamento europeo de Protección de Datos, que se aplicará directamente (sin necesidad de aprobar una ley nacional para su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico) el 25 de mayo del año 2018. Lo cual quiere decir que tenemos dos años (ya sólo año y medio) para adaptarnos a dicho Reglamento, antes de que se empiece a aplicar su régimen sancionador.

Las Administraciones Públicas deben cumplir con las nuevas obligaciones que el Reglamento europeo les impone

Las Administraciones Públicas también han de hacerlo y antes de esa fecha deben cumplir con las nuevas obligaciones que el Reglamento europeo les impone. Entre otras, la de nombrar un Delegado de Protección de Datos de toda la Administración y de los organismos que hagan un uso de datos “sensibles” o a gran escala, con la función de informar, asesorar y supervisar el cumplimiento del nuevo Reglamento.

Este nuevo Delegado de Protección de Datos de la Administración tiene funciones diferentes y complementarias a las de la Agencia Española de Protección de Datos (la autoridad de control), con la que debe cooperar y estar en permanente contacto. Y, por otro lado, debe haber una coordinación y armonización de criterios entre los Delegados de Protección de Datos de las diferentes administraciones públicas.

2. Apertura de Datos y Reutilización de Información del Sector Público

Al igual que la Administración tiene la obligación de proteger los datos que custodia, también tiene la obligación de abrirlos, para que así puedan ser reutilizados por los ciudadanos y las empresas. Estas dos obligaciones, que parecen contradictorias, no lo son; porque la Administración, en realidad, no debe proteger los datos en sí, sino la identidad de sus titulares o de las personas físicas a las que éstos afectan.

La Agencia Española de Protección de Datos acaba de publicar sendas guías, con orientaciones y garantías

¿Cómo se hace eso? Mediante la disociación entre los datos y las personas físicas (a través de procesos de anonimización, pseudonimización o agregación de datos). Justamente la Agencia Española de Protección de Datos acaba de publicar sendas guías, con orientaciones y garantías tanto en los procedimientos de anonimización de datos personales como en la reutilización de la información del sector público.

Cabe destacar -en este ámbito de la apertura de datos (Open Data) y la reutilización de la información del sector público (RISP)- la gran labor que ha venido realizando desde hace años la entidad “red.es”, con el plan “aporta” y el portal “datos.gob.es”. Iniciativas que han obtenido el reconocimiento internacional, no sólo con premios, sino también con la organización de la Conferencia Internacional de Open Data.

3. Análisis de Datos y Evaluación de Políticas Públicas

Por último, es necesario el análisis y visualización de datos para poder realizar la evaluación de las políticas públicas. No sólo una rendición de cuentas a posteriori, cuando ha terminado la ejecución de un proyecto (que es una especie de autopsia), sino una monitorización “en tiempo real”, para poder corregir los errores a tiempo. Y, para ello, sería imprescindible la utilización de la gran capacidad del “Big Data”.

Un organismo independiente sería muy útil para la labor parlamentaria de control y, por ejemplo, para un Debate de Liquidación de los Presupuestos del ejercicio anterior

Actualmente, en la Administración General del Estado, realiza esta labor la Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL), pero de forma muy limitada, ya que no parece que cuente con los recursos y con los datos necesarios para hacer lo que decimos. Hasta tal punto que en el Pacto de Investidura de Ciudadanos y el Partido Popular incluye su supresión y la creación de un nuevo Instituto independiente (medida 17).

Estamos de acuerdo en que, quizá, debería crearse un organismo “independiente” (o dependiente del Parlamento, a quien le corresponde el control del Gobierno), “para evaluar la eficacia y el coste de las políticas y programas de gasto público, incluyendo políticas educativas, sanitarias y sociales a nivel nacional, de forma independiente, profesional y efectiva”, como dice el pacto entre Ciudadanos y PP.

Un organismo independiente (o dependiente del Parlamento) sería muy útil para la labor parlamentaria de control y, por ejemplo, para un Debate de Liquidación de los Presupuestos del ejercicio anterior, en el mes de julio, en el que no sólo se hiciera una rendición de cuentas de la ejecución económica, sino también de resultados. Aportaría información muy valiosa para preparar los presupuestos del próximo año.

