Trapero defiende la actuación de los Mossos en el ‘procés’: “Hablar de pasividad... No lo puedo asumir”

En un polígono industrial de San Fernando de Henares, en la sede que la Audiencia Nacional tiene a unos 20 kilómetros de Madrid, el mayor Josep Lluís Trapero ha defendido este lunes la actuación de los Mossos durante los incidentes en el registro de la conselleria de Hacienda en septiembre de 2017. "Hablar de pasividad... No lo puedo asumir. No se puede inferir que no queríamos hacer nada", ha respondido el exjefe de la policía catalana a la Fiscalía, que la somete desde esta mañana a un intenso interrogatoria en el segundo juicio del procés, que sienta en el banquillo a la antigua cúpula de los Mossos por colaborar presuntamente con el desafío independentista.

"Había multitud de escenarios. Con más efectivos y planificación quizá podríamos haber hecho otras cosas, pero no es justo y no es cierto que solo actuásemos con mediación", ha proseguido Trapero, que se encuentra procesado por un delito de rebelión. De hecho, el ministerio público pide para él una pena de 11 años de cárcel. Al igual que para otras dos personas que se sientan en el banquillo: Pere Soler, exdirector de la policía catalana; y César Puig, ex secretario general de Interior de la Generalitat. Para la cuarta acusada, la intendente Teresa Laplana, responsable de la seguridad durante el registro de la conselleria de Economía del 20 de septiembre de 2017, solo solicita una condena de cuatro años de prisión por un delito de sedición.

La primera sesión del juicio, que se prolongará hasta marzo, ha arrancado apenas unos minutos antes de que el reloj marcara las diez y media de la mañana. A esa hora, la juez Concepción Espejel abría la primera jornada con el trámite de las cuestiones previas. Un turno de palabra que ha usado el ministerio público para anunciar que se abre a revisar su acusación de rebelión a la vista de la sentencia del Supremo contra los líderes políticos del procés, que los condenó por sedición. "La Fiscalía de la Audiencia Nacional es consciente de la sentencia y en su momento procesal oportuno se calibrará", ha insistido el fiscal Miguel Ángel Carballo, abriéndose así a modificarlo en la fase de conclusiones definitivas.

Los fiscales también han querido dejar claro que este proceso se dirige contra los cuatro acusados y no contra todo el cuerpo policial: "No es nuestra intención enjuiciar a los Mossos como instituto armado". "Cuestión muy distinta es la responsabilidad que tienen los hoy acusados en los hechos que han quedado delimitados por el Supremo", ha continuado el fiscal Pedro Rubira. "Lo importante aquí es su incumplimiento de la normativa. Los acusados incumplieron el devenir del poder judicial", ha proseguido uno de los representantes de la acusación pública, mientras lo escuchaban, a solo unos metros, los cuatro procesados.

Por su parte, en su intervención durante las cuestiones previas, la defensa ha solicitado que los acusados se puedan sentar junto a sus abogados durante el juicio —como ocurrió en el alto tribunal con los líderes políticos del procés— y han pedido incorporar más documentación a la causa, como correos electrónicos de algunos de los acusados con dirigentes independentistas. Laplana también ha pedido poder ausentarse de la vista tras su declaración por su estado de salud —"sufre estrés postraumático", ha relatado su letrada—, lo que ha aceptado el tribunal.

Trapero: "Doy la cara por los mandos de los Mossos"

Los interrogatorios de los acusados han comenzado este lunes con Trapero. El ministerio público se ha centrado primero en el cerco a la conselleria y el exjefe de los Mossos ha aprovechado la oportunidad para desmarcarse de Jordi Sànchez, exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Entre los argumentos para demostrar la supuesta connivencia de la cúpula de los Mossos con los dirigentes secesionistas, la Fiscalía ha puesto sobre la mesa el intenso cruce de llamadas entre el mayor y el activista durante el registro de Economía. "Las condiciones impuestas por Sànchez a la comisión judicial fueron totalmente asumidas por Trapero", destaca el ministerio público en su escrito de acusación. "Se puso en contacto conmigo ofreciéndose a mediar", ha matizado este lunes el exjefe de los Mossos, que ha insistido en que no había tenido contactos personales previos con Sànchez y que este tipo de actuación no "es extraño" en el modelo de orden público del Cuerpo autonómico: "Porque apostamos por un modelo en el que prima la mediación en las concentraciones", ha asegurado.

Durante su interrogatorio, la Fiscalía ha insistido bastante sobre por qué no se desplegó un cordón policial ante la conselleria y ha preguntado directamente si fue una "condición" de Sànchez. "El señor Sànchez no impuso ninguna condición. Él no es nadie para imponer condiciones", ha respondido contundente el mayor, que ha destacado la falta de medios que tenían al principio para cubrir todos los edificios de Cataluña que la Guardia Civil estaba registrando en la operación y que, cuando quisieron hacerlo más adelante al saber que había armas en los coches policiales cercados por los manifestantes, los concentrados se encontraban tan "compactos" que descartaron hacerlo para no generar un problema mayor de orden público. "Podríamos haber cargado, pero hubiera acabado mal y lo estaríamos lamentado", ha apostillado Trapero, que ha defendido a sus compañeros: "Doy la cara por los mandos que estaban allí y por los mandos del Cuerpo".

El interrogatorio de la Fiscalía a Trapero aún no ha acabado y seguirá este martes. Cuando acabe, le preguntarán los abogados de las defensas. Y se continuará después con Puig, Soler y Laplana. A todos se les acusa de connivencia con los líderes independentistas durante el procés. Según el ministerio público, los procesados favorecieron la "hoja de ruta" del Govern para intentar conseguir "la secesión de Cataluña del resto de España". "Dieron cobertura efectiva a las actuaciones de una parte de la población catalana movilizada para imponer por la fuerza de las masas derechos de los que carecían y apoyar la efectividad de las normas abiertamente inconstitucionales emanadas del Parlament y del Govern", subrayan los fiscales en su escrito de acusación, donde denuncian la pasividad de la policía catalana durante el registro de la conselleria de Economía del 20 de septiembre de 2017 y durante el referéndum ilegal del 1 de octubre.