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Una generación aleccionada contra el ‘Estado opresor’

La Generalitat, Ayuntamientos, partidos y organizaciones sociales han alimentado desde 2012 un discurso según el cual es imperativo desobedecer a los poderes públicos

Un cartel electoral de Carles Puigdemont durante la campaña del 10-N en Terrassa.
Un cartel electoral de Carles Puigdemont durante la campaña del 10-N en Terrassa. EL PAÍS

España es un Estado antidemocrático y no hay más remedio que desobedecer a sus instituciones. Estos son los dos mensajes que han martilleado a la sociedad catalana desde 2012. Han sido siete años prometiendo machaconamente el advenimiento de una república próspera y libre de la “opresión española”. Lo que fue bautizado como “la revolución de las sonrisas” ha terminado con fuego en las calles y choques con la policía protagonizados por jóvenes que han crecido escuchando que viven bajo la represión de una fuerza invasora. “España es peor que Corea o Turquía. Nos querían de rodillas y nos han encontrado en pie”. Sentencias como esta han sido habituales por parte de líderes políticos y de sus ideólogos; esta en concreto, expresada en 2017, es del actual consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch.

Los medios de comunicación han recogido en las últimas semanas los testimonios de los jóvenes que se encaran con los agentes antidisturbios. Un común denominador es que sus años de formación han coincidido con un contexto de movilización permanente, de una quimera prometida que no se cumple y de discursos en los que el nexo ha sido la llamada a desobedecer a un “Estado autoritario”, como lo ha descrito el entrenador de fútbol Pep Guardiola, la única persona que hasta hoy ha hablado en nombre de Tsunami Democràtic.

Este colectivo anónimo es el responsable del asedio al aeropuerto del Prat del pasado 14 de octubre, del reciente corte de la autopista AP-7 durante tres días y del cierre de la frontera entre España y Francia en La Jonquera. Tsunami Democràtic está siendo investigado por la Audiencia Nacional. El grupo surgió el pasado septiembre y las máximas autoridades de Cataluña —el presidente de la Generalitat, Quim Torra; su vicepresidente, Pere Aragonès, y el presidente del Parlament, Roger Torrent— pidieron a la ciudadanía que le dieran apoyo. Tsunami Democràtic también ha realizado acciones de boicot a bancos y grandes compañías que consideran que han actuado contra la independencia. Al mismo tiempo, Josep Lluís Alay y Aleix Sarri, asesores del expresident Carles Puigdemont y de Torra, respectivamente, o el editor Vicent Partal, pedían que el independentismo emulara las protestas en Hong Kong contra el régimen chino.

Mas, la ANC y la CUP

El mito de la desobediencia empezó en mayo de 2012. El por entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunció que si el presidente del Gobierno Mariano Rajoy no aceptaba negociar sus condiciones para mejorar el autogobierno de Cataluña, daría inicio a una nueva era. “Cataluña entra en territorio desconocido”, dijo Mas. Un año más tarde, en el Parlament, Mas confirmaba que ya se había entrado “en una dimensión desconocida”. “Y sabemos que no hay marcha atrás posible”, añadía. Mientras Mas pronunciaba estos augurios, crecían como actores políticos la ANC y los anticapitalistas de la CUP. Carme Forcadell, como presidenta de la ANC, ya recorría pueblos y ciudades en 2012 repitiendo ideas como esta, expresada en un acto en Sant Carles de la Ràpita: “Los procesos de independencia son siempre fruto de la injusticia, de la humillación y del menosprecio. Y España hace muchos años que nos menosprecia, desde la Edad Media, y lo continuará haciendo. ¿Qué clase de pueblo seríamos si en vez de la libertad prefiriéramos continuar siendo esclavos?”.

La CUP irrumpió aquel año en el Parlamento catalán con un programa que decía en su primer párrafo: “Forzaremos la ruptura con los Estados ocupantes [España y Francia] a través del ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo catalán”. En 2015, cuando su peso parlamentario pasó de tres a 10 diputados, el programa de la CUP se ampliaba con un concepto que acabaría por ser determinante, la independencia unilateral: “Es necesaria la ruptura inmediata con el marco jurídico y político del Estado español mediante una Declaración Unilateral de Independencia”.

En agosto de 2014, con la primera consulta ilegal en el horizonte, la del 9-N, Forcadell constataba en Catalunya Ràdio lo que repetían otros ideólogos del independentismo, la necesidad de saltarse el marco legal vigente: “En cualquier opción habrá que romper la legalidad española. Mucha gente ya ha dicho que en algún momento deberá romperse la legalidad española”. El año 2014 fue intenso en cuanto a propaganda: se celebraron los fastos del tricentenario del final de la Guerra de Sucesión, una fecha icónica para el nacionalismo catalán. El lema del tricentenario en Barcelona era “Vivir libre”. Entre los muchos actos que se organizaron fue especialmente polémico un seminario titulado España contra Cataluña. Su director, el historiador Jaume Sobrequés, escribió el pasado septiembre en el diario El Punt Avui la justificación de una “violencia resistencial” para alcanzar la independencia: “Sin una determinada acción violenta, en la versión a la que me he referido, Cataluña nunca conseguirá su liberación. Corresponde a los políticos definir el marco y los límites de la violencia con el Estado; de las formas de resistencia también violenta que será necesario ejercer”.

