El Poder Judicial examinará el jueves la idoneidad de Dolores Delgado como fiscal general
La propuesta del Gobierno de situar a la exministra de Justicia al frente del ministerio público causa estupor entre sus miembros
El Consejo General del Poder Judicial examinará en su pleno de este jueves la idoneidad de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces. El Consejo cumplirá así con la previsión constitucional de dar su parecer —no vinculante— sobre el candidato o candidata propuesta por el Gobierno como máximo responsable del ministerio público. La designación de Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional y hasta este martes ministra de Justicia en funciones, ha generado sorpresa y estupor entre los fiscales, que consideran que su nombramiento busca asegurar el control del Ejecutivo sobre el ministerio fiscal. En el traspaso de la cartera al nuevo ministro, Juan Carlos Campo, Delgado ha evitado confirmar o desmentir que será la nueva fiscal general y se ha limitado a decir que “allá donde esté” la protección de las víctimas será el eje de su actuación.
El artículo 124 de la Constitución establece que el fiscal general del Estado “será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”. En el pasado, según fuentes consultadas por este periódico, este informe del órgano de gobierno de los jueces, revestía cierta importancia, pese a no ser vinculante. En 1986, en una situación similar, cuando Javier Moscoso pasó sin solución de continuidad del Consejo de Ministros –era titular de Presidencia– a la cúpula de la Fiscalía, refrendó la propuesta de nombramiento con 13 votos favorables, seis en contra y uno en blanco. Los vocales conservadores consideraron entonces que un candidato recién salido del Ejecutivo podría sentirse inclinado a vincularse a sus políticas.
Según fuentes judiciales, el Consejo General del Poder Judicial prácticamente se limita en la actualidad a constatar si el candidato cumple con el requisito de ser un jurista español “de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión”, como exige la ley. Delgado acumula más de 25 años de experiencia como fiscal en activo, con lo que este requisito formal lo cumple sobradamente.
El verdadero peso de pronunciarse sobre la idoneidad del candidato recae, desde 2004, en el Congreso. Tras la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la ley que desarrolla el precepto constitucional sobre los fiscales ordena que una vez recibido el informe del Consejo, el Ejecutivo elevará su propuesta al Congreso de los Diputados. La Comisión de Justicia de la Cámara fijará una comparecencia de Delgado, para que los grupos parlamentarios puedan “valorar los méritos e idoneidad” de la candidata a dirigir la Fiscalía. Tras esta comparecencia parlamentaria, la hasta ahora ministra de Justicia podrá jurar o prometer la Constitución ante el Rey y tomar posesión del cargo en el Tribunal Supremo.
La comparecencia de Delgado en la Cámara baja promete ser dura. Las Cortes, en la anterior legislatura, reprobaron en tres ocasiones a Delgado. La primera fue por supuestamente haber mentido sobre su relación con el comisario jubilado José Villarejo, actualmente en prisión, tras la publicación de unos audios de una comida que mantuvo con varios mandos policiales en octubre de 2009, cuando era fiscal de la Audiencia Nacional. La segunda fue por no haber defendido en un primer momento al magistrado del Supremo Pablo Llarena cuando el expresidente catalán Carles Puigdemont le puso una demanda en Bélgica, donde está fugado. La tercera tuvo que ver con la posición de la Abogacía del Estado —dependiente del Gobierno—, cuando solicitó una condena por sedición y no por rebelión a los líderes independentistas acusados por en el juicio del procés.
Los grupos parlamentarios de la oposición serán beligerantes contra Delgado. El PP ya ha avanzado que recurrirá judicialmente el nombramiento al entender que vulnera el estatuto orgánico que consagra la independencia del máximo responsable de este órgano. Vox ha presentado este lunes una querella contra el presidente Pedro Sánchez y Dolores Delgado por tráfico de influencias. Y Ciudadanos ha considerado que su nombramiento busca “politizar la justicia”.
Dos de las tres asociaciones de fiscales han rechazado la propuesta de Delgado como fiscal general. La presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha manifestado en Onda Cero su “estupor” por el futuro nombramiento. "Considero que es una forma muy evidente de querer indicar que la fiscalía la quieren sometida al Gobierno, porque de otro modo no se puede explicar", ha dicho. “Mostramos nuestra sorpresa por el nombramiento de Dolores Delgado. Aunque reconocemos sus cualidades, el nombramiento no traslada ni mucho menos la sensación de que el Gobierno pretende estar en las decisiones de la Fiscalía. Esperemos a que los hechos desmientan esta apariencia”, ha manifestado en Twitter la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la entidad minoritaria.
Delgado solo ha obtenido el apoyo de la Unión Progresista de Fiscales, a la que perteneció antes de ser ministra. La portavoz de esta asociación, Teresa Peramato, ha reconocido que el nombramiento “puede provocar reticencias”. Sin embargo, en declaraciones a Europa Press, ha destacado que “hay que dar un voto de confianza”, ya que Delgado es consciente de que el fiscal general del Estado es una figura “absolutamente independiente durante su mandato”.
Entre los miembros de la carrera fiscal y judicial consultados por este periódico, el asombro por el nombramiento de Delgado es general. Los entrevistados, bajo condición de anonimato, consideran que su nombramiento busca principalmente controlar la derivada judicial del proceso independentista catalán y modular la actuación de la Fiscalía, que hasta ahora ha mantenido posiciones de gran dureza frente al desafío soberanista.
"Vertebrar un nuevo modelo de justicia"
La designación de Dolores Delgado como nueva fiscal general ha monopolizado los corrillos en la ceremonia de toma de posesión del nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. El nuevo titular ha llamado a todas las instituciones y operadores jurídicos a sumar "esfuerzos" para conseguir un pacto de Estado para la Justicia. "Intentemos entre todos hacer lo que no hemos logrado. Vertebrar un nuevo modelo de Justicia", ha enfatizado Campo en su discurso, una vez que Delgado le ha dado el relevo en el ministerio.
Así, Campo ha pedido "cohesionar las energías positivas para modernización de la Justicia" y dar a los ciudadanos lo que "reclaman": que la Justicia sea "entendible". Y todo ello, "en un tiempo razonable", ha añadido. "La democracia no ha vertebrado en la Justicia el cambio y modernización que han tenido otros sectores", ha reconocido.
Campo ha estado arropado en la ceremonia por sus compañeros de Gabinete Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, José Manuel Rodríguez Uribes y la vicepresidenta Teresa Ribera. En la toma de posesión han estado presentes, entre otros, los jueces de la Audiencia Nacional José de la Mata y Santiago Pedraz, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.
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