La Junta andaluza prevé gastar 46 millones en las ayudas de los ERE hasta 2021
El Ejecutivo (PP y Ciudadanos) intenta recuperar los 680 millones del fondo mientras paga las pólizas pendientes
La Junta de Andalucía (PP y Ciudadanos) prevé gastar 46 millones de euros entre este año y 2020 para pagar las ayudas sociolaborales de los ERE, las mismas del fondo de 680 millones que intenta reintegrar a sus arcas. El Ejecutivo autonómico, que cambió de manos hace un año tras 36 años de Gobiernos socialistas, ha incluido 23,5 millones en su Presupuesto de 2019 —aprobado con los votos de Vox— y 23 millones en el proyecto de Presupuesto de 2020, para abonar las pólizas de los trabajadores prejubilados entre 2000 y 2012. “El actual Gobierno andaluz asume los pagos vigentes porque está obligado a ello”, admite un portavoz de la Consejería de Presidencia.
La paradoja es que a pesar de que tanto su presidente, Juan Manuel Moreno (PP), como su vicepresidente Juan Marín (Cs), aseguraron que explorarán todas las vías para recuperar las ayudas de los ERE declaradas malversadas esta semana por la Audiencia de Sevilla, la Consejería de Empleo andaluza paga estas mismas prejubilaciones millonarias a través del Programa 31C a “extrabajadores andaluces, que por sus dificultades de acceso al mercado de trabajo, han necesitado de protección sociolaboral”, según la memoria de dicha partida. Al día siguiente del fallo de la pieza política que condenó a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y censuró toda su política de empleo, Moreno afirmó en una entrevista: “El objetivo es mover y remover cualquier obstáculo para recuperar el dinero”.
Como contraste, los jueces consideran en su fallo que estas ayudas fueron para las 77 empresas y no para los trabajadores. Hoy la mayoría de compañías se han extinguido, solo restan los prejubilados.
Ningún miembro del Ejecutivo ha mencionado la espinosa posibilidad de reclamar el dinero cobrado por los 6.000 prejubilados desde el año 2001, pero este extremo flota en el aire porque la Junta ya dispone de sentencias favorables a la devolución de las ayudas directas a empresas, las cobradas por los intrusos y las sobrecomisiones de los intermediarios por un total de 128 millones. El resto hasta los 680 millones, 552 millones, son las pólizas de los prejubilados de 77 empresas en crisis, considerados en su día por la justicia terceros de buena fe. No hay más dinero extra en el fondo que la Junta podría reclamar.
El Gobierno andaluz seguirá pagando estas prejubilaciones hasta 2025, fecha de la última jubilación prevista según el calendario firmado con las aseguradoras, que financiaron a la Junta los pagos a los trabajadores al quedarse sin liquidez en los años de vacas flacas, según fuentes de Empleo (Ciudadanos). “¿Dónde va el presidente de la Junta? ¿Qué quiere?, ¿que pongamos a miles de trabajadores en la puerta de San Telmo [sede del Gobierno andaluz]? No se puede engañar así a la ciudadanía. Tiene que haber garantía jurídica, estamos cansados”, protesta Manuel Jiménez, secretario general de la Federación de Industria de UGT.
Cuando una gran compañía industrial cerraba en Andalucía, la Junta intermediaba junto a los sindicatos para prejubilar a parte de la plantilla y ponía sobre la mesa el dinero para pagar las pólizas de los trabajadores entre 50 y 65 años. Una década después de los ERE, ya quedan pocos de los 6.000 prejubilados a sueldo de la Junta hasta su jubilación —que abona la Seguridad Social—, cifra que Empleo no facilita. “Muchos trabajadores están asustados y nerviosos, y aun perdiendo dinero, se han jubilado a los 63 años para depender del Gobierno central y no de la Junta, por su inseguridad”, revela Manuel Jiménez, secretario general de Industria de UGT.
Luis de Jesús, jerezano de 62 años, fue oficial de máquinas y herramientas en la fábrica de Delphi hasta que fue prejubilado en el ERE de 2009 y 2010 tras renunciar al 40% de su indemnización y hoy percibe 1.800 euros al mes. “¿Cómo va a pedir nuestro dinero la Junta? Sería una ruina. Está claro que somos unos números, pero eso fue una medida sociolaboral que ahora no pueden anular”, lamenta. Joaquín Rodríguez, supervisor de producción prejubilado en el mismo ERE con 1.900 despedidos y 700 prejubilados, se queja: “A mí no me gusta estar en mi casa, perdí ilusiones y sueños, pero de la Bahía de Cádiz se han llevado toda la industria después de Delphi”.
Dos años después de destaparse en los juzgados el caos que había reinado en las ayudas de los ERE, la Junta puso orden con el Decreto Ley 4/2012 que convalidó el Parlamento andaluz con la abstención del PP para seguir pagando las prejubilaciones. Y debido a ese aval parlamentario y al fracaso en pleitos de lo Contencioso Administrativo, donde los jueces han tumbado los intentos de la Junta para dejar de pagar ciertas prejubilaciones de pólizas dudosas, el Ejecutivo parece abocado a seguir pagándolas un lustro más. “La gente actuó de acuerdo con la legalidad vigente en su momento, y ahora el PP y Ciudadanos quieren reclamar”, critica José Manuel Moreno, secretario general de Industria en CC OO.
En 2012 la Junta calculó que el fondo de los ERE -dotado con 680 millones- costaría, debido a la refinanciación de la deuda con las aseguradoras y los intereses de demora acumulados, casi el doble: 1.217 millones.
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