Así están cambiando las políticas públicas en la economía digital

La economía digital podría poner en marcha una serie de cambios en la forma en que se lleva a cabo la política monetaria. El primero de ellos se refiere a los objetivos de inflación, el segundo a la creciente importancia de las monedas digitales y el tercero, y posiblemente el más complejo, a las criptomonedas. Podrían producirse cambios profundos en la forma de calcular la inflación y su comportamiento. Apreciamos tres razones para ello:

• Cambios en el mercado laboral y los niveles determinados de renta. Eso probablemente traiga consigo más volatilidad en la renta y las dinámicas sectoriales específicas más allá de la tendencia macroeconómica general.
• Cambios en las estrategias de precios de las empresas, que pasarán a estar determinadas en un porcentaje mayor por las consideraciones microeconómicas, en lugar de las macroeconómicas.
• Cambios en la cesta de los consumidores relacionados con los patrones de consumo, que están dando más peso a los servicios en detrimento de los bienes.

En general, esto significa que las oficinas estadísticas y los conceptos económicos han de replantearse. Más allá de las cuestiones econométricas, los planteamientos podrían tener que evolucionar y las relaciones establecidas por la teoría económica podrían tener que evolucionar también. Aunque la mayor parte de la teoría económica moderna se ha forjado en el paradigma económico fordiano durante los últimos 100 años, en la era digital podrían surgir nuevos conceptos y modelos de trabajo. El debate actual entre los bancos centrales en torno a la curva de Philips (la dinámica inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación) podría indicar que, en un plano más general, necesitamos revisar nuestra comprensión de las relaciones entre los precios y el empleo. Ya se han lanzado algunas iniciativas de investigación en este sentido.

En Suecia, los comerciantes ya pueden legalmente negarse a aceptar efectivo

Otro reto es el cambio propiciado por la tecnología en las monedas. Un aspecto crítico es la centralización de los registros. Existen varios caminos, desde la simple digitalización de la moneda que tan solo cambiaría los sistemas de pago, hasta una moneda digital plena emitida por los bancos centrales y basada en registros distribuidos. La sustitución del papel moneda por su forma electrónica ya está bastante avanzada en varias economías (en 2015, únicamente el 32% de las transacciones de los consumidores estadounidenses se realizaron en efectivo, ocho puntos porcentuales menos en tres años) y probablemente se desarrolle más en el futuro.

En Suecia, los comerciantes ya pueden legalmente negarse a aceptar efectivo. Además de luchar contra el blanqueo de capitales, el entorno actual de bajos tipos de interés ha añadido un argumento: la digitalización de las monedas hace más fácil implantar tipos de interés negativos, ya que la posibilidad de acumular dinero en efectivo desaparece (lo que no significa que los tipos de interés negativos no presenten inconvenientes).

La cuestión más polémica es el paso a registros distribuidos, es decir, una gestión descentralizada de las transacciones. Los bancos centrales ya han empezado a investigar la idea de monedas digitales emitidas por ellos. En concreto, podrían introducir una nueva herramienta de política monetaria, además del tipo de interés de referencia, que podría ser el tipo de interés abonado por el banco central sobre depósitos en moneda digital. Sin embargo, los desafíos son importantes, ya que la estabilidad financiera podría verse afectada, no sólo debido a los riesgos de infraestructura, sino también porque los bancos experimentarían dificultades en dos ámbitos: los servicios de pago que generan ingresos y los costes de financiación, debido al descenso de los depósitos. Las criptomonedas van un paso más allá, ya que ofrecen una alternativa al dinero de los bancos centrales, lo que cuestiona la existencia misma de estas entidades.

• Adaptar las políticas fiscales y de competencia

Los sistemas tributarios actuales tendrán que replantearse qué puede ser gravado

Los negocios digitales son extremadamente móviles y están basados en actividades de red; por lo tanto, pueden interactuar remotamente con los clientes. Por el contrario, el sistema tributario internacional está basado en el concepto geográfico de establecimiento permanente. Eso hace que a las empresas digitales les resulte relativamente sencillo redistribuir o transferir activos e ingresos entre filiales para evitar u optimizar la fiscalidad (la denominada erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, BEPS por sus iniciales en inglés).

Los sistemas tributarios actuales también tienen que replantearse qué puede ser gravado. En la economía digital, varias áreas importantes del modelo de negocio son actividades no sujetas a precios o servicios gratuitos. Por último, algunas decisiones en materia de fiscalidad tienen implicaciones para la propia innovación y los gobiernos deben atender a consideraciones de neutralidad. ¿Deberían tratarse las criptomonedas como una forma de propiedad, como se tratan actualmente, o como una forma de moneda, a medida que el uso se difunda? Las decisiones de las autoridades influirán ciertamente en los resultados.

En cuanto a la competencia, los modelos de negocio digitales también cuestionan las prácticas y los planteamientos actuales. Los modelos basados en redes aspiran de forma natural a conseguir un monopolio en su mercado, lo que significa que la economía digital aumenta la probabilidad de tener situaciones del tipo “el ganador se lo lleva todo”. Pero estos monopolios plantean un conjunto diferente de consideraciones, ya que i) las barreras de entrada siguen siendo bajas porque los activos de red son intangibles (a diferencia de los ferrocarriles o las telecomunicaciones), y ii) la ventaja competitiva de las empresas digitales consiste en dar prioridad a los usuarios frente a sus accionistas. Eso significa que las posiciones monopolísticas no van a traducirse necesariamente en precios más altos ni van a elevar al máximo los excedentes de los productores, como sugiere la teoría microeconómica tradicional.

Las iniciativas para abrir los datos públicos y las alianzas entre el sector público y el privado podrían ser importantes para preservar la neutralidad competitiva

Por último, la economía digital está planteando nuevos problemas de competencia. Uno obvio es la neutralidad de la red, es decir, la capacidad de todos los usuarios de Internet de disfrutar del mismo acceso al contenido y los servicios. En fechas más recientes, también ha suscitado atención la neutralidad de los datos. Los organismos públicos tienen un acceso privilegiado a datos que podrían ser valiosos comercialmente para el sector privado. En este contexto, las iniciativas para abrir los datos públicos y las alianzas entre el sector público y el privado podrían ser importantes para preservar la neutralidad competitiva.

• Administración 2.0: nuevos métodos y objetivos

Los gobiernos no son inmunes a la transición digital y varios países ya han puesto en marcha iniciativas. Los organismos públicos han comenzado a emular la economía digital tanto en sus métodos como en el uso de los datos. A las iniciativas que integran planteamientos digitales se les suele denominar “administración como plataforma”. Estas iniciativas generalmente tratan de resolver problemas que sufren los usuarios de los servicios públicos lanzando proyectos muy ágiles que pueden adaptarse o interrumpirse rápidamente y que dependen en gran medida de la transparencia y los comentarios de los usuarios para su mejora continua.

Se necesitarán políticas de redistribución en la economía digital para garantizar que nadie se queda atrás y el populismo no crece más

Los organismos públicos también están utilizando cada vez más los datos para mejorar los servicios y la eficiencia (civil tech), por ejemplo en la recaudación de impuesto para reducir el fraude y los errores. En las oficinas de empleo, los datos recabados en otras áreas de la administración pública pueden ayudar a predecir y prever qué empleos podrían crearse y dónde. Sumado a una recopilación de datos más granular sobre los demandantes de empleo, se podría mejorar espectacularmente la adecuación de los puestos de trabajo a las personas. En la política de transporte están desarrollándose esfuerzos similares: los datos pueden mejorar el diseño y la coordinación entre el transporte público y el privado.

La transición digital también altera los objetivos de las políticas públicas. En primer lugar, se requiere el compromiso de la administración para crear nuevas redes digitales: acelerar el acceso a Internet, formar en su uso y desarrollar o autorizar las infraestructuras de datos. Los gobiernos también deben adaptar la normativa y la fiscalidad para elevar al máximo los beneficios de la economía digital. Eso supone reconocer al capital riesgo y al crowdsourcing como canales principales para financiar la innovación en la nueva economía. La velocidad y la magnitud de los cambios en marcha siguen siendo bastante inciertas, pero ya existen intensos debates sobre cómo afrontar la cuestión.

Incluso en una transición exitosa, se necesitarán políticas de redistribución en la economía digital para garantizar que nadie se queda atrás y el populismo no crece más. Una disrupción digital más acelerada, en la que amplias franjas de la población tendrán dificultades para acceder a un empleo, justificará innovaciones más profundas en las políticas públicas, como las rentas básicas universales. ¿Pero cómo podría gravarse a los robots? ¿Debería parecerse a un impuesto sobre la renta, es decir, proporcional al valor añadido del trabajo del robot? ¿O un impuesto sobre el capital que invierta la tendencia a largo plazo de descenso de la fiscalidad empresarial? Una tercera alternativa es un impuesto a tanto alzado sobre los trabajadores humanos reemplazados, la vía preferida por los economistas por ser la menos distorsionadora. En general, gravar a los robots parece tener sentido desde una perspectiva económica como internalización de un factor externo negativo.