Unos 6.000 prejubilados dejan de cobrar por la deuda de la Junta

Un millar de prejubilados se echó ayer a la calle tras constatar que no han cobrado la paga del mes de julio. Los afectados, trabajadores de unos 60 años que viven de prestaciones acordadas con la Junta por sus despidos, ocuparon las delegaciones del Gobierno andaluz en Sevilla, Huelva, Cádiz, Jaén y Córdoba. Si el jueves no han cobrado, volverán a manifestarse, según anunció CC OO, responsable de la movilización.

El conflicto, que no es la primera vez que se produce, ha surgido después de que la aseguradora Generali, encargada de gestionar las prejubilaciones, suspendiera los pagos pendientes al no recibir los fondos necesarios de la Junta de Andalucía. Son trabajadores de empresas como Santana, Delphi, Altadis, Calderinox o Pickman entre otras que reciben entre 1.000 y 1.600 euros al mes más la parte correspondiente para que paguen a la Seguridad Social hasta la jubilación.

“Son casi rentas de subsistencia y cualquier retraso les causa un tremendo perjuicio”, advirtió Enrique Jiménez, de la federación del metal de Comisiones Obreras. Su compañero de la organización agroalimentaria, Antonio Periáñez, que participó en el encierro de Sevilla, añadió que, para evitar que se vean afectadas las futuras prejubilaciones, muchos tienen que “tirar de los pocos ahorros o de familiares” para pagar a la Seguridad Social.

La Junta volvió a comunicar ayer la inminente solución del conflicto, pero los trabajadores desconfían porque eso había asegurado el pasado viernes. Ante el incumplimiento, y de improviso, los prejubilados respondieron al llamamiento a la movilización en cuestión de horas. “Están disponibles, no tienen trabajo ni se van de vacaciones y tienen economías muy básicas, por lo que son muy ágiles para protestar”, comentó Periáñez a modo de advertencia a la Junta de Andalucía.

El impago a la aseguradora que tramita las pagas tiene un doble origen, según explicó el representante de la federación de Agroalimentación. Por una parte, la intervención, después del caso ERE, en el que se han puesto de manifiesto irregularidades en expedientes de regulación de empleo, es muy exigente en la fiscalización del dinero, los plazos y procedimientos.

Estas reticencias ya se han superado, pero se ha sumado ahora un problema de liquidez. Generali, según el sindicato, está dispuesta a negociar cantidades y plazos, pero ayer no había recibido una respuesta satisfactoria para hacer efectivas las pagas pendientes. El sindicato calcula que podría haber unos 6.000 afectados por esta situación.