La deslegitimación de las instituciones del Estado subió de intensidad con las elecciones autonómicas de 2015, las que Mas convocó como un plebiscito: si la lista de Junts pel Sí ganaba, prometían proclamar la independencia en 18 meses. Para ello, el propio Mas pedía en enero subir las revoluciones: “Tenemos que poner el turbo de la ilusión hasta arriba. El motor de la ilusión nos llevará hasta la victoria final. El motor de la ilusión es el viento de popa que nos lleva a Ítaca. Llega la consulta definitiva para la libertad de Cataluña. Estamos acercándonos al momento más trascendente en 300 años”.

Aquel 2015 fue prolífico en mensajes dirigidos al sentimiento nacional, como el de Mas, en un mitin de Tarragona, donde pidió a la gente plantar cara: “Hay una cosa que no pueden detener, las ansias de democracia y de libertad del pueblo de Cataluña. No caigamos en la trampa del miedo. No somos gente sometida, no somos súbditos que simplemente bajan la cabeza. Somos gente libre y lo demostraremos”.

Promesa de emociones

2016 y 2017 son los años en los que el turbo se apretó al máximo. “Quien quiera emociones, las tendrá”, dijo el exdiputado de ERC Joan Tardà en una mesa redonda de 2016: “El momento crítico será el día en el que el Parlament vote la ley de transitoriedad jurídica. ¿Y qué harán? ¿Chapar el Parlament? Quizá será el momento en el que millones de personas tengan que ocupar las calles de forma pacífica”. La expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras aseguró en una manifestación de noviembre de aquel año: “A los catalanes y catalanas, después de 300 años, se nos ha acabado la paciencia”. Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, afirmó en el mismo acto: “El pueblo de Cataluña no falla nunca. Si os atacan a vosotros [a los políticos], atacan a todo un pueblo”.

“Llega el momento de la desobediencia grande, total”, añadió Lloveras en otro mitin, de 2017, para concienciar a los asistentes de las acciones inconstitucionales que se producirían en septiembre y octubre. El mantra era defender en la calle lo aprobado en el Parlament. “Llega un momento de máxima tensión”, dijo Cuixart en junio en una conferencia organizada por El Punt Avui, “será necesario un esfuerzo excepcional. La gente no ha fallado nunca. No será un camino de rosas. Deberemos sacar fuerzas de donde no las tengamos. La independencia se gana en las urnas, pero se defiende en la calle”.

El 1-O supuso el momento culminante de la normalización de la desobediencia, con más de dos millones de personas votando en un referéndum ilegal. Mas incidía públicamente en estrategias de enfrentamiento con la justicia y la policía: “Debemos tener un esquema de movilización organizada que ponga muy difícil al Estado impedir el referéndum o que sea enorme el coste que tenga que pagar para impedirlo”. El dirigente de la CUP Quim Arrufat había expresado en septiembre de 2016 que su partido buscaba con el 1-O “hacer entrar en contradicción antidemocrática al Estado español y que tenga que recurrir a algún tipo de fuerza legal o incluso de fuerza bruta”[…].

La influencia de la CUP en el Parlament ha sido determinante para que se impusiera la doctrina de la desobediencia. Los Comités de Defensa de la República (CDR) nacieron con el 1-O pero tuvieron una conceptualización previa, en marzo de 2017, por parte de Poble Lliure, una de las corrientes de la CUP: Poble Lliure proponía en un documento “el despliegue de Grupos de Defensa de la República”, “instrumentos de organización y de lucha más y más amplios”.

Desde octubre de 2018 y hasta los altercados recientes, los CDR, órganos autónomos formados por vecinos de municipios y barrios, habían liderado las actuaciones más contundentes del independentismo. En 2018 protagonizaron choques violentos con los Mossos d’Esquadra ante el Parlamento catalán. Torra les pidió que presionaran al Gobierno para proseguir con la independencia. Por aquellas mismas fechas fue filtrado un vídeo de Torra en unas fiestas populares en las que un grupo de jóvenes le preguntaba cuándo debía iniciarse “una revuelta”; “mejor que empiece con las sentencias [del Tribunal Supremo], ese es el momento”, respondió. “Querrá decir estar 15 días allí, pim pam. Esto dependerá de vosotros”, añadía el president con una sonrisa.

 

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