Las defensas de los ERE recurren a los 6.000 prejubilados en su estrategia

Hay un melón que nadie abre en el caso ERE. Los protagonistas del escándalo hablan sotto vocede este peliagudo aspecto, porque a casi nadie beneficia que se airee. Sin embargo, trasciende poco a poco, puesto que representa la punta de lanza de las numerosas contradicciones que encierra este caso: si existe una supuesta malversación de fondos públicos, ¿no debería reclamarse ese dinero a los 6.096 prejubilados que lo cobraron para restituirlo a las arcas de la Junta?

La cuestión es espinosa, pero sobre todo tremendamente impopular. La Junta ya dejó claro que considera a estos extrabajadores terceros de buena fe, ya que al margen de los intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas), estima que los miles de prejubilados han percibido pagas sin ningún vínculo con el fraude detectado. Pero no solo la Junta, que sigue pagando hoy día 38 pólizas para que los exempleados sigan cobrando. Tampoco la juez instructora Mercedes Alaya ni la Fiscalía Anticorrupción estiman, de momento, necesario reclamar ese dinero a los prejubilados, pese a que consideran que ha sido malversado. ¿Es posible mantener esa aparente contradicción?

En casos mediáticos como los papeles de Bárcenas o Nóos, la instrucción ha estimado que se debe requerir el dinero a los terceros beneficiados, aunque ignoraran la comisión del delito. En esta última causa, la fiscalía comparte el criterio del juez José Castro sobre la aplicación preceptiva del artículo 122 del Código Penal, que obligaría a la infanta Cristina a devolver el dinero que supuestamente ha malversado su marido.

Asimismo, el juez Javier Gómez Bermúdez entendió que el PP podría resultar responsable civil de los manejos de su exsecretario Luis Bárcenas al beneficiarse de los donativos de empresas adjudicatarias de contratos públicos, como tercer partícipe. “El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”, reza el artículo. El Supremo ha fijado que aprovecharse de los efectos de un delito, aunque se desconozca su procedencia, debe implicar su devolución. Anticorrupción solo ha subrayado el 122 en una ocasión: 42.376 euros percibidos por la federación de cooperativas Faecta.

La Junta ya dejó claro

La pregunta es cuándo, porque la petición del reintegro a los 6.096 prejubilados puede venir por parte de la fiscalía o de la juez en la fase de instrucción, pero también ambos pueden dejar de lado esta patata caliente y pasarla al tribunal, siempre en caso de que exista condena por malversación de fondos públicos. De momento, varias defensas han llamado la atención sobre el asunto. “Si a estas alturas de la instrucción no ha optado por tan drástica medida solo puede deberse a que no asume que las ayudas sociolaborales incluyan el delito de malversación”, se queja la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, en su recurso a la fianza civil impuesta por Alaya de 29,5 millones.

La dirigente protesta porque considera la medida “punitiva”, ya que ella asegura con sus bienes la devolución de una supuesta malversación, pero el grifo de los pagos sigue abierto para los prejubilados. Cuando hace dos años se produjo un retraso de varios meses en estos pagos, los prejubilados protestaron en varias provincias y a las puertas del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. El atasco en los pagos se solucionó.

El Gobierno andaluz

No hay duda de que la petición de reintegro es muy peliaguda: “Un juez no se atreve a dictar una medida cautelar que perjudique a 6.000 personas. Lo cómodo es quedarse quieto (…) Si es condenado por malversación, el político puede poner una demanda civil contra los prejubilados al alegar que él no se ha quedado con el dinero, sino que fue para ayudas sociolaborales”, dice el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, Borja Mapelli.

De fondo late la naturaleza de las ayudas sociolaborales, que la instrucción considera ayudas para las empresas y la Junta defiende que son para los trabajadores. Bajo esta última premisa, el Gobierno andaluz ha evitado las reclamaciones de los fondos desde Bruselas por intervencionismo en el libre mercado, al alegar que los beneficiarios eran los trabajadores, indemnizados con una suma que equivale a 80 días por año trabajado, un extra que la Junta abonó con extrema generosidad.

500 millones de los fondos se destinaron a compañías que

“Cada situación fáctica es un mundo”, resumen fuentes del caso sobre la disparidad de criterios que la instrucción aplica a las empresas, cuyos expedientes analiza la Guardia Civil. “¿Por qué las pólizas son un paquete completo que incluye las indemnizaciones que paga la empresa a los trabajadores y el pago a la Seguridad Social? Me hace sospechar que las empresas no pagaban su parte y finalmente la Junta lo pagaba todo”, se pregunta el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla Jesús Cruz Villalón.

En ese contexto Alaya reclamó el pago completo del ERE a la firma Surcolor. “¿Por qué los agentes no abordan el expediente de Altadis o Heineken, dos multinacionales solventes, para asegurarse la devolución?”, interrogan estas fuentes. La gran paradoja es que del fondo de los ERE que abarca 721 millones, más de 500 millones corresponden a empresas ya desaparecidas como Delphi, Santana Motor o Faja Pirítica. Esto es, en caso de que existiera condena y prosperaran las reclamaciones dirigidas contra las compañías, muchas no servirían para nada porque se ha extinguido la personalidad jurídica y no habrá a quien reclamar lo malversado.

Por otra parte, mientras la Junta legitimó los pagos de las ayudas mediante un decreto de 2012, su servicio jurídico que ejerce la acusación ha pedido declarar como responsable civil subsidiaria a algunas de estas empresas como Mercasevilla en el ERE de 2003. “La Junta en cuestiones políticas hace lo contrario que sus letrados, y el ejemplo más claro es el expediente de revisión de Hitemasa con los pagos reclamados de Juan Lanzas”, censura el letrado que ejerce la acusación del PP, Luis García Navarro.