ERC y PNV negociarán con Sánchez la rebaja de la pena del delito de sedición

El Gobierno llevará la negociación de la reforma del Código Penal a un Congreso dividido en dos bloques que parecen irreconciliables con ese proyecto: los socios de la investidura se muestran favorables, en especial ERC y el PNV, que están abiertos a negociar la reforma, mientras que la derecha se posiciona muy en contra, sobre todo ante la pretensión de rebajar las penas por sedición, el delito por el que fueron condenados los líderes del procés. La vicepresidenta, Carmen Calvo, precisó este miércoles que la reforma no es urgente, pero señaló que debe abordarse para situar algunos tipos penales “a la altura de Europa”. El Gobierno necesitaría mayoría absoluta, 10 votos más de los 166 que invistieron a Pedro Sánchez.

Carmen Calvo aseguró este miércoles durante una entrevista en la Cadena SER que la reforma del Código Penal que se plantea el PSOE en esta legislatura “no forma parte, en absoluto” de la mesa de diálogo con Cataluña, aún sin fecha pero pactada por los socialistas con ERC para lograr su abstención en la investidura. Y también aclaró que no se abordará en la reunión de Pedro Sánchez, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, prevista para primeros de febrero, ni en la gira que el jefe del Ejecutivo central quiere hacer para ver al resto de mandatarios autonómicos.

“La reforma del Código Penal es un instrumento legislativo que no va a ser sometido a ninguna negociación, a lo único que va a ser sometido es al debate parlamentario”, precisó Calvo. “Allí [en el Congreso] transaccionaremos, negociaremos e intentaremos alcanzar una mayoría”, indicó. Fuentes próximas a Calvo añadieron más tarde que la intención de reformar el Código Penal, que el lunes avanzó el propio presidente en una entrevista en TVE, llega arrastrada de la anterior legislatura, cuando el Ejecutivo estaba en funciones. Según las mismas fuentes, en algunos asuntos los trabajos estaban bastante adelantados, como en la iniciativa para regular de forma precisa el consentimiento para las relaciones sexuales. En ese aspecto, el actual vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ya indicó en su primera entrevista tras ser nombrado que ese cambio legal debería ser una de las prioridades del nuevo Ejecutivo.

Pero esa modificación, y las otras apuntadas por Sánchez y la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el pasado martes tras el último Consejo de Ministros, relativas a posibles alteraciones en las penas por delitos de sedición, rebelión o convocatorias de referéndums ilegales, no parece que vayan a ser sencillas de introducir por consenso en el actual y polarizado Congreso de los Diputados. PP, Vox y Ciudadanos ya han anunciado su rechazo total y suman 153 escaños. Para reformar el Código Penal se exige mayoría absoluta de la Cámara, por lo que el PSOE necesitaría más votos que los que obtuvo Pedro Sánchez para ser investido. Para alcanzar los 176 votos necesarios tendría que lograr el apoyo de su socio principal, Unidas Podemos (35), pero también de Esquerra Republicana (13), Junts per Catalunya (8), PNV (6) y Más País (tres): entre todos llegarían a 185 votos. Con el diputado del BNG y los dos de la CUP podrían situarse en 188.

El nuevo portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, apuntó este miércoles su buena disposición a estudiar el proyecto. Echenique matiza que por ahora es solo del PSOE, aunque en la pasada legislatura fue defendido por dirigentes de En Comú Podem como el catalán Jaume Asens, que lo ligaba al requerimiento de que el Gobierno concediese indultos a condenados en el juicio del procés. Si se rebajasen las penas por sedición, los líderes encarcelados lograrían acortar sus condenas.

ERC, el partido de Oriol Junqueras, subraya que nadie les ha sondeado aún sobre la iniciativa socialista y asegura que esta no estuvo en la mesa de negociación para la investidura entre ambas formaciones. Pero Esquerra no oculta que la propuesta le agrada y dice que cuando llegue al Congreso, “se estudiará porque va en la buena dirección de desjudicializar el problema”, según fuentes del grupo. Junts per Catalunya se muestra más escéptico y pone en duda que al final se puedan sumar escaños suficientes para que salga adelante.

El PNV está abierto a negociar cuando se les comuniquen los futuros pasos. De hecho, ya intentó en las dos últimas legislaturas cambios en el ámbito penal con distintos objetivos, como la derogación de la prisión permanente revisable o la revisión de diversos aspectos de la denominada ley mordaza, ya registrados en la Cámara.

Por ahora, lo que se conoce es que el Ejecutivo quiere impulsar una reforma que incluya la revisión de los delitos de sedición y rebelión, y en la que contempla una rebaja de las penas por las que cumplen condena los líderes independentistas. En esa propuesta de revisión del Código Penal, encargada por Sánchez al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también se abordará el consentimiento en las relaciones sexuales y nuevos delitos medioambientales.

Ni el Gobierno ni el PSOE han aclarado si el nuevo proyecto de ley del Código Penal lo tramitará el Ejecutivo (sería más lento y riguroso, ya que el proyecto debería ser sometido al informe previo de órganos consultivos) o el grupo parlamentario a través de una proposición de ley. Tampoco cuándo se abordará.

La vicepresidenta sí explicó que se trata de una reforma que no reviste tanto urgencia “como necesidad”. E insistió en la idea de que “hay tipos penales de nuestro país que no están a la altura del derecho comparado en Europa”, como ya esbozó el lunes el propio Sánchez.

“Nosotros, como partido político, siempre hemos tenido en nuestra acción de Gobierno y dentro de los proyectos de reforma legislativa, que haremos la modificación del Código Penal, simplemente porque pensamos que hay que acompasar comportamientos democráticos, asumidos en la vida cotidiana de España, a tipos penales que en alguna sentencia europea como la alemana nos advirtió de que sonaban extraños”, defendió Calvo. Y abundó: “Europa nos ha mandado mensajes de que ahí [en el Código Penal] hay que cambiar algo”.

Calvo no lo citó expresamente, aunque parecía aludir así a la sentencia del tribunal alemán sobre el expresident Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española. Un tribunal alemán se negó a extraditarlo por el delito de rebelión, porque consideró que no encajaba en el tipo penal de “alta traición”, el equivalente en las leyes de ese país y que puede conllevar hasta 30 años de prisión.