PP y PSOE se enzarzan a cuenta de las “cajas fuertes de los ERE”

¿Cajas fuertes o archivos de seguridad? La denuncia del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos el pasado martes sobre el hallazgo de “cajas fuertes ocultas” en el sótano de la sede de la Agencia IDEA “llenas de papeles de los ERE” y de “sobres lacrados” provocó este miércoles una fuerte polémica entre los grupos de PP y Ciudadanos con el PSOE. La Consejería de la Presidencia distribuyó una foto de las “cajas fuertes”, que para el PSOE son “archivos de seguridad” como hay “en tantas administraciones”, en opinión del portavoz socialista, José Fiscal.

Dentro de esas cajas y gracias a un funcionario de IDEA (agencia pública de Innovación y Desarrollo de Andalucía), el Gobierno andaluz encontró dos “convenios privados”, según el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, sobre una empresa cárnica de Jaén que a lo largo de su historia ha ido cambiando de nombre: Hermanos de Andrés Molina, Campofrío, Campocarne y Primayor. A lo largo de su actividad, esta empresa ha recibido cuantiosas ayudas públicas, algunas consideradas ilegales por la Unión Europea por considerarlas competencia desleal.

Uno de los convenios firmados por el entonces consejero socialista de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y Campofrío recoge expresamente que la Junta no le reclamaría las subvenciones que la Comisión Europea consideró ilegales, por considerar que esta empresa no se benefició de las mismas.

Los populares estiman que los Gobiernos socialistas “ocultaron” información “sensible” a los juzgados y pidieron a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, que “dé un paso al lado” para que los socialistas “puedan construir un proyecto alternativo, sin sombras, sin hipotecas y sin cajas fuertes”. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos) pidió “dimisiones inmediatas”.

Por el contrario, Vox, el sostén parlamentario del Gobierno de coalición, mostró sus dudas sobre las pesquisas de la Consejería de la Presidencia. Su portavoz, Alejandro Hernández, consideró “un poco de película” que 10 meses después de acceder a la Junta “aparezcan estos documentos en tres cajas fuertes” y mostró su preocupación de que el objetivo del Gobierno autónomo sea el de “sacar rédito político y rentabilidad a corto plazo”.

Los socialistas tildaron de “miserable” y “ruin” a Bendodo, al que acusaron de “hacer un montaje infame, una sinvergonzonería y una golfería” con la información hallada, que la Junta ha enviado al juez. Según la explicación de los socialistas, el Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves otorgó en noviembre de 1999 un préstamo puente a la empresa cárnica por 5,8 millones de euros en el que se incluía una cláusula en la que constaba que si no había devolución se convertía en un préstamo participativo, es decir, que la Junta se quedaba con parte de las acciones de la empresa.

La industria cárnica presentó concurso de acreedores en 2007 y la Junta se personó “haciendo valer la totalidad del exigible del préstamo”. De los 5,8 millones de euros, 3,7 millones no fueron devueltos por la empresa a la Junta. Por esta operación, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido investigar a Manuel Chaves y a Gaspar Zarrías por prevaricación y malversación. Ambos fueron condenados nueves años de inhabilitación en la reciente sentencia del juicio político de los ERE.

El actual Gobierno andaluz admite que desde que se hizo público el fallo, muchos funcionarios de la Junta están “denunciando” información de casos pasados, aunque no concreta cuáles ni de qué envergadura.