Trapero defiende la “prudencia” de los Mossos: “Un misto podía encender una hoguera importante”

El déjà vu estaba servido. Como si el lunes no hubieran protagonizado más de cinco horas de incisivo interrogatorio, el fiscal Miguel Ángel Carballo y el major de los Mossos Josep Lluís Trapero han regresado este martes a la Audiencia Nacional para retomar el guion que dejaron la noche anterior. Con fuerzas renovadas, el bucle argumental se ha sucedido. El ministerio público se ha centrado de nuevo en tratar de demostrar la supuesta inacción intencionada de los Mossos —“¿Usted creía que podía funcionar?”, le ha preguntado sobre el despliegue del 1 de octubre—. Y Trapero, con idéntico tono, tranquilo pero tajante, ha echado mano de los principales argumentos que repite desde que le procesaran por el desafío independentista del otoño de 2017: ni estaba conchabado con los líderes secesionistas ni la policía catalana hizo dejación de funciones. Ha conducido así sin salirse de los márgenes marcados por su defensa: “Fuimos especialmente cuidadosos, pero no para justificarnos [ante los sectores separatistas], sino porque un misto podía encender una hoguera importante en Cataluña en esos días”, ha sentenciado.

El fiscal ha dedicado la primera parte de esta sesión del segundo juicio al procés, que sienta en el banquillo a la antigua cúpula de los Mossos, a repasar correos electrónicos e informes que recibía Trapero sobre aquellas jornadas. Su objetivo pasa por afianzar, con estos documentos, su tesis de que existía connivencia con el Govern para dejar que se celebrara el referéndum ilegal mientras se aparentaba que se hacía algo para impedirlo.

Hasta tal punto Carballo ha llegado a cuestionar la actuación de los Mossos, que ha puesto en duda la propia existencia de un plan para detener a Puigdemont en el caso de que lo solicitara la autoridad judicial tras la declaración unilateral de independencia. Un dispositivo que la actual jefatura del Cuerpo ha asegurado que existía, según consta en un documento enviado por la policía autonómica a la Audiencia Nacional el pasado julio, donde se señala que se preveía incluso el posible uso de un helicóptero para traslados urgentes. “¿Pero existe algún documento que sustente este plan?”, ha incidido el fiscal. “¿Se ofreció ese plan a las autoridades judiciales?”, ha añadido, después de que Trapero dijera que se habían puesto a total disposición de la Fiscalía y los jueces, aunque no se les había concretado sobre ese dispositivo.

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También, entre otros aspectos esgrimidos por Carballo, ha hecho referencia a los papeles donde los agentes destacan su “preocupación” por cómo la actuación de la policía autonómica podía “dañar la imagen” del instituto armado entre los independentistas. “¿Esa era su gran preocupación? ¿Por qué lo resaltan siempre?”, ha destacado el representante del ministerio público. A lo que ha respondido el major: “Bueno, me parece que es un hecho objetivo, pero eso no nos condiciona. Además, es un informe de valoración [interno] que no tiene otro objetivo que tengamos más datos”.

En otro documento sacado a colación por la Fiscalía, posterior al asedio a la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017, Trapero explica a sus agentes que había que ser “cuidadoso con el uso de la fuerza”. “¿Era una forma de justificar lo suave que se había sido en la consejería?”, le ha espetado Carballo. “No. Había que ser cuidadoso porque una actuación policial desmedida o que tuviera una consecuencia grave habría sido muy difícil de gestionar con el ambiente que había Cataluña”, ha respondido el exjefe de la policía catalana.

“Pero, sobre el día 20, ¿qué se nos pedía? ¿Una actuación que no sabemos qué consecuencias habría tenido? ¿Nos liamos a palos con 40.000 personas...? Los especialistas del Cuerpo valoran cuál es la mejor manera de actuar”, ha continuado el mando policial, que también se ha referido en el mismo sentido al referéndum ilegal del 1-O: “Íbamos a ser prudentes porque tenemos la responsabilidad del orden público. Porque era un día especialmente complicado”.

En la misma línea de defensa, Trapero también ha relatado que se negó a facilitar información económica y fiscal al Govern para una futura república catalana porque lo consideraba “una barbaridad”. Y que, si en alguna ocasión dio datos a sus superiores políticos sobre las instrucciones de la Fiscalía, fue porque implicaban el uso de dinero público y porque no eran temas “especialmente" secretos, ya que los acababa publicando la prensa. “Y tanto el señor Pere Soler, [exdirector de los Mossos], como Joaquim Forn, [exconseller de Interior], nos decían que la policía cumpliría siempre la ley. Si nos engañaron...”.

El interrogatorio de la Fiscalía a Trapero ha acabado pasadas las dos y media de la tarde. Este miércoles, le relevará la abogada del major, Olga Tubau, y el resto de defensas. A continuación, comenzará la declaración del resto de acusados: Teresa Laplana, responsable de la seguridad durante el registro de la Conselleria de Economía; Pere Soler, exdirector de la policía catalana; y César Puig, ex secretario general de Interior de la Generalitat. El ministerio público pide una condena de 11 años de cárcel por rebelión para Trapero, Soler y Puig. Para Laplana, la solicitud es de cuatro años por sedición.