El Constitucional reconoce el derecho de los presos a hablar con la prensa

El Tribunal Constitucional ha instado al Ministerio del Interior a que permita y regule en las cárceles las entrevistas a presos, cuyo derecho a la libertad de expresión se ve coartado al prohibirles conversar con periodistas, una práctica habitual por parte de Instituciones Penitenciarias en los últimos años cuando se trata de reclusos preventivos o mediáticos, según denuncian las asociaciones de periodistas. El alto tribunal reconoce —en una sentencia notificada este martes y que sienta un precedente al no existir doctrina previa— el derecho de información de la prensa para dar voz a los internos y de la ciudadanía a conocer sus opiniones y críticas al sistema penitenciario. La negativa de Interior para conceder entrevistas a presos mediáticos contrasta con la postura de la Generalitat, que ha permitido recientemente a numerosos medios entrevistar a los políticos presos del procés.

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Cuestión de derechos

El Constitucional ha resuelto un recurso de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que elevó una queja tras la negativa de la cárcel de Córdoba a que un preso común concediera una entrevista, una decisión ratificada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 8 de Andalucía y la Audiencia de Córdoba, cuyo criterio ha corregido ahora el alto tribunal. Instituciones Penitenciarias decide sobre cada petición de entrevista de la prensa que tramita, pero sin un protocolo establecido. “El silencio legal [por la falta de regulación para entrevistas] no puede entenderse como libertad para restringir a su antojo esos derechos, sino todo lo contrario, como una falta de habilitación para restringirlos”, reza la sentencia. Para el tribunal, para denegar una entrevista no basta con alegar que hay peligro “para la seguridad y el buen orden del centro”, sino que la negativa debe estar "motivada de manera suficiente y razonable".

Al prohibir la entrevista al recluso de la cárcel de Córdoba, esta vulneró sus derechos “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, razona el alto tribunal.

Instituciones Penitenciarias alega que trabaja en la elaboración de una instrucción para regular el acceso de la prensa a las cárceles. “En los últimos 19 meses —desde la entrada del Gobierno de Pedro Sánchez— los centros penitenciarios se han abierto a los medios de comunicación, desde el respeto a la libertad de expresión, el derecho a la información y sobre todo desde el escrupuloso respeto a los derechos de las víctimas. Se ha permitido el acceso a periodistas tras el estudio exhaustivo de cada solicitud”, responde una portavoz. Instituciones Penitenciarias autoriza la elaboración de reportajes, pero suele denegar las entrevistas a presos, sobre todo preventivos, ya que puede interferir en su causa penal.

Tras décadas de silencio y una política muy restrictiva, en 2018 el Defensor del Pueblo urgió a Instituciones Penitenciarias a regular y permitir el acceso de los periodistas a las cárceles con la modificación del artículo 49.5 del Reglamento penitenciario, pero el ruego cayó en saco roto. “La sentencia es muy importante porque reconoce la vulneración de los derechos de las personas privadas de libertad y la opacidad a la hora de saber qué ocurre dentro de la prisión. Esperamos que este rapapolvo del Constitucional contribuya a reducir la persecución de la Administración Penitenciaria contra quienes denunciamos la vulneración de derechos humanos en los centros penitenciarios”, ha denunciado Valentín Aguilar, coordinador de APDH.

El proceso que ha culminado este martes comenzó hace tres años, cuando un preso condenado a 58 años de cárcel por robos y lesiones concedió una entrevista a un periodista de eldiario.es en la que criticaba el trato dispensado por la cárcel de Córdoba, tras lo que fue sancionado, castigo que revirtió el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la ciudad andaluza. El periodista había acudido a la prisión en calidad de amigo del recluso. A continuación, APDH solicitó la entrevista por escrito a la prisión y esta alegó que no existía motivación para concederla ni garantía de que se mantuviera la seguridad del centro. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y la Audiencia de Córdoba dieron la razón a la prisión.

Ante la negativa de la cárcel para conceder la entrevista, la Sala Segunda del Constitucional discrepa ahora al tildarla de "censura previa", y recuerda que “el control previo de contenidos no está amparado constitucionalmente (…) Las resoluciones que limiten los derechos de los reclusos, aparte de respetar los límites constituciones y legales, deberán estar motivadas de manera suficiente y razonable”. Aguilar añade: “En 2017 y 2018 no se autorizó ninguna entrevista desde Instituciones Penitenciarias. Se ha interpuesto querellas por decir que en las cárceles se tortura, cuando lo dice la ONU. Se intenta silenciar las voces críticas, una política que ha sido efectiva porque hay muy pocas voces disidentes. La sociedad obtiene una información muy manipulada y tiene todo el derecho a saber y entender por qué el índice de reincidencia es del 30%”.

Este miércoles la Asociación de la Prensa de Sevilla ha subrayado que el fallo del Constitucional consagra tres derechos fundamentales: la libertad de expresión de los presos, la libertad de información veraz de los periodistas y el derecho de la ciudadanía a recibir la información e ideas por cualquier persona. “La sentencia supone un hito por la libertad de expresión. Todo poder teme a la libertad de expresión y de información, la considera sus grandes enemigos. Todos sacan pecho en defensa de una supuesta defensa de estas libertades y todos intentan silenciarlas”, ha recordado Rafael Rodríguez, presidente de la asociación de periodistas sevillanos. Tras el fallo, esta asociación propondrá a la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE) que eleve un recurso al Constitucional para que se pronuncie sobre las ruedas de prensa sin preguntas y el veto a periodistas y medios de comunicación por parte de cargos públicos en las Administraciones.