Sánchez avisa de que no consentirá la violencia y Torra condena finalmente los altercados

El clima de excepcionalidad que soportan desde hace dos años los catalanes —sean o no independentistas— se le suma desde el lunes un aluvión de protestas con una virulencia inusitada. Los medios de comunicación lanzan al minuto listados interminables de carreteras cortadas y balances de detenidos, destrozos y heridos. Hay una violencia contra la policía y sus consiguientes cargas que no se veía desde hacía años. Pese a esta situación, el presidente catalán, Quim Torra, se resistió hasta bien entrada la noche del miércoles a condenar de forma explícita estos actos. Y antes de hacerlo, optó durante la jornada por volver a ponerse al frente de las manifestaciones contra las largas penas de prisión dictadas contra los líderes del procés. Ante esa resistencia a condenar la violencia, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, anunció en La Moncloa “firmeza, unidad y proporcionalidad”; exigió una condena “tajante, contundente” a Torra y advirtió de que la respuesta de su Gobierno estará “en función de la actitud y las decisiones” de los líderes catalanes.

“No consentiré que la violencia se imponga a la convivencia”, enfatizó Sánchez, a la misma hora que contenedores y una decena coches ardían en la calle en el mismísimo centro de Barcelona. También se sucedieron graves altercados en Girona, Lleida y Tarragona. En total, hubo al menos 20 detenidos y 52 asistidos por los servicios sanitarios.

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Torra no está, de momento, por la labor. El president parece empeñado en que la oleada de protestas generadas tras la sentencia del Tribunal Supremo se convierta en el “momentum” que viene invocando desde hace meses, una suerte de palanca para romper definitivamente con España. Y poco le importa que la cifra de catalanes que apuestan por esta vía no alcance ni el 10%, según las encuestas de su propio Govern. Con todo, Torra se topó de bruces con la realidad de que ni siquiera la mayor parte de su Ejecutivo se halla alineado con él. Muchos de sus consejeros, comenzando por el vicepresidente, Pere Aragonès, de ERC, fueron mucho más explícitos que él al condenar unos incidentes que anoche volvieron a las calles de Barcelona con gran virulencia.

Finalmente, Torra optó por desmarcarse de la violencia en un escueto mensaje televisado pasada la medianoche y sin admitir preguntas de los periodistas. “El movimiento independentista no es ni ha sido violento. Siempre hemos condenado y condenamos la violencia”. Eso sí, a continuación optó por intentar desvincular a los independentistas de los disturbios que se llevan viviendo en Cataluña tres noches consecutivas. “No podemos permitir que grupos de infiltrados y provocadores destruyan la imagen del independentismo; no podemos caer en la trampa”, sostuvo.

Muchas horas antes que Torra habían condenado los actos tanto su vicepresidente como los líderes del procés que se encuentran encarcelados. Aragonès lanzó un mensaje pidiendo defender a “nuestros ciudadanos y a nuestras instituciones", además de desmarcarse de los violentos. Horas después, insistió: “El Gobierno de Cataluña hace una llamada a la calma, a la serenidad y a la responsabilidad de todos”.

Disturbios en Cataluña

En el caso de los presos su mensaje fue unánime también en las redes sociales poco después de las 10 de la mañana. “Todo el apoyo a las movilizaciones y a las marchas masivas y pacíficas. Ninguna violencia nos representa”. Este comunicado cobra especial relevancia, ya que Torra había visitado a los presos apenas horas antes y, a la salida, había asegurado que estaban alineados con las movilizaciones en marcha.

El mismo clima enrarecido que se respira en las calles se aprecia en el seno del Govern. “En la Generalitat hay una auténtica batalla campal”, resume una fuente de Junts per Catalunya, la formación de Torra. El grueso de consejeros, no solo los de ERC, creen que hay que parar como sea la escalada violenta, pero nadie se atreve a contradecir públicamente al president, especialmente en un momento en el que el ruido de la calle sigue impidiendo un debate sereno en las instituciones. “A la que te desmarcas de según qué protestas te zurran por todas partes”, resume una dirigente independentista.

Añade incertidumbre la complicada gestión de la calle. Los Mossos están en el ojo de las protestas de los secesionistas por sus cargas contra los manifestantes. Una reunión de urgencia celebrada por la mañana entre el consejero de Interior, Miquel Buch, y Torra disparó todas las especulaciones sobre una eventual dimisión del responsable autonómico de la seguridad. No solo no lo hizo, sino que por la tarde compareció para defender la actuación policial. “Es intolerable la imagen que vimos el martes con más de 250 incendios, barricadas, escenas de violencia y más de 200 personas heridas”, resumió antes de advertir de que los Mossos volverán a cargar si las manifestaciones cruzan de nuevo las líneas rojas.

Con todo, Buch sabe que cuenta con pocos apoyos. Sin ir más lejos, ERC pidió explicaciones por la actuación policial pese a la defensa que horas antes había hecho Aragonès. Y son varios los consejeros de Junts per Catalunya que critican la incomprensión que genera llamar a movilizarse para enviar después a la policía.

Choque en plena campaña

Mientras en Cataluña el independentismo mostraba sus contradicciones internas, en Madrid empezaba con mal pie el intento del Gobierno por lograr una respuesta unitaria de los cuatro grandes partidos (PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos) frente al agravamiento de la situación. La cercanía de las elecciones parece hacer inviable cualquier intento de unidad.

Sánchez convocó a los otros tres líderes por separado con la idea de compartir el análisis y las posibles decisiones. Pero no tenía nada que negociar con ellos, porque La Moncloa no ve condiciones para tomar ninguna medida extraordinaria como la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana o del artículo 155 de la Constitución porque insiste en que la coordinación entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra está siendo impecable. “Seremos serenos y firmes. Vamos a modular la respuesta en función de actitud de los responsables políticos de la Generalitat. Torra tiene el deber político y moral de condenar sin excusas la violencia”, sentenció Sánchez tras la ronda de consultas.

Esta decisión de no tomar ninguna medida extraordinaria —de momento— llevó a los dos principales líderes de la oposición de centroderecha, Pablo Casado y Albert Rivera, a meter presión al Ejecutivo. El presidente del PP pide la utilización ya de la ley de seguridad e iniciar los trámites para el 155; mientras que el de Cs reclama aplicar ya esta segunda medida para destituir inmediatamente a Torra porque “la gente en Cataluña tiene miedo”. Y también que se envíen muchos más policías. Interior anunció que este jueves habrá 200 agentes más.

Ese choque se produjo en un ambiente de precampaña, con los socialistas criticando el “electoralismo de la oposición”. Mientras, Iglesias, que había sido duro con Sánchez en los días pasados por descartar el indulto, fue el que más rebajó el tono y ofreció apoyo al Gobierno sin exigencias. Iglesias dijo que la impresión que se llevó de la cita es que Sánchez no está pensando en “medidas extraordinarias” porque en su opinión no están justificadas. El Gobierno, por su parte, aseguró que “no descarta ningún escenario”, pero ante los tres líderes no apuntó ninguna decisión drástica.

El más duro, contra pronóstico, fue Casado, en un tono muy diferente al de los últimos días. “Al presidente le ha sobrepasado su imprevisión”, llegó a decir.

El Gobierno explica que tomaría medidas en caso de que los Mossos no fuesen capaces de controlar la situación o no funcionara la coordinación, algo que no está sucediendo, sino todo lo contrario. La unidad en este momento está lejos, y Sánchez tiene dos ofertas: el centroderecha le promete apoyo, pero solo si toma medidas más duras. Y en la izquierda, Iglesias le plantea su respaldo para “colaborar en las iniciativas que vayan en la dirección del diálogo y la desinflamación del conflicto”.

La campaña y la posibilidad de que esta situación excepcional influya en el ánimo de los electores y pueda decantar el 10-N estaba en muchas de las declaraciones. De hecho, el Gobierno y el PSOE salieron rápidamente a atacar a Casado. “Le pedimos a Casado que el compromiso de Estado sea verdadero, y eso implica apoyar al Gobierno, que no haga electoralismo, como hicimos nosotros en su día”, aseguró la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. La campaña, como estaba previsto, ha quedado prácticamente en suspenso: la crisis catalana monopoliza el debate. A poco más de tres semanas del voto, un error en esta cuestión puede ser fatal.