Pujol Ferrusola atribuye sus ingresos millonarios en Andorra a la venta de “productos financieros”

El juez investiga si la familia del expresidente de la Generalitat cobró comisiones ilegales relacionadas con el saqueo del Grand Tibidabo

Jordi Pujol Ferrusola abandona la Audiencia Nacional tras declarar en una imagen de archivo.
Jordi Pujol Ferrusola abandona la Audiencia Nacional tras declarar en una imagen de archivo.Santi Burgos

A paso ligero y acompañado de su abogado, Jordi Pujol Ferrusola ha abandonado este viernes la Audiencia Nacional tras volver a declarar como imputado. En esta ocasión, el juez instructor José de la Mata le ha citado a las 10.00 para escuchar su versión sobre un nuevo posible delito de blanqueo relacionado con la empresa Grand Tibidabo. Los investigadores siguen la pista de más de ocho millones de pesetas (48.000 euros) que el primogénito del expresident Jordi Pujol ingresó en su banco de Andorra en 1991 y que, según creen, pudo corresponderse a una comisión derivada de la venta a la Generalitat de una propiedad de esa compañía. Pero Pujol Ferrusola, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, lo niega y ha afirmado que todo el dinero que percibió en esa cuenta se debe a la venta de productos financieros, según han explicado fuentes jurídicas.

“Láminas financieras”, ha especificado el hijo mayor del exjefe del Govern en esta derivada del caso Pujol, donde los actuales dueños de Grand Tibidabo acusan a la familia del expresident de utilizar la empresa para blanquear dinero en Andorra. Según su denuncia, lo hicieron cuando la compañía se encontraba dirigida por Javier de la Rosa, que ya resultó condenado a cárcel por apropiarse más de 60 millones de euros de la sociedad en la década de los 90.

A este respecto, tras cruzar datos del sumario judicial y la información facilitada por Andorra, los investigadores han centrado el tiro en varias operaciones de 1991. En julio de ese año, De la Rosa vendió la sede de la empresa Consorcio Nacional del Leasing (CNL) —origen de Grand Tibidabo— a la Generalitat por 4.185 millones de pesetas. Una empresa fantasma (ACIE) cobró 252 millones de pesetas por labores de intermediación. Y ese dinero se repartió entre los comisionistas. La mayor parte (210 millones) fueron a Coterma, una sociedad en manos de Lluís Prenafeta, el entonces consejero de Presidencia y ya condenado por cobros ilegales. Otros 9,3 millones acabaron en la empresa Catalana de Mitjans i Edició, administrada por Sánchez Carrete, asesor fiscal de los Pujol.

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Paralelamente, apenas unos días después, el primogénito del clan recibió en su cuenta de Andorra un ingreso de 8,3 millones de pesetas. La policía considera “muy plausible” que esa provenga de “las ilícitas comisiones que se devengaron de la venta de la sede de la sociedad Consorcio Nacional del Leasing a la Generalitat”. Por ello, De la Mata considera “pertinente, necesario y proporcionado” ahondar en esta línea de investigación.

El pasado septiembre, el juez acordó prorrogar hasta marzo de 2021 la instrucción del caso Pujol, en el que se encuentran imputadas más de 30 personas, entre ellas Jordi Pujol Soley, su esposa Marta Ferrusola y sus siete hijos por delito fiscal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y organización criminal. El magistrado los considera una “organización criminal”.

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