Ávila eleva a 17 millones el fraude de los ERE y a 241 los presuntos implicados

El Gobierno andaluz revisa la concesión de ayudas directas por 106 millones. Tras un año y medio de investigación, las cifras del fraude de los ERE. empiezan a florecer. La Junta de Andalucía estima que los intrusos (prejubilados ajenos a las empresas beneficiadas) han causado un perjuicio a las arcas públicas de 17 millones como máximo. Han sido 196 personas que cobraron pólizas de prejubilación sin que les correspondiera y otras 45 personas que están siendo investigadas por el Ejecutivo autónomo. Sin embargo, de momento las arcas públicas no han recuperado ni un solo euro debido a las garantías del proceso, que permite presentar alegaciones a estos polizones.

Antonio Ávila, consejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ofreció ayer las cifras durante su comparecencia en la comisión de investigación parlamentaria sobre un fondo dotado con 647 millones pero que finalmente ha costado 1.217 millones debido a la refinanciación de la deuda y los intereses de demora acumulados. Ahora la Junta intenta recuperar parte del dinero mal entregado, y junto a los 17 millones de los intrusos, la Administración revisa 106 millones concedidos a empresas, Ayuntamientos, fundaciones privadas y universidades a través de 191 ayudas directas. Solo siete de estas subvenciones están próximas a ser devueltas tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo andaluz. De no haberse detectado a tiempo el fraude, los intrusos habrían cobrado otros 15 millones ya comprometidos y las empresas, 29 millones.

Ávila quitó hierro al escándalo y resaltó que, durante los 10 años investigados (2001-2010), 81.464 trabajadores andaluces se vieron afectados por expedientes de regulación de empleo; el 7,9% de estos ERE fueron subvencionados y solo presentan irregularidades el 0,29% del total. “Hay una injusta criminalización del instrumento”, dijo Ávila sobre los ERE.

Ante las denuncias de la portavoz de IU Alba Doblas por el sistema “chapucero” que instauró la Junta y permitió el fraude, el consejero incidió en la defensa de todos los altos cargos socialistas ante la comisión: el procedimiento no se diseñó para desviar fondos públicos, como sostiene el PP, y el problema fue la decisión de ciertas personas de “saltarse el procedimiento”. Eso sí, admitió la ausencia de norma que regulara la concesión de ayudas, basadas en un convenio marco firmado en 2001, que permitía a la Consejería de Empleo conceder subvenciones sin que la agencia pagadora Idea revisara los mismos.

Tras Ávila compareció ante la comisión el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez para aclarar la fiscalización del gasto que ejerció su departamento sobre las ayudas. Hasta 15 errores e incumplimientos detectó la Intervención General durante los informes que analizaron el fondo entre 2005 y 2008. “No he visto un caso como este”, destacó el ex alto cargo. La clave está en que los interventores analizaron los pagos ejecutados por Idea pero los convenios se firmaban y conservaban en Empleo. La Intervención alertó de que el sistema incurría en irregularidades, aunque sin identificar un menoscabo de fondos públicos. Pero el aviso fue claro y ayer Gómez lo expresó de manera gráfica: “Si su vecino le advierte a voces por la ventana de que hay llamas en el extractor, ¿usted llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino le confirmara la noticia por carta?”.

En otro momento, añadió: “Nosotros lo advertimos y quien tenía que tomar decisiones no las tomó; lo que resulta irónico es que quien no tomó decisiones ahora se queje de que no fue advertido”. Gómez se refería a las excusas dadas ante la comisión por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y su predecesor, el diputado a Cortes José Antonio Viera. Ambos alegaron la semana pasada que la Intervención General nunca emitió el informe de actuación que habría alertado de un código rojo sobre menoscabo de fondos públicos. Pero ayer Gómez aclaró que nunca existió tal posibilidad porque lo prohibía el reglamento, dado que el organismo analizado era la agencia Idea.

El exinterventor aclaró que el sistema ideado fue legal, ya que las transferencias de financiación (el instrumento de pago) tienen rango de ley. Gómez no aclaró si los informes llegaron al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, cuando fue consejero de Economía y Hacienda, tal y como estaba establecido. A pesar de que Griñán ha negado la mayor, Gómez subrayó cómo las modificaciones presupuestarias se fueron corrigiendo hasta desaparecer con el tiempo.