El apóstata ante el inquisidor

El major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ya estaba consagrado como el gran apóstata de la herejía secesionista, unilateralista e ilegal: renegado, aunque nunca la hubiera profesado.

Así se evidenció el 15 de marzo ante el Supremo, cuando reveló que, dos días antes de la declaración de independencia, se ofreció a la autoridad judicial catalana para detener al president de la Generalitat y a todos sus consellers. Con empaque sobrio, preciso y demasiado prolijo, ayer amplió su distancia frente al intento levantisco. En cuatro episodios. Uno, reputó de “barbaridad” la primera declaración parlamentaria del procés (9-11-2015) en que la Cámara se insubordinaba a las decisiones del Estado, sobre todo a las del Tribunal Constitucional.

Dos, atribuyó la dimisión del consejero Jordi Jané a su incomodidad con “los actos ilegales que estaba proponiendo el Govern”. Tres, relató su diálogo con el secretario del Ejecutivo autónomo, Joan Vidal de Ciurana, un año antes del referéndum del 1-O:

—¿Dónde estaréis los Mossos si se produce una doble legalidad? —le inquirió.

—Doble legalidad no existe. O hay una ley u otra, y los Mossos estaremos a lo que digan los jueces —replicó.

Y cuatro, explicó su “conversación airada”, en defensa de la autonomía del cuerpo policial, con el hoy condenado Jordi Sànchez el 20 de septiembre de 2017 en la concentración ante Economía: “Tú a mí no me dices cómo se monta un dispositivo [policial]’, le dije. Y le colgué”.

El aplomo del policía deshilachó la beligerancia del teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo. Gastó todas las tácticas. Mantuvo la acusación de rebelión cuando no la hubo, según el Supremo, ni jefes condenados por tal. Buscó arrinconarle confundiendo fechas y datos. Le interrumpió a cada respuesta. Le quiso enredar poniendo en su boca frases que no dijo. Y ni por esas. El tono inquisitorial del interrogatorio no vino por esos trucos de rábula veterano. Sino por sus silencios. Es curioso que la Fiscalía —también ocurrió en el Supremo— prejuzgue que los eventuales errores policiales siempre proceden del mismo cuerpo, y nunca inquiera a los demás.

Así, Carballo se extrañaba —lógico— de que los coches de la Guardia Civil llevasen horas rodeados por manifestantes, con armas dentro. “¿No le pareció grave?”, apuntó a Trapero. Pero ni él ni ningún fiscal ha preguntado en estos procesos por qué el instituto armado las abandonó. Y si hubo arrestos por descontrol de material tan sensible: lo reglamentario.

Al fiscal también le escandalizaba que hubiese poca dotación de los Mossos en el lugar: correcto. Pero no le interesó la explicación de que la policía autonómica catalana estaba en Babia porque nadie le había siquiera anticipado —incluso sin detalles— que habría alguna operación clave ese día en el centro de Barcelona.

Y se esforzaba en recriminar al major que los Mossos no garantizasen la salida digna de la comitiva judicial, pero sin escuchar que era esta la que se retrasaba “porque la Guardia Civil tenía problemas para clonar un ordenador”, como detalló Trapero.

Así que los principios de “imparcialidad” y “proporcionalidad” del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (ley 50/1981, artículos 2, 5 y 7) brillaron por su ausencia.