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Sabotajes, explosivos y el asalto al Parlament: los planes de los CDR que investiga el juez

El magistrado revela en sus autos que los detenidos empezaron a actuar en diciembre e implica a un organismo de la Generalitat

Operacion Judas
Agentes de la Guardia Civil, durante un registro de la Operación Judas.

Los autos con los que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón envió el pasado jueves a prisión a los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que presuntamente habían creado el nuevo grupo terrorista Equipos de Respuesta Táctica (ERT) revelan datos desconocidos sobre la campaña de sabotajes y atentados que preparaban. El magistrado vincula también a este grupo con dos acciones previas en las que supuestamente participaron para ensayar las técnicas que iban a utilizar.

Los altercados de diciembre. El documento judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, revela que la primera de esas actuaciones preparatorias tuvo lugar el pasado 21 de diciembre, durante la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona. Aquel día, los CDR —a los que pertenecían los arrestados aunque criticaban por lo que consideraban su inacción— cortaron desde primera hora una decena de carreteras y los principales accesos a Barcelona. Hubo 13 detenidos. Según el magistrado, en aquella jornada los ahora encarcelados pusieron “en práctica” la formación que sus integrantes habían adquirido “en cuanto al empleo de teléfonos clandestinos” o a la posibilidad de asegurar las comunicaciones, además de “uso de lenguaje convenido y utilización de walkie talkies” para comunicarse entre ellos.

Aceite en la carretera. El magistrado también adjudica a cuatro de los arrestados un sabotaje que se produjo mes y medio después, el 1 de febrero pasado. Aquel día, Xavier Duch, Jordi Ros (señalados ambos por la investigación como los presuntos cabecillas del ERT), Eduard Garzón y David Budria “participaron en un acto delictivo que consistió en el derrame de gran cantidad de aceite en la calzada de la carretera C-55, sin previo aviso, al paso del convoy que trasladaba a los políticos presos del centro penitenciario de Lledoners a Madrid” para iniciar el juicio del procés. El juez recalca que aquella acción “generó un grave riesgo para la seguridad vial y, por ende, para las personas que circulaban por la citada carretera”. Dos de los ahora encarcelados, Garzón y Budria, fueron imputados por un juzgado de Manresa (Barcelona) por desórdenes por aquella protesta.

El Parlament y el 'CNI catalán'. El magistrado destaca la existencia en el sumario de conversaciones telefónicas entre los implicados intervenidas “en las que se habla de la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña” el día que se conociera la sentencia del procés, prevista para la primera quincena de octubre. García-Castellón asegura que con esta acción, los integrantes de los ERT pretendían “subvertir el orden constitucional”. En estos preparativos, el escrito judicial implica al denominado CNI catalán, en referencia al Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat).

Este organismo de la Generalitat, creado por el Govern en 2009 con la finalidad de dar seguridad a las telecomunicaciones de las instituciones catalanas, ya apareció durante la investigación judicial del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Ahora, el juez lo señala como el supuesto muñidor del plan de ocupación del Parlament, que presuntamente habían “asumido” los ERT, “implicados en varias de las iniciativas que conformarían dicho plan”. El juez detalla que las intervenciones telefónicas a los arrestados demuestran que Xavier Duch, uno de los supuestos cabecillas del grupo, no solo tuvo conocimiento de tales planes, “sino que habría mostrado de manera expresa su plena disposición a participar en el asalto al Parlamento [de Cataluña]”.

Una autopista y torres. En otra conversación intervenida por orden judicial, uno de los encarcelados, Jordi Ros, apremia a Duch a “empezar a mover las cosas porque las noticias avanzan desfavorablemente”, en referencia a la próxima sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. Según fuentes policiales, el grupo planeaba colocar explosivos en puntos clave de la autopista de peaje AP-7 para obligar a los Mossos a cortar esta vía y provocar un caos circulatorio. También proyectaban inutilizar torres de telefonía y suministro eléctrico con artefactos. Para ello, los integrantes de los ERT habían adquirido diversos precursores de explosivos: ácido sulfúrico, parafina, polvo de aluminio, decapante industrial y nitrato de amonio. También se les intervino termita, una composición pirotécnica con la que se pueden incrementar los daños de los artefactos.

Comisarías y cuarteles. Los investigadores localizaron en poder de los detenidos una imagen aérea tomado de Internet del cuartel de la Guardia Civil en Canovelles, un municipio barcelonés de 16.000 habitantes, en la comarca del Vallès Oriental. Los agentes sospechan que los miembros de los ERT habían elegido este edificio para colocar un pequeño artefacto explosivo por lo simbólico de su forma: un tricornio. Además, los agentes han localizado en los teléfonos móviles de algunos arrestados fotografías de comisarías de los Mossos d’Esquadra y de patrullas de este cuerpo policial. Junto a ellas, también han aparecido imágenes de imágenes de instalaciones de la Policía Nacional en Cataluña, según fuentes de la investigación.

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