El Consultivo avala las ayudas a los 6.000 prejubilados de los ERE

El dictamen respalda al Ejecutivo para reclamar solo 73 de los 647 millones

Protesta de prejubilados de Santana por los impagos de la Junta el pasado verano.
Protesta de prejubilados de Santana por los impagos de la Junta el pasado verano. JULIÁN ROJAS

El Consejo Consultivo ha echado un capote a la Junta en el caso de los ERE. El órgano considera que el Ejecutivo no está obligado a pedir a los 6.000 prejubilados que perciben pólizas pagadas con fondos públicos la devolución del dinero. Es decir, el Consultivo da cobertura jurídica a la decisión de la Junta de no reclamar la inmensa mayoría del fondo (que fue destinado a pagar prejubilaciones) aunque estas ayudas sean declaradas nulas.

La patata caliente de reclamar el dinero a los prejubilados, que de manera periódica protestan por los impagos de la Junta, fue obviada durante la pasada campaña electoral y desde entonces la Junta ha evitado pronunciarse al respecto. El problema radica en que esos fondos públicos también fueron concedidos por el ex director general Javier Guerrero, al igual que las ayudas directas a empresas, cuyo importe (73 millones de los 647 con los que estuvo dotado el fondo de los ERE) sí reclama el Ejecutivo. Y a pesar de que las ayudas sociolaborales para los ERE son considerados nulas por la Junta y el Consultivo, la primera considera que debe cerrar el expediente de reintegro abierto para la devolución del dinero, y el segundo que debe primar “la seguridad jurídica y la confianza legítima de los ciudadanos respecto de los actos firmes de la Administración”.

El dictamen que será previsiblemente la guía para el órgano a partir de ahora, ya que este mes debe decidir sobre más de 50 ayudas concedidas por Empleo entre 2001 y 2010, es la ayuda concedida a la empresa malagueña Hitemasa. La firma textil recibió de Empleo 15,9 millones para abonar las pólizas de 213 trabajadores prejubilados en 2001. Y a través de dicha póliza el intermediario imputado Juan Lanzas, recibió junto a su esposa al menos 360.000 euros. Pero el Consultivo estima que la inclusión de intrusos no debe condicionar el dictamen de la ayuda y cómo fue concedida esta.

El órgano con sede en Granada se ha pronunciado hasta ahora sobre ocho ayudas directas a empresas, todas ellas declaradas nulas y que supondría la devolución de 1,1 millones para la Junta. Entre estas primeras ayudas analizadas por el Consultivo se encuentra la del Ayuntamiento de Puebla del Río (Sevilla). La de Hitemasa es la primera ayuda sociolaboral que implica el pago de una póliza y prejubilaciones.

El Consultivo argumenta que el “largo tiempo” transcurrido (“más de 10 años”) y los principios de “seguridad jurídica” deben primar en la ayuda de Hitemasa para archivar el procedimiento de revisión de oficio abierto por la Junta el pasado marzo, tal y como pidió la propia Administración.

Eso sí, la resolución, cuya ponente ha sido Carmen Sáez, ha contado con un voto particular de dos consejeros propuestos por el PP, Francisco Gutiérrez y José Antonio Sánchez Galiana, que estiman que “la vía utilizada constituye un coladero para las numerosas irregularidades cometidas” y que puede impedir que la Administración recupere el dinero defraudado. Los consejeros son muy críticos con el dictamen: “El Consejo debería haber devuelto el expediente a la Administración, sin entrar en el fondo del asunto, para que se diera audiencia a todos los interesados, y a la luz de sus manifestaciones (...) que el viceconsejero de Empleo elaborara una nueva propuesta de resolución”. El voto discrepante abunda: “Pese a existir un motivo claro de nulidad, se decide no anular dichas actuaciones y archivar el expediente de revisión (...) Resulta paradójico que una Administración incoe un expediente de revisión de oficio por iniciativa propia y sin que ningún interesado haya alegado nada, decida traer a colación el artículo 106 [sobre la nulidad] que le impediría llevarla a cabo”. De esta forma, el Consultivo se incorpora en cierto modo a la guerra política sobre el fondo de los ERE, al igual que ha sucedido con la Cámara de Cuentas.

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“A pesar de constatar el vicio de nulidad, el legislador hace valer la seguridad jurídica y la buena fe de los prejubilados. En todo supuesto donde se den circunstancias similares, el Consejo debería operar de igual forma, aunque hay que acotar caso por caso en cada expediente”, matizaron fuentes del Consultivo sobre los próximos dictámenes que afecten a los expedientes de los ERE. La Junta tiene abiertos 189 procedimientos de reintegro a las empresas y para todas ellas necesita que el Consultivo se pronuncie sobre la legitimidad de las ayudas, a menudo con escasez de documentos que amparasen la concesión de dinero.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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