Pero no creemos que las Administraciones deban renunciar a tener organismos u oficinas para poder hacer el seguimiento y la evaluación de sus propias políticas, porque sería absurdo que existiera un control externo, pero no un control interno. Es más, ese organismo u oficina interna resulta imprescindible para proporcionar los datos que necesita el organismo de control externo para poder realizar su labor.

¿Un CDO (Chief Data Officer) de la Administración?

Como hemos visto, hay al menos tres funciones o aspectos, referidos a los datos, que deberían atender las administraciones públicas y que requieren la creación de nuevas figuras u organismos. La pregunta es: ¿deben ser tres figuras u organismos distintos o sería conveniente que se agruparan todas ellas, en cada administración, en una misma “Oficina de Datos” con un CDO (Chief Data Officer) al frente?

¿Por qué no crear una “Oficina de Datos”, con un “CDO” al frente, que se ocupe de todo el “ciclo de vida” de la información pública?

La tendencia actual en las grandes empresas es centralizar en una oficina todos los datos de su actividad y nombrar al frente de ella a un Jefe de Datos, que sea el responsable de todos los aspectos que afectan a su gestión, tanto los de seguridad y Protección de Datos, como los de gobierno y “explotación” de cara al negocio e, incluso, los de Apertura, Visualización y Reutilización de los datos de una empresa.

El Reglamento europeo de Protección de Datos obliga a todas las Administraciones a nombrar un Delegado de Protección de Datos o “DPO” (Data Protection Officer) que, como establece el propio Reglamento (artículo 38.6) “podrá desempeñar otras funciones y cometidos”. ¿Por qué no crear una “Oficina de Datos”, con un “CDO” al frente, que se ocupe de todo el “ciclo de vida” de la información pública?

No está claro de quién debería depender esa Oficina de Datos en la Administración General del Estado, pero, sin duda, debe contar con un gran respaldo político o no funcionará. No se trata sólo del control económico de la ejecución presupuestaria, que corresponde a Hacienda, sino de tener un “cuadro de mandos”, en tiempo real, para poder conocer el impacto de las políticas públicas; es decir, cómo va el país.

En este sentido, parece que una ubicación razonable podría ser la Vicepresidencia del Gobierno, Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, teniendo en cuenta que le corresponde la coordinación de la acción del Gobierno a través de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y ahora también, la coordinación con las demás Administraciones Públicas.

Razones prácticas para una Política basada en datos

1.- Es el modo de evitar las “ocurrencias” y los proyectos para lucimiento personal del político de turno, al que sólo le interese la oportunidad de “salir en la foto” en la presentación o inauguración del mismo (photo-oportunity).

2.- Es la única forma eficaz y objetiva de blindarse frente a discursos “populistas”, que defienden políticas que ya se han aplicado y han fracasado en alguna parte del mundo (“benchmarking” o comparación con buenas prácticas).

3.- Es la manera de poder hacer realidad -por fin- el presupuesto de base cero, por programas y objetivos, con indicadores de cumplimiento, y desterrar -de una vez- el “índice de ejecución presupuestaria” como único indicador de una buena gestión.

¿Cómo hacer recortes?

Por ejemplo, ante la necesidad recortar el gasto público en 5.500 millones de euros, ¿con qué criterio se va a hacer?, ¿lineal o proporcionalmente entre los diferentes Ministerios?, ¿no sería más razonable reforzar el gasto útil y recortar el inútil?

Para que las Administraciones públicas puedan hacer lo que hacen las empresas o las familias que tienen que recortar gastos, han de saber qué políticas y proyectos están funcionando y cuáles no están dando los resultados esperados.

Pero, sobre todo, lo que ya no es aceptable es que se pongan en marcha políticas y proyectos sin datos previos y que no se sepa, siquiera, si tienen algún resultado. Son los primeros que hay que recortar o paralizar,... hasta que se sepa.

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