La Fiscalía rechaza retirar la euroorden de Puigdemont y le recuerda que será detenido si viaja a España
El ministerio público sostiene que la inmunidad como europarlamentario no blinda al expresidente en el territorio nacional
La Fiscalía pide que se mantengan las euroórdenes de detención contra Carles Puigdemont y tres de sus exconsejeros fugados y les recuerda que si viajan a España serán detenidos. Así lo expone el ministerio público en un informe enviado al magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del procés en el Supremo, en el que solicita que rechace los recursos presentados por el expresidente catalán y los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig contra la decisión de reactivar las euroórdenes tras la sentencia en la que se condenó a los 12 líderes independentistas juzgados en el alto tribunal.
El informe de la Fiscalía incluye un claro mensaje para Puigdemont, al que tras reconocérsele la condición de europarlamentario ha anunciado en alguna ocasión su intención de viajar a España al entender que la inmunidad que lleva aparejada su nuevo cargo impide que sea detenido. El expresident, aconsejado por sus abogados, ha ido posponiendo este viaje y ahora la Fiscalía le recuerda que si da el paso, pedirá su arresto.
La interpretación que hace el ministerio público del Protocolo de Inmunidades del Parlamento Europeo es la misma que ha hecho el Supremo: el artículo 9 de ese protocolo establece que los eurodiputados gozarán “en su territorio nacional” de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país y en España solo hace falta el llamado suplicatorio (permiso que se pide al Congreso o al Senado para actuar contra un parlamentario) para procesar a un parlamentario, pero Puigdemont y el resto de fugados están procesados desde marzo de 2018. “Las órdenes de detención e ingreso en prisión son plenamente ejecutivas en territorio nacional”, recuerdan en su escrito los cuatro fiscales del procés (Javier Zaragoza Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno).
El ministerio público rechaza también que, como alegaron Comín, Ponsatí y Puig, la reactivación de las euroórdenes no estuviera lo suficientemente motivada. “El hecho de que todos ellos sigan, a día de hoy, huidos de la justicia española es una circunstancia que justifica y fundamenta “per se” el fin constitucionalmente legítimo de la medida cautelar adoptada”, advierten los fiscales, que recuerda, además, que los indicios contra los huidos han adquirido más “solidez” tras la sentencia condenatoria dictada contra Oriol Junqueras y los otros 11 procesados que no se fugaron.
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