Regulación, ¿enemiga o aliada de la economía colaborativa?

Los gremios tradicionales, organizados como cárteles, aliados con los poderes públicos y amparados por los sistemas de licencias, defienden el status quo. Es decir, una regulación que usan para proteger a los productores no competitivos, y no tanto al consumidor, como a veces se dice". En estos términos se expresó ayer el economista Juan Ramón Rallo durante una de las intervenciones que abrieron las jornadas Sharing Madrid. "El sistema de licencias está amparado por las élites extractivas y no hace sino parasitar el sistema", sentenció el director del Instituto Juan de Mariana, dejando clara su posición en el pulso que mantienen taxis y plataformas como Uber y Cabify.

Las protestas de los taxistas de hace dos semanas constatan dos hechos. Primero, que el despliegue de la llamada economía colaborativa conlleva conflictividad social. Y segundo, que queda mucho trabajo por hacer para que el gran público -y, sobre todo, las instituciones- entiendan la magnitud del cambio que tenemos entre manos y sus múltiples aristas. Contribuir a arrojar luz sobre el complejo fenómeno de la economía digital y colaborativa es el propósito del evento Sharing Madrid, organizado por la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y Sharing España con el apoyo de EL PAÍS RETINA.

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La opinión de Rallo fue con certeza la más liberal de cuantas se escucharon ayer en las múltiples mesas redondas y paneles de las jornadas, que continúan hoy en los Teatros Luchana de Madrid. El tono mayoritario de los representantes de empresas que navegan en las aguas de la economía colaborativa no fue tan agresivo en términos de regulación de mercado. Más bien reclamaron un entorno regulativo estable en el que operar.

• Sector turístico

"En los últimos tres años ha habido un cambio fundamental en todo lo que rodea la economía colaborativa: si antes era un fenómeno con potencial, ahora ya estamos hablando de una pauta de consumo plenamente consolidada", apuntó Àngel Mesado, responsable de políticas públicas de Airbnb. Esta empresa, aseguró, gestionó el año pasado estancias nacionales o en el extranjero a más de tres millones de españoles. Mesado destacó la necesidad de que se coordine la actuación de las distintas administraciones públicas en lo tocante a regular su sector, el de los apartamentos vacacionales, donde hasta el momento están interviniendo las comunidades autónomas y los ayuntamientos. "La disgregación de las actuaciones de las distintas administraciones tiene que ver con que estamos hablando de un fenómeno muy innovador, que ha cogido por sorpresa al regulador. Necesitamos que valentía política para atajar los problemas que se están planteando", añadió.

Joseba Cortázar, director de comunicación de HomeAway España, señaló a Portugal o Francia como países en los que se están tomando medidas para poner orden en este nuevo fenómeno. Los portugueses exigen tener extintor y hoja de reclamaciones a quien quiera meterse en el negocio; los galos han fijado una cantidad de ingresos a partir de la cual se considera que la actividad debe considerarse como profesional, y por tanto tributar como tal. "En Croacia, debido a su pasado socialista y a la guerra, no tienen una gran oferta de alojamientos turísticos. Por eso el 58% de las plazas son de vivienda vacacional, que se ha integrado perfectamente en el sistema", ilustró. Si se quiere llegar a un entendimiento, se puede hacer.

Ese no es el caso (o no lo ha sido hasta ahora) en España. "La situación sigue estancada porque la presión del sector hotelero sobre la Administración no permite avanzar", sentenció el abogado Eliseo Martínez, socio director de Ius + Aequitas.

• ¿Qué hay de la CNMC?

Mientras el Gobierno no toma las "medidas valientes" que reclama Mesado, en referencia a desarrollar una regulación que vaya más allá de parchear los problemas que van surgiendo (véase la limitación sobre el papel de las licencias VTC), hay otro organismo público, aunque independiente, que tiene muy claro su rumbo. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) no ve motivos para cercenar la actividad de la economía de plataformas, tal y como dejó claro con el documento que publicó el año pasado.

"Nuestra función es encontrar, si los hubiera, fallos de mercado que justifiquen una posible intervención. ¿Los hay?", se preguntó María Sobrino, subdirectora de Estudios e Informes del departamento de Promoción y Competencia de la CNMC. "En el caso de los alojamientos podemos hablar de problemas derivados de los propios turistas, que también se dan en el caso de los hoteles; o de la seguridad de los alojamientos, lo cual se podría atajar de forma sencilla", resumió. Conclusión: "no parece justificarse la restricción de este mercado, porque entorpece la competitividad del turismo y el progreso de la economía".