El ministro de Justicia afirma que las penas por sedición son “inusitadamente altas”

El Gobierno lanzó este martes un mensaje con un enorme significado político justo en la víspera de la primera reunión de la mesa de diálogo con la Generalitat. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afirmó este martes en el Senado que las penas por sedición —cargo por el que el Tribunal Supremo condenó a los líderes del procés el pasado octubre— son “inusitadamente altas”. Campo señaló que se trata de un delito “decimonónico”, cuyo origen se remonta a 1822, “y como tal fue pensado para dar respuesta a una conducta propia de hace dos siglos”. Y no al desafío independentista del 1-O. El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras fue el líder del procés que recibió la mayor condena: 13 años por sedición y malversación. Fernando de Rosa, del PP, tachó la reforma del Código Penal que atribuye al Gobierno de “indulto encubierto” a los impulsores del procés.

Frente a las penas de hasta 15 años en España, el ministro señaló que Alemania eliminó el delito de tumulto o revuelta en 1970 y castiga con tres años los “actos violentos realizados por una multitud contra las personas o cosas que pongan en peligro la seguridad pública”. En Francia, cuando la rebelión es armada la pena puede alcanzar los diez años.

“Hoy en día, la práctica totalidad de la comunidad jurídica entiende que la vinculación entre sedición y rebelión es un error”, aseveró el ministro de Justicia, que recordó que FAES, el laboratorio ideológico que preside José María Aznar, trató de la necesidad de reformar el delito de sedición.

“Lo que ha ocurrido en Cataluña responde a una situación compleja y distinta a las vividas en el pasado. Por eso, es normal que los tipos penales preexistentes no se ajusten a esa realidad y su aplicación genere problemas jurídicos y sociales. Sobre todo cuando estos tipos se han diseñado pensando en lógicas de otras épocas, en amenazas que no se corresponden exactamente con lo que ha ocurrido”, argumentó Campo.

La crispación marcó la primera sesión de control a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Senado. El PP trasladó a la Cámara alta la estrategia de confrontación habitual en el Congreso frente al Ejecutivo de coalición. De nuevo con la polémica reunión del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas como el principal asunto de fricción. La bancada del PP exigió la dimisión de ambos. “Si lo único que se les ocurre es preguntar por Venezuela a este Gobierno me lo tomo como un cumplido, porque significa que lo estamos haciendo muy bien”, observó Sánchez.