España Global se enfrenta al independentismo en el Supremo

El Gobierno defiende en los tribunales la labor de España Global frente a las quejas independentistas. La Abogacía del Estado se ha dirigido al Tribunal Supremo para rechazar la denuncia de tres de los encausados en el juicio al procés —Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez—, que reclaman que este organismo, cuyo cometido es mejorar la reputación internacional del país, retire un documento elaborado el pasado agosto sobre el proceso independentista en Cataluña.

El texto de la Abogacía, al que ha tenido acceso EL PAÍS, rechaza que la exigencia de los tres dirigentes separatistas, que están en prisión a la espera de sentencia, tenga cabida en el proceso penal; y argumenta que España Global ha decidido actuar por “la existencia de campañas de desinformación e intoxicación sobre el proceso secesionista catalán que se han desplegado contra España en el exterior”. El informe legal defiende esa publicación como “ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado”.

El documento sobre el secesionismo, elaborado por el departamento que dirige Irene Lozano, irritó a los independentistas, que entendían que algunas de las afirmaciones del texto vulneraban la presunción de inocencia de los líderes en prisión preventiva. Como muestra de su rechazo, Rull, Turull y Sànchez recurrieron al Supremo para que España Global retirara el documento, titulado La realidad sobre el proceso independentista. La expresión “asedio tumultuario”, referida a los incidentes ocurridos ante la Consejería de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017; la constatación de que hubo policías heridos —además de manifestantes— el día del referéndum ilegal del 1-O y la inclusión de una encuesta que revela más apoyo al independentismo cuanto mayor es la renta de la población constituyen algunos de los elementos más controvertidos.

De momento, la causa está en fase de requerimientos previos. La principal objeción de la Abogacía es la vía penal emprendida por los independentistas para dirimir el caso. Los servicios jurídicos del Estado consideran que no se puede requerir penalmente la retirada del informe, que España Global concibió como una especie de manual de instrucciones para contextualizar la inminente sentencia al procés. Además, el escrito niega que su contenido vulnere la presunción de inocencia de los presos preventivos. Y concluye que la petición de eliminar el texto del Gobierno busca “limitar o restringir la capacidad de actuación de la Administración General del Estado”.

La respuesta de la Abogacía, presentada el pasado 19 de septiembre ante la Sala Segunda del Supremo, pide la inadmisión de la causa y justifica las actuaciones de España Global en que “se han producido sistemáticos ataques en el exterior, procedentes, impulsados o financiados por representantes del movimiento independentista contra la Constitución”.

Preguntado por estas diligencias, un portavoz de España Global encuadra las denuncias independentistas en una estrategia más amplia: “El intento por censurar nuestro trabajo no es nuevo. Otra de las personas juzgadas por el Supremo, Jordi Cuixart, amagó con denunciar a la secretaria de Estado por vulnerar, supuestamente, su presunción de inocencia. Algo que, por supuesto, jamás ha estado en su ánimo”, señalan. El portavoz se refiere a una demanda por difamación que el presidente de Òmnium anunció tras una entrevista de Lozano en la BBC en la que habló de delitos cometidos por los independentistas sin usar la palabra “presuntos”. La demanda no llegó a materializarse.