Argelia amplía sus aguas de forma unilateral e invade parte del Parque Nacional de Cabrera
El Gobierno rechaza la delimitación hecha por el país africano porque se solapa con la española
España se topa por segunda vez en escasas semanas con un litigio provocado por sus vecinos magrebíes a cuenta de la soberanía marítima. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha rechazado este miércoles la delimitación que realizó Argelia en 2018 para apropiarse de aguas que se solapan con las españolas. Aunque el decreto argelino que se arrogaba las aguas próximas a la isla de Cabrera (al sur de Mallorca) se aprobó hace casi dos años, la medida, adoptada sin negociar con España, ha pasado desapercibida hasta ahora. “No estamos de acuerdo y lo pusimos en su conocimiento [de Argelia]”, ha señalado la ministra en conferencia de prensa en el Ministerio de Exteriores. González Laya viajará la próxima semana a Argel y abordará este asunto —entre otros— con las autoridades del país africano.
La ministra ha querido trazar una barrera entre este caso y otro muy similar ocurrido recientemente con Marruecos. “Al contrario que Marruecos, que solo ha expresado un interés por delimitar sus aguas, Argelia ya presentó su visión de cómo delimitarlas”, ha explicado, en referencia a que Rabat, aunque ha aprobado en su Parlamento una nueva delimitación de aguas, no detalla exactamente a qué zonas afectaría. Aun así, González Laya ha restado dramatismo al movimiento argelino al explicar que no es válido sin pactarlo con España: “Lo que dice la convención sobre el derecho del mar de la ONU es que ahora viene la negociación, cosa que todavía no ha ocurrido”.
La primera oportunidad para tratar este asunto se producirá el próximo miércoles, en la visita que la ministra realizará a Argelia y que se había demorado desde los primeros días de su mandato. Se trata de un país estratégico para España porque le suministra aproximadamente la mitad del gas que consume. Ese Estado norteafricano vive tensiones desde hace un año, cuando las protestas hicieron caer al presidente Abdelaziz Buteflika tras 20 años en el poder.
El Gobierno balear había pedido al Ejecutivo central que aclarara el “conflicto diplomático” iniciado por Argelia porque el decreto amplía su zona económica exclusiva en el Mediterráneo y, en la práctica, invade parte de las aguas del Parque Nacional de Cabrera, de competencia estatal. El consejero de Medio Ambiente del Gobierno regional, Miquel Mir, sospecha que uno de los objetivos de la modificación de las aguas argelinas es abrir la puerta a futuros proyectos de prospección de hidrocarburos, a los que el Gobierno de la socialista Francina Armengol ha mostrado su total rechazo en los últimos años.
Tras tener conocimiento de las modificaciones impulsadas por el país del norte de África, el consejero de Medio Ambiente envió la semana pasada una carta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para que explique las acciones desarrolladas con Argelia para aclarar el conflicto.
Una de las principales preocupaciones del Gobierno balear es que en la franja de interferencia de las aguas provocada por la ampliación de la jurisdicción argelina se puedan desarrollar nuevos proyectos de prospección de hidrocarburos. “Ya hemos expresado de forma taxativa nuestra disconformidad” ha recalcado Mir. Argelia aprobó el decreto para expandir sus aguas en abril de 2018 pero solo ahora ha pedido la Administración autonómica que se aclare si la invasión de las aguas del Parque Nacional de Cabrera abre la puerta a las prospecciones.
Entre los proyectos que siguen activos figura el de investigación de hidrocarburos MedSalt-2, promovido por el Instituto Nacional de Oceanografía y de Geofísica Experimental de Trieste, que pretendía explorar el subsuelo marino en las áreas comprendidas entre Ibiza y Mallorca y al sur de las Pitiusas. El pasado mes de noviembre, el Ministerio de Transición Ecológica pidió el archivo de los trámites de evaluación ambiental y algunas entidades ecologistas como Alianza Mar Blava presentaron más de 43.000 alegaciones ciudadanas y exigieron de forma reiterada el archivo definitivo del proyecto.
La ampliación del Parque Nacional de Cabrera en febrero del año pasado, cuando pasó de 10.000 a 90.000 hectáreas protegidas, también provocó un conflicto jurisdiccional entre la Administración regional y la central. El pasado mes de julio el Ejecutivo de Armengol recurrió al Tribunal Supremo para exigir la gestión completa del parque, incluidas las aguas exteriores que fueron declaradas de competencia estatal porque el Gobierno no constató evidencias científicas de continuidad ecológica entre las islas del archipiélago de Cabrera y el área marina. La Abogacía de la comunidad autónoma argumentó que antes de la ampliación ya se encargaba de la gestión completa del parque. El asunto continúa en los tribunales.
En el otro caso de disputas marítimas, el de Marruecos, la alerta sobre el intento de adjudicarse aguas que se solapan con las españolas —en esa ocasión, en la zona de Canarias— trascendió en vísperas del viaje de la ministra a Rabat, en la que constituyó su primera visita bilateral tras tomar posesión. Exteriores considera la cuestión argelina, que viene de lejos aunque se ha conocido ahora porque la ha suscitado el Parlamento balear, más inamistosa que la de Marruecos. El motivo es que el decreto argelino sí especificaba exactamente los límites de sus aguas de explotación económica, que coinciden con las de esa isla balear.
Cuando existe desacuerdo entre dos Estados sobre sus espacios marítimos exclusivos se puede recurrir ante la ONU, en concreto ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Sin el visto bueno de este organismo, la delimitación no es válida internacionalmente, aunque cualquier país puede decidir actuar unilateralmente.
Trabas a los españoles saharauis
Los españoles de origen saharaui que hasta ahora podían realizar trámites legales en la llamada Depositaría de los Bienes del Estado español en el Sáhara Occidental, situada en El Aaiún, perderán ese derecho. Exteriores ha regulado las funciones de ese órgano, que se ocupaba de gestionar las propiedades españolas en ese territorio posteriormente ocupado por Marruecos, para que deje de hacer labores que corresponden a los consulados.
La ministra niega que se hayan producido cambios legales. “Solo hemos clarificado algo que pareciera que no estuviera claro. La Depositaría no tiene autoridad para ejercer esas labores consulares”, ha indicado a preguntas de la prensa. La noticia, avanzada este martes por la Cadena SER, fue suscitada este miércoles en el Congreso por la diputada canaria Ana Oramas, que preguntó a González Laya por los inconvenientes que esta nueva orden generará a los 12.000 españoles de origen saharaui que viven allí y que ahora probablemente tengan que ir a Rabat o a otra ciudad marroquí con consulado español para renovar sus documentos